Por: Comunicaciones CR2

En febrero de 2025, la Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe sobre los avances de los planes regionales y comunales, evidenciando su atraso. “A octubre de 2024, de las 16 regiones de Chile solo cuatro contaban con su Plan de Acción Regional aprobado, lo que les permitirá impulsar e implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para enfrentar y abordar los efectos adversos que genera en sus territorios”, señala el texto.

Respecto a esta situación, la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, Cecilia Ibarra,  confirma que existe un atraso, especialmente en los planes de acción comunal. “El diagnóstico que hay, es que es una carga pesada para las comunas, porque no tienen, ni los recursos, ni las personas para poder enfrentar este desafío y hacerse cargo de la acción en sus comunas”, plantea.

La investigadora destaca que es justamente en las comunas, donde finalmente se toman las acciones que más importan a las personas y que más las afectan, sobre todo en cuanto a la adaptación y el hecho de estar preparadas y preparados para los impactos que va a tener el cambio climático en su territorio y estilo de vida.

Medidas para cumplir con la Ley Marco sobre Cambio Climático 

El académico de la  Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e investigador CR2, Antoine Maillet, coincide en que ha habido un lento avance de los planes de acción regionales y comunales para el cambio climático y al respecto, plantea una serie de medidas:

1. Apropiación del PACCC por parte de los municipios, ya que es posible, que estos planes sean percibidos como una exigencia impuesta desde el nivel central, con una utilidad práctica, “que no es del todo evidente, particularmente para aquellos municipios que carecen de experiencia previa en la planificación ambiental y climática, lo que se traduce en una baja apropiación municipal, dificultando su diseño e implementación efectiva”, indica Maillet.
2. Monitorear las brechas en capacidades y recursos municipales, ya que este proceso da cuenta de las diferentes variables que interactúan de forma no lineal en su desarrollo, como voluntad política, capacidades técnicas, recursos financieros, experiencia en desarrollo de iniciativas ambientales previas y participación en redes colaborativas.
3. Claridad institucional en la aplicación de sanciones. Un reciente dictamen de la Contraloría General de la República (N° E74165) ha determinado que la Ley Marco sobre Cambio Climático no establece con claridad qué institución es responsable de instruir el procedimiento para determinar el incumplimiento en la elaboración de los PACCC.

Antoine Maillet

“Esto revela que tampoco se ha determinado cual es la institución que debe aplicar la sanción a los alcaldes y alcaldesas. Esta indefinición legal debilita la implementación de una ley, que de por sí, ya presenta un nivel de incumplimiento significativo, con al menos un tercio de los municipios del país sin registrar avances en la formulación del PACCC”, advierte el investigador del CR2, Antoine Maillet.

4. Conexión entre la planificación climática regional y la comunal: Actualmente, muchos municipios se encuentran elaborando los PACCC, en un contexto en que los Gobiernos Regionales aún no han terminado de desarrollar los Planes de Acción Regional de Cambio Climático. Esta situación puede afectar la coherencia y generación de sinergias entre ambos niveles de planificación, derivando en posibles incongruencias que afectan el potencial de acción climática.

“Es vital que los planes sectoriales se empiecen a ejecutar y también se complementen con los planes regionales y comunales, de forma que todos estos instrumentos tengan una coherencia”, confirma la investigadora Cecilia Ibarra.

Buenas prácticas ambientales y climáticas en los municipios

En consecuencia con las propuestas mencionadas, Antoine Maillet indica que urge promover el escalamiento de buenas prácticas ambientales y climáticas municipales, mediante el desarrollo de plataformas nacionales para la difusión de experiencias exitosas, como es el caso del observatorio de la acción climática municipal.

Asimismo, menciona la pertinencia de generar incentivos en el caso de cumplimiento anticipado en la elaboración del PACCC, tales como; visibilidad en plataformas nacionales o acceso preferente para asistencia técnica en la implementación del instrumento.

Otras ideas propuestas son crear un fondo de acción climática a cargo del Ministerio del Medio Ambiente y dirigido a municipalidades, priorizando a aquellas con menores capacidades técnicas y financieras. “Esta es una iniciativa cuyo propósito es reducir las desigualdades municipales para la planificación climática”, explica Maillet.

“Es muy importante definir puntos focales permanentes, entre el gobierno regional, el ministerio del medio ambiente y los municipios, con el propósito de velar por el cumplimiento de indicadores que evalúan la coherencia y sinergía entre los instrumentos de gestión del cambio climático a nivel nacional, regional y comunal”, afirma el investigador CR2.

Por último, menciona el fomento y creación de redes de colaboración climática a distintas escalas (nacional, regional, provincial y comunal), constituyendo espacios para el intercambio de experiencias, de recursos económicos y para el desarrollo de capacidades técnicas

¿Qué es la Ley marco sobre cambio climático?

La Ley Marco sobre Cambio Climático (Ley N° 21.455) es una ley que se promulgó en Chile el 13 de junio de 2022 y da las directrices jurídicas para que Chile tome acciones concretas en materia climática, además de cumplir con sus acuerdos y compromisos internacionales.

“Esta ley establece metas muy claras, como son la carbono neutralidad al 2050 y acciones para que nos permitan lograr la resiliencia y capacidad de adaptación ante el cambio climático. Como buena Ley Marco, indica una serie de acciones como son los planes y programas de implementación y que se delegan a otras organizaciones del Estado”, explica la académica de la Universidad de Chile e investigadora del CR2, Cecilia Ibarra.

En efecto, esta ley es la opción nacional para llegar a la carbono neutralidad y a partir de los planes sectoriales, regionales y comunales, que comprometen a distintos actores en la implementación paulatina de ciertas medidas, como por ejemplo, incentivar el uso de energía que provenga de combustibles no fósiles.

Los aportes del CR2 a la Ley marco sobre Cambio Climático 

En la elaboración de la Ley Marco sobre Cambio Climático, el Centro FONDAP ANID CR2, ha tenido una participación destacada, realizando estudios de política comparada desde el año 2015, aproximadamente. “Se presentó en un informe al Congreso, y el CR2 estuvo siempre entregando información y aportes durante el proceso. Cuando el Ministerio de Medio Ambiente presentó el anteproyecto para consulta, durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, el CR2 respondió a esa consulta e hizo observaciones”detalla Cecilia Ibarra.

Luego, cuando la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP25) iba a ser en Chile, el proyecto de Ley ingresó a la Cámara de Diputados correspondiente y tres representantes del CR2, que hicieron las veces de asesoras permanentes durante todo el proceso de dos años que tomó la tramitación de la ley, participando en todas las sesiones, en las audiencias que dieron distintos expertos y entregando una asesoría experta.

Además, y antes del proceso de anteproyecto, el CR2 acordó llevar un proceso de seguimiento -independiente de lo que era esta Ley- para lo que creó el Observatorio de la Ley Marco de Cambio Climático que existe desde 2018 y que contiene el registro sobre cómo avanza el proceso de tramitación y ahora de implementación de la ley.

• En 2022 se publicó la Ley Marco de Cambio Climático, la que mandata la creación de Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) por parte de los municipios antes de junio de 2025.
• A marzo de 2025 son 22 los municipios que cuentan con PACCC en la etapa de implementación, lo que representa el 6 % de los municipios del país, mientras que 107 (31%) no presentan avances en la elaboración.
• Se identifican como desafíos para la acción climática local: 1) apropiación del instrumento; 2) brechas en capacidades y recursos municipales; 3) claridad en la aplicación de sanciones; y 4) conexión entre la planificación climática regional y comunal.
• Se reconocen como oportunidades: 1) participación municipal en redes nacionales e internacionales; 2) trayectoria ambiental y climática previa; 3) promoción de la participación ciudadana en la planificación climática.

 
El cambio climático se reconoce como la principal macropresión ambiental del siglo XXI (Orrego et   al., 2023). La preocupación por este fenómeno emergió en la comunidad científica, canalizándose posteriormente en la escala internacional, mediante las conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las que configuran el eje principal de la acción climática (Blanco Well, 2016).

El año 2022 marcó un punto de inflexión en la acción climática chilena con la publicación de la Ley N° 21.455, conocida como Ley Marco de Cambio Climático (LMCC). Este instrumento legal establece como objetivo “alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050”. Para ello crea y define plazos para la elaboración de instrumentos de gestión del cambio climático a escala nacional, regional, comunal y sectorial.

Entre las funciones legales de las municipalidades se encuentra la protección del medio ambiente, la gestión del riesgo de desastres y, a partir de la LMCC, la planificación climática del territorio comunal, que se materializa en la obligación de elaborar los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC). En efecto, en el ámbito municipal, el artículo 12 de la LMCC, en su inciso primero, dispone que las municipalidades deben elaborar estos planes, que corresponden a documentos estratégicos que dan cuenta de cómo una comuna cumplirá con el compromiso de abordar el cambio climático en el corto, mediano y largo plazo, definiendo para ello acciones, metas e indicadores en las dimensiones de mitigación y adaptación al cambio climático (Ministerio del Medio Ambiente, 2023). Los PACCC adquieren importancia puesto que ayudan a la autoridad municipal a planificar medidas concretas frente al cambio climático, promueven el compromiso con la comunidad, y sirven de guía a la inversión público y privada, entregando señales relevantes para el avance hacia la transición socioecológica (Contraloría General de la República, 2025).

Se estipula que los municipios deben contar con este instrumento a más tardar a tres años contados desde la publicación de la LMCC, es decir, al 13 de junio de 2025. En caso de no cumplir con esta obligación, el alcalde incurrirá en una sanción correspondiente a una remuneración mensual. Sin embargo, el dictamen N° E7416N25 del 6 de mayo de 2025 de la Contraloría General de la República indica que existe un vacío legal respecto a qué autoridad aplicará esta sanción.

Además de esta situación legal, los municipios poseen una serie de características que dificultan cumplir con el objetivo de planificación climática. Así, múltiples estudios previos a la publicación de la LMCC dan cuenta de limitantes municipales que podrían afectar el proceso de planificación. En particular, se ha identificado que los municipios presentan restricciones formales y presupuestos limitados (Valenzuela et al., 2015). Adicionalmente, existen marcadas asimetrías en la dotación de personal y recursos entre municipios urbanos y rurales, lo que afecta el desarrollo de las capacidades institucionales (Mercado Ceroni & Toro Maureira, 2018). La voluntad política, es decir, el liderazgo político ejercido por la autoridad municipal para realizar acciones climáticas se reconoce también, como un factor que incide en la facilidad de adopción de la agenda del municipio ante políticas sobre el cambio climático (Cariaga, 2022). Además, se detallan limitaciones respecto a la capacidad de planificación y desarrollo territorial y de la capacidad técnica suficiente para implementar respuestas efectivas (Harris et al., 2023).

Considerando este conjunto de elementos, la obligación de desarrollar instrumentos de acción climática en un plazo relativamente acotado (tres años) constituye un desafío para los municipios del país, los que poseen marcadas diferencias respecto a la acción ambiental y climática. A continuación, veremos cómo se ha desarrollado el proceso de elaboración de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático en Chile a tres años de la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático.

El panorama municipal a dos y tres años de la Ley Marco de Cambio Climático

El monitoreo del proceso de elaboración de los PACCC ha dado como resultado que a dos años de la publicación de la LMCC (esto es, junio 2024), únicamente seis de las 345 municipalidades del país poseían un PACCC, lo que equivale al 2 %. Adicionalmente, 120 municipios comenzaron a elaborar el PACCC (34,7 %) En contraste, 186 (53,9 %) no tenían avances en la elaboración del instrumento y 33 de ellos (9,5 %) no proporcionaron información respecto a su grado de avance (Ver Figura 1a).

En marzo de 2025, la situación no cambió considerablemente^[1]. Tal como se observa en la Figura 1b, el número de municipios que cuentan con un PACCC aumentó a 22, representando al 6 % del total. La cantidad de municipios en proceso de desarrollo del PACCC subió a 147 (42,6 %). Sin embargo, todavía existe una importante cantidad de municipios que aún no comienza a desarrollar este instrumento (31 %). Adicionalmente, 20 municipios no entregaron información del nivel de avance del PACCC (5,7 %). Si bien falta actualizar estos datos, no es esperable que el nivel de cumplimiento haya aumentado significativamente de marzo a junio 2025.

Estos hallazgos exponen que el proceso de formulación de los PACCC se ha estado llevando de forma tardía y reactiva, esto a pesar de la potencial sanción que podrían tener los alcaldes en caso de incumplimiento.

Figura 1. El panel (a) muestra la distribución de Planes de Acción Comunal de Cambio Climático según etapa de desarrollo[2] hasta junio del 2024^[3], mientras que el panel (b) muestra la distribución hasta marzo de 2025^[4].

Estos resultados pueden ser examinados también a nivel regional. En cuanto al grado de elaboración de los PACCC en las diferentes regiones del país, hasta junio de 2024, solo cinco regiones (Valparaíso, Los Ríos, Atacama, Los Lagos y Magallanes) contaban con un PACCC aprobado por el Consejo Municipal y en etapa de implementación. Entre ellas, se destacaba la región de Valparaíso al contar con dos PACCC, específicamente los de las comunas de El Quisco y San Antonio.

A dicha fecha, las comunas pertenecientes a 15 de las 16 regiones del país habían iniciado el desarrollo de sus PACCC (con excepción de Arica y Parinacota). La región de Los Ríos lideraba el proceso, con nueve de sus doce comunas en proceso de elaboración (75 %). En segundo lugar, le seguía la región de La Araucanía, con 18 comunas avanzando en la construcción del instrumento (56,3 %).

En tercer lugar, se ubicaba la región de Antofagasta, con cinco comunas en proceso de elaboración de los PACCC (55,6 %). La situación era particularmente alarmante puesto que ocho regiones del país poseían más del 50 % de sus comunas sin avances registrados en la formulación del PACCC.

En marzo de 2025, la situación estaba lejos de ser la esperada. Únicamente, siete de las 16 regiones del país (43,75 %) contaban con un PACCC en etapa de implementación (Atacama, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes). Nuevamente, resalta la región de Los Ríos como líder del proceso, con once de sus doce comunas con el PACCC en la etapa de implementación (91,7 %), mientras que la comuna restante contaba con el acuerdo favorable del Consejo Municipal, estando ad portas de iniciar su implementación.

Si bien a marzo de 2025 todas las regiones del país poseían comunas en proceso de elaboración de sus respectivos PACCC, solamente ocho cuentan con más del 50% de sus comunas con avances en la elaboración del PACCC (Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Región Metropolitana, Maule, La Araucanía y Los Lagos). Sobresale la región de Arica y Parinacota, en la que la totalidad de sus comunas está en proceso de elaboración del PACCC, seguida por la región de Antofagasta, con un 88,9 % y por la región de la Araucanía con el 68,8 % de las comunas con avances en la formulación.

Caso contrario es el de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Ñuble, Aysén y Magallanes, en las que más del 50 % de sus comunas carecen de avances en la elaboración del PACCC. Resaltando que también son regiones en las que todavía no ha sido aprobado el Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC).

Figura 2. El panel (a) muestra el estado de elaboración de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático por región del país hasta junio del 2024^[5], mientras que el panel (b) muestra el estado de elaboración por región hasta marzo de 2025^[6].

Factores que influyen en la planificación climática local

Del seguimiento cualitativo del proceso de formulación del PACCC en once municipios del país -atendiendo a criterios de zona geográfica, iniciativas ambientales previas y etapa de elaboración del instrumento- se obtuvo que la voluntad política, los recursos financieros, las capacidades técnicas, el contar con iniciativas ambientales previas y la participación en redes son factores que influyen en la planificación climática local^[7].

La voluntad política de la alcaldía es relevante, pudiendo promover o limitar el actuar de los equipos municipales según las prioridades de su agenda política y la asignación de los recursos. Cabe destacar que un 54 % de los municipios entrevistados cuenta con una alta voluntad política, pero están limitados a la entrega de recursos, ya que, en general, deben trabajar con carencia de recursos financieros, como es el 72 % de los casos. Se señala que los alcaldes están motivados principalmente a corto plazo por las elecciones, mientras que a largo plazo por un genuino interés ambiental. Por lo tanto, una alta voluntad política se traduce en un mayor grado de avance, que depende de la priorización en su agenda y del manejo en temática ambientales.

En cuanto a los recursos financieros, los equipos municipales con bajos recursos, que equivale al 72 % de los entrevistados, deben elegir entre el desarrollo de sus funciones habituales y las relacionadas con el PACCC, lo que implica un atraso en la culminación de ambas tareas. En este escenario, resalta una relación de dependencia con otras instituciones para el apalancamiento de recursos externos. En cambio, el 27 % de los municipios que cuentan con mayor disponibilidad de recursos, pueden optar por elaborar el instrumento de forma interna o externa, para no recargar a sus equipos humanos. De esta manera, se evidencia una relación positiva entre un escenario de mayores recursos económicos y optar por alternativas que aceleren el proceso de elaboración.

Con respecto a las capacidades técnicas, existe una tendencia a que el establecimiento de una unidad de medio ambiente con profesional(es) especializado(s) contribuye tanto a una mejor preparación como un mayor estado de avance del instrumento. No obstante, la dificultad para compatibilizar la elaboración del plan con otras labores cotidianas determina la decisión de externalizar su formulación. Adicionalmente, se distingue que, por la falta de recursos económicos, la carencia de personal se suple con alternativas como voluntarios, practicantes u organizaciones de la sociedad civil.

Por parte de las iniciativas medioambientales previas, resaltan en particular los municipios con niveles superiores del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), que representan el 54 % de los casos, y con experiencia en elaborar un Plan Local de Cambio Climático (PLCC), correspondiente al 27 %, que se vincula con una mayor representación ciudadana, acceso a recursos económicos y una vocación territorial orientada hacia la planificación climática. Esta situación se asocia con una acumulación de experiencia municipal en instrumentos, gestión e interés ambiental, aunque no asegura un mayor avance del PACCC.

En última instancia, la participación en redes horizontales –Comités Ambientales Comunales (CAC), buzones ciudadanos, talleres, mesas de trabajo– contribuye a la identificación de problemas, levantamiento de información y validación, favoreciendo la construcción colectiva del instrumento y activando vínculos locales. Adicionalmente, en el marco del SCAM, la representatividad facilita la coordinación intersectorial local y fortalece la participación ciudadana. Mientras que la participación en redes verticales –nacionales como internacionales– promueve el apoyo técnico, financiero, social y de conocimientos en torno a una agenda ambiental. De esta manera, los lazos provenientes de redes verticales resultan clave para la entrega de diversos apoyos para la elaboración del PACCC.

Desafíos y oportunidades para la acción climática local

Al alero de los resultados, queda en evidencia que la implementación de la LMCC a nivel comunal ha sido más compleja y desafiante de lo previsto. A tres años de su entrada en vigencia, el lento avance en la elaboración de los PACCC refleja una serie de desafíos para la acción climática local:

1) Apropiación del PACCC por parte de los municipios: es posible que estos planes sean percibidos como una exigencia impuesta desde el nivel central con una utilidad práctica que no es del todo evidente, particularmente para aquellos municipios que carecen de experiencia previa en la planificación ambiental y climática, lo que se traduce en una baja apropiación municipal, dificultando su diseño e implementación efectiva.

2) Brechas en capacidades y recursos municipales: el monitoreo del proceso da cuenta que existen diferentes variables que interactúan de forma no lineal en su desarrollo: voluntad política, capacidades técnicas, recursos financieros, experiencia en desarrollo de iniciativas ambientales previas y participación en redes colaborativas. Estas variables pueden estar no solo incidiendo en el limitado grado de avance de los PACCC, sino también, en la calidad de los mismos.

3) Claridad institucional en la aplicación de sanciones: un reciente dictamen de la Contraloría General de la República (N° E74165) ha determinado que la LMCC no establece con claridad qué institución es responsable de instruir el procedimiento para determinar el incumplimiento en la elaboración de los PACCC. Además, revela que tampoco se ha determinado cual es la institución que debe aplicar la sanción a los alcaldes y alcaldesas. Esta indefinición legal debilita la implementación de una ley, que de por sí, ya presenta un nivel de incumplimiento significativo, con al menos un tercio de los municipios del país sin registrar avances en la formulación del PACCC.

4) Conexión entre la planificación climática regional y la comunal: Actualmente, muchos municipios se encuentran elaborando los PACCC, en un contexto en que los Gobiernos Regionales aún no han terminado de desarrollar los Planes de Acción Regional de Cambio Climático. Esta situación puede afectar la coherencia y generación de sinergias entre ambos niveles de planificación, derivando en posibles incongruencias que afectan el potencial de acción climática.

No obstante, en este contexto de incertidumbre, hay municipios que han dejado en evidencia potenciales oportunidades para el desarrollo de la planificación climática comunal:

1) Participación municipal en redes nacionales e internacionales: Se ha identificado que los municipios en la búsqueda de apoyo técnico y financiero han generado redes con actores pertenecientes al nivel nacional e internacional, entre los que resalta el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía y la Asociación Chilena de Municipalidades. Esto ha dado lugar a la entrega de recursos económicos y apoyo en la generación de capacidades, promoviendo el desarrollo de los PACCC.

2) Trayectoria ambiental y climática previa: Muchos municipios cuentan experiencia ambiental y climática previa, reflejado en el desarrollo de Planes Locales de Cambio Climático y el avance en el Sistema de Certificación Ambiental Comunal, lo cual podría ser un catalizador de estrategias de escalamiento y transferencia de buenas prácticas en la materia hacia otras comunas.

 3) Promoción de la participación ciudadana en la planificación climática: La activación de instancias de representación y participación ciudadana, como los Comités Ambientales Comunales, los talleres territoriales, buzones ciudadanos y mesas de gobernanza (en el contexto del Sistemas de Certificación Ambiental Comunal), puede facilitar el desarrollo de instrumentos climáticos con una mayor pertinencia territorial y legitimidad social.

En este contexto de desafíos y oportunidades, se reconoce que una gobernanza caracterizada por la presencia de redes colaborativas e intersectoriales contribuiría a la captación de recursos sociales y económicos para la planificación climática comunal. Aquello requiere del liderazgo de la autoridad comunal y de los/las representantes de la unidad a cargo del área medio ambiental, puesto que la elaboración del PACCC requiere de colaboración interdepartamental para la formación y promoción de un equipo gestor comprometido con la labor, mismo que debiera promover la participación comunitaria en instancias formales, destacando el rol que podrían tener en ello, los Comités Ambientales Comunales. Se resalta igualmente que la participación en redes nacionales e internacionales puede abrir puentes para la obtención de los recursos técnicos y financieros.

Recomendaciones

• Promover el escalamiento de buenas prácticas ambientales y climáticas municipales, mediante el desarrollo de plataformas nacionales para la difusión de experiencias exitosas (observatorio de la acción climática municipal).
• Generar incentivos en caso de cumplimiento anticipado en la elaboración del PACCC. Tales como, visibilidad en plataformas nacionales o acceso preferente a asistencia técnica en la implementación del instrumento.
• Crear un fondo de acción climática a cargo del Ministerio del Medio Ambiente dirigido a municipalidades, priorizando a aquellas con menores capacidades técnicas y financieras. Esta iniciativa debe ser realizada con el propósito de reducir las desigualdades municipales para la planificación climática.
• Definir puntos focales permanentes entre el Gobierno Regional, el Ministerio del Medio Ambiente y los municipios con el propósito de velar por el cumplimiento de indicadores que evalúen la coherencia y sinergia entre los instrumentos de gestión del cambio climático a nivel nacional, regional y comunal.
• Fomentar y fortalecer la creación de redes de colaboración climática a distintas escalas (nacional, regional, provincial y comunal), constituyendo espacios para el intercambio de experiencias, de recursos económicos y para el desarrollo de capacidades técnicas.

Notas

^[1] Datos provistos por la Contraloría General de la República a partir de una solicitud de información pública realizada durante el mes de mayo de 2025.

[2] La etapa “implementación” corresponde a los planes aprobados. “No acredita” indica que el municipio entregó información, pero no suficiente para definir en cual etapa se encuentra la elaboración del PACCC.

^[3] Datos provistos por el proyecto PEEI (Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, 2024) “De la obligación a la implementación. Análisis del proceso de formulación de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático”, investigador responsable Antoine Maillet, coinvestigadores Leandro Espíndola, Cecilia Ibarra, Gustavo Orrego, Cecilia Osorio, Beatriz Pogorelow y René Saa.

^[4] Datos provistos por la Contraloría General de la República a partir de una solicitud de información pública realizada durante el mes de mayo de 2025.

^[5] Datos provistos por el proyecto PEEI (Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, 2024) “De la obligación a la implementación. Análisis del proceso de formulación de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático”, investigador responsable Antoine Maillet, coinvestigadores Leandro Espíndola, Cecilia Ibarra, Gustavo Orrego, Cecilia Osorio, Beatriz Pogorelow y René Saa.

^[6] Datos provistos por la Contraloría General de la República a partir de una solicitud de información pública realizada durante el mes de mayo de 2025.

^[7] Resultados de investigación del proyecto PEEI (Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, 2024) “De la obligación a la implementación. Análisis del proceso de formulación de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático”, investigador responsable Antoine Maillet, coinvestigadores Leandro Espíndola, Cecilia Ibarra, Gustavo Orrego, Cecilia Osorio, Beatriz Pogorelow y René Saa.

Referencias

1. Blanco Wells, G. (2016). Abriendo la caja negra del cambio climático: claves para comprender su trayectoria política en América Latina. In A. Lampis (Ed.), Cambio ambiental global, Estado y valor público: La cuestión socio-ecológica en América Latina, entre Justicia Ambiental y “Legítima depredación.” Centro de Estudios Sociales (CES), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP). Universidad Nacional de Colombia.
2. Cariaga, V. (2022). Agendas locales para enfrentar el cambio climático: Análisis comparado de la Municipalidad de Concepción y la Municipalidad de Caleta Tortel en Chile. Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 13, 208–238. http://dx.doi.org/10.7770/rchdcp-v13n1-art2696
3. Contraloría General de la República. (2025). Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 8 de 2025. Instrumentos de Gestión del Cambio Climático.
4. Contraloría General de la República. (2025). Dictamen N° E74165N25 (06.05.2025) Materia Ley N° 21.455 Ley Marco de Cambio Climático, no contempla a quien le corresponde aplicar la sanción establecida en el inciso final de su artículo 12, lo que constituye un vacío legal.
5. Harris, J., Reveco, C., y Guerra, F. (2023). Gobernanza climática y respuestas locales al cambio climático: Comparación de Estudios de Casos para Ciudades de la Alianza del Pacífico.  https://www.kas.de/es/web/energie-klima-lateinamerika/einzeltitel/-/content/gobernanza-climatica-y-respuestas-locales-al-cambio-climatico-
6. Lehmann, R., & Irigoyen Rios, A. (2024). The future is local? Contextualizing municipal agendas on climate change in Chile. Npj Climate Action, 3(1), 1–7. https://doi.org/10.1038/s44168-023-00095-w
7. Ley N° 21.455. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 13 de junio de 2022.
8. Mercado Ceroni, C., & Toro Maureira, S. (2018). Análisis de capacidades institucionales en municipios chilenos. In V. Montero, W. Muñoz, y J. Simon (Eds.), Transformaciones en la política y desafíos para gobernar en el siglo XXI (pp. 251–272). Editorial Universidad de Concepción.
9. Ministerio del Medio Ambiente. (2023). ¿Cómo elaborar un Plan de Acción Comunal de Cambio Climático? Guía metodológica para su formulación paso a paso. Recuperado de https://educacion.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2023/06/Guia-PACCC.pdf
10. Orrego-Méndez, G., Pogorelow-Morales, B., & Leal, J. (2023). Informe País: Estado del Medio Ambiente en Chile 2022: Capítulo 1: Macropresiones. Santiago, Chile. https://doi.org/10.34720/h45b-zj48
11. Valenzuela, E., Pressacco, F., Cienfuegos, I., & Penaglia, F. (2015). Pilares necesarios para una descentralización autónoma sin cooptación del poder central: reflexiones para el proceso descentralizador chileno. Revista de Administração Pública, 49(5), 1083–1106. https://doi.org/10.1590/0034-7612137403

Chile es uno de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático, y este año debe actualizar sus compromisos para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales que ha suscrito y “hacer su parte” para contener los impactos del aumento de temperatura y de los eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones, cambios en los patrones de lluvias, deshielos y olas de calor.

En 2015, Chile suscribió el Acuerdo de París, y como parte de este compromiso presentó sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en 2020, con acciones para mitigar y adaptarse al cambio climático.

Este año, el Ministerio del Medio Ambiente debe actualizar las NDC y ha abierto una consulta ciudadana hasta el 11 de abril para recibir observaciones sobre el Anteproyecto. En ese contexto, presentamos algunas observaciones y recomendaciones.

El cambio climático pone en riesgo la vida que hoy conocemos en el planeta. Existe amplio consenso científico respecto de este fenómeno causado por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. La emisión de estos gases se debe principalmente a actividades humanas que queman combustibles fósiles y liberan carbono.

Los compromisos de los países que han suscrito a los acuerdos internacionales de Naciones Unidas incluyen acciones para reducir las emisiones de GEI y aumentar su remoción desde la atmósfera. Las acciones de reducción apuntan, por ejemplo, al reemplazo de combustibles fósiles por energías renovables (solar, eólica, geotérmica, etc.) para la generación de electricidad.

Por otro lado, el aumento de la remoción de GEI de la atmósfera puede lograrse con la conservación, manejo y restauración de ecosistemas como bosques, cuerpos de agua y turberas.

Dentro de las NDC, nuestro país compromete acciones en ambos sentidos, para llegar a un equilibrio en que sus emisiones restantes sean contrarrestadas por la captura y el secuestro de carbono, logrando ser “carbono neutral”. Además, las NDC comprometen acciones de adaptación a los impactos del cambio climático en Chile.

La mitad de la meta de Chile en su NDC se basa en las toneladas de carbono que absorberán los ecosistemas terrestres nacionales que estén bajo algún sistema de manejo (protección, restauración, conservación u otro), por eso es un área a la cual ponerle atención. Para que estas acciones climáticas sean efectivas y respeten los principios de justicia y de base científica, recomendamos:

• Especificar que la forestación comprometida en el anteproyecto sea con especies nativas, en un modelo de manejo que mantenga bosques con cubierta forestal permanente, evitando el uso de la tala rasa de gran extensión como método de cosecha. De esta manera, la captura de carbono favorece, simultáneamente, la protección del suelo, el aumento de la biodiversidad y la provisión de otros servicios ecosistémicos asociados al bosque.
• Las nuevas plantaciones de especies nativas deben realizarse en suelos de aptitud forestal o en áreas prioritarias para la conservación, y en casos de zonas o sitios con limitaciones para el desarrollo arbóreo se debe evaluar la incorporación de especies arbustivas que puedan proveer una cobertura permanente y representar, opcionalmente, una alternativa productiva presente o futura. De esta manera, y como fue ya comprometido en la NDC del 2020, la forestación debe realizarse con un enfoque y fines más diversos a las plantaciones forestales tradicionalmente realizadas en nuestro país, respondiendo así a los desafíos sociales, ambientales, y económicos que nos plantea el cambio climático.
• Establecer alianzas con comunidades indígenas o locales que habitan y usan los bosques nativos con el fin de promover la sustentabilidad en la gestión, manejo y conservación de estos ecosistemas en base al diálogo, reconocimiento de su identidad y potencialidades del territorio.
• Desarrollar protocolos de restauración activa para hacer frente a la invasión de pinos (Pinus radiata) en zonas donde se han producido incendios de bosques nativos, especialmente en las regiones del centro-sur de Chile donde se encuentran ecosistemas al borde del colapso.
• Establecer compromisos cuantitativos de protección, conservación y restauración de ecosistemas marinos y costeros, humedales y turberas en base a sus funciones y contribuciones en el resguardo de la biodiversidad, recursos hídricos, almacenamiento y captura de GEI. Esto requiere una visión socioecosistémica que reconozca la interconexión y cobeneficios entre los sistemas humanos y naturales.
• Adoptar indicadores de adaptación que sean cuantificables y permitan hacer seguimiento de la efectividad de las acciones comprometidas, en particular, indicadores que permitan evaluar los niveles de seguridad hídrica.
• Fortalecer la generación, gobernanza y gestión de los datos climáticos físicos y socioeconómicos, que resultan críticos para el monitoreo, sistematización e integración de la información y verificación que impone la Ley y los compromisos tomados, indispensables para la transparencia.
• Reducir la incertidumbre de estimaciones y proyecciones en stock y capturas de carbono de ecosistemas terrestres y marinos. Esto, en particular, en el contexto de la pérdida del potencial de captura de carbono de algunos ecosistemas forestales y marinos debido al cambio climático.

La actualización de la NDC orientada por la acción climática justa, y la transparencia y claridad en el seguimiento de las metas fijadas, exige establecer métricas e indicadores. El área más débil en este aspecto son aquellas métricas de adaptación, en particular la cuantificación de los sumideros de carbono, así como los indicadores de seguridad hídrica, además de aquellas que no hablan de la efectividad de las áreas protegidas.

Junto con lo anterior, los compromisos actuales deben abordar el aseguramiento de la continuidad de servicios mínimos, definiendo metas de mantención de infraestructuras críticas para la protección de la seguridad de la población.

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A lo largo de la historia, los países desarrollados han construido sus economías sobre la base de los combustibles fósiles. Desde la Revolución Industrial, el carbón, el petróleo y el gas natural han sido los pilares del crecimiento económico en naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón. Este desarrollo, sin embargo, ha tenido un costo ambiental significativo, contribuyendo a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y causando el cambio climático moderno. En el Acuerdo de París en 2015, 197 países se han comprometido a descarbonizar sus economías a largo plazo y presentar cada cinco años nuevos planes actualizados de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por su sigla en inglés). Estos días Chile está terminando su actualización de NDC para 2025.

En este contexto, surge el concepto de justicia climática, que reconoce que los países y comunidades que menos han contribuido al cambio climático son los que más sufren sus efectos. Para los países en desarrollo y en transición, como Chile, la mitigación del cambio climático representa una carga económica considerable. Estos países enfrentan el desafío de desarrollar sus economías mientras evitan las emisiones de carbono. La transición hacia energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles son estrategias esenciales, pero también costosas. Además, la falta de infraestructura adecuada y el acceso limitado a financiamiento de bajo costo dificultan aún más la implementación de estas medidas. Pensando que la contribución de Chile a las emisiones globales de gases de efecto invernadero es relativamente pequeña, representando menos del 0,3% de las emisiones globales, uno podría preguntarse si la mitigación y el desarrollo sostenible son el camino correcto para Chile.

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El proyecto «Dinámicas, costos e impactos de las movilidades climáticas en Chile» finalizó con un evento donde se compartieron los hallazgos de esta investigación, que busca comprender los efectos del cambio climático en la movilidad de las personas y generar recomendaciones para fortalecer la política pública en esta materia.

Este estudio fue encargado por el Ministerio del Medio Ambiente, implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), financiado por NDC Partnership y realizado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). Su objetivo fue describir y analizar las dinámicas de la movilidad climática en Chile a partir de un estudio piloto en la Macrozona Centro Sur, una región afectada por sequías e incendios forestales.

El trabajo se centró en las comunas de Nancagua y Paredones en la Región de O’Higgins, y San Javier y Empedrado en la Región del Maule. Se investigó cómo las familias toman decisiones frente a eventos climáticos extremos y qué acciones están llevando a cabo los sectores público, privado y social para enfrentar estas amenazas.

Principales hallazgos

• Se identificó que los grupos más vulnerables enfrentan con mayor intensidad los efectos del cambio climático.
• Se analizaron los costos económicos y no económicos asociados a la movilidad climática.
• Se documentaron iniciativas implementadas para mitigar estos efectos.
• Se generaron recomendaciones para fortalecer la política pública en esta área.

Gala Dahlet, Oficial de Protección Social de la FAO, enfatizó la necesidad de implementar políticas inclusivas sobre cambio climático en zonas rurales. «Los grupos más vulnerables enfrentan con mayor intensidad los efectos del cambio climático y, a menudo, no se consideran acciones específicas para protegerlos, especialmente a las comunidades migrantes», afirmó Dahlet.

Gladys Santis, de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, destacó la relevancia de la información generada para las comunas que deben elaborar sus Planes de Acción Comunal de Cambio Climático. También indicó que “el proyecto definitivo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del MMA incluye la elaboración de una guía con lineamientos respecto de la movilidad humana en contextos de cambio climático, degradación ambiental y desastres, para planes de adaptación, con un enfoque comunal.”

Susana Bustos, directora de gestión y vinculación del CR2, comenta que las movilidades climáticas son un tema relevante en la agenda pública del cambio climático. “las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NCD) y la estrategia climática de largo plazo expresan la necesidad de fortalecer el desarrollo de políticas para mejorar el conocimiento sobre este fenómeno”.

Daniel Vera, facilitador nacional del NDC Partnership en Chile, señaló que «Desde el NDC Partnership, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a los países en la implementación de sus NDC. Por ello, seguiremos impulsando iniciativas colaborativas, convencidos de que la cooperación es fundamental para lograr un desarrollo resiliente y sostenible. Este estudio es un claro ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre gobiernos, organismos internacionales y centros de investigación permite generar evidencia clave para fortalecer la acción climática. Confiamos en que sus hallazgos contribuirán al diseño de políticas más efectivas y equitativas para abordar los desafíos de la movilidad climática en Chile».

Para conocer más detalles sobre la investigación y sus resultados, revisa al evento en Youtube: “Dinámicas, costos e impactos de las movilidades climáticas en Chile”.

El encuentro, organizado por el Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA) junto al Departamento de Medio Ambiente y Obras Públicas de la División de Infraestructura y Regulación, además del equipo de relaciones internacionales de la CGR, tuvo por objetivo poner de relieve experiencias, además de distintas miradas, disciplinas, entidades e instituciones, para coordinar un mejor trabajo en un tema que requiere un esfuerzo mundial.

Al inaugurar el evento, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, señaló que “tenemos un propósito común que es contribuir con fuerza, convicción y evidencia para enfrentar algunos de los desafíos más importantes y complejos que tenemos en nuestro tiempo”.

En ese sentido, la titular del organismo de control agregó que “es bastante evidente que estamos en una situación de crisis climática que se ha manifestado en la pérdida de biodiversidad, de fenómenos extremos y que deja su huella en desigualdades sociales que se producen a raíz de estas situaciones. Por ende, la acción que nosotros tomemos o dejemos de tomar en todo este tiempo, va a ir marcando el destino de generaciones completas”.

En su primera jornada, el eje central de la discusión se refirió al financiamiento desde la perspectiva del control público, la inversión desde el mundo privado y los mecanismos que puedan movilizar nuevos recursos hacia energías que sean sostenibles para asegurar que estos sean utilizados de manera eficiente, equitativa y transparente.

En ese contexto, la Directora General y Fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, Sandra Guzmán, se refirió a los principales retos y oportunidades internacionales en la materia. Entre ellos, respecto a “cómo evitar que la agenda de cambio climático y la de desarrollo en cada nación peleen por recursos”. Guzmán destacó que, bajo ese contexto, “se releva en la agenda climática la necesidad de crear recursos adicionales que permitan incrementar la bolsa de financiamiento y de distribuir más estos fondos a temas de adaptación”.

El primer día de este seminario constó de tres paneles de invitados, el primero de ellos se refirió a los desafíos financieros para enfrentar el cambio climático. El segundo grupo de conversación ahondó en el aporte que las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) de cada país tiene un rol fundamental. El último, consistió en los esfuerzos de mitigación al cambio climático.

Segunda jornada

El martes 1 de abril se realizó el cuarto panel del encuentro donde se abordó el tema de los litigios climáticos. Para dar inicio al panel, la investigadora Lorena Zenteno dictó la charla magistral “Litigios climáticos en América Latina”. Tras ello, expertos chilenos y brasileños debatieron respecto de los litigios en Chile, en un panel que fue moderado por la investigadora Dominique Hervé.

Más tarde, la académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la U. de Chile, Paulina Aldunce, se refirió a la “Adaptación al Cambio Climático: Construyendo Resiliencia desde los Territorios”, para dar paso a una mesa de discusión en la que se analizó “la gestión del cambio climático en Chile y América Latina y el Caribe”.

En la segunda parte de la jornada, el director del Programa Derecho y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ricardo Irarrázabal, se refirió al diagnóstico sobre las capacidades, mandatos y el rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los países de América del Sur en los sistemas nacionales de lucha y mitigación contra la deforestación y el cambio climático. Posteriormente, se realizó un conversatorio en el que se trataron los desafíos que tienen las EFS en el cambio climático.

Como parte de las actividades de las delegaciones internacionales que participaron en el seminario, se realizó una visita al Palacio de La Moneda, donde una guía mostró los principales salones y contó parte de la historia de los distintos períodos presidenciales.

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Para enfrentar este escenario existe la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, que tiene una membresía casi universal y que busca coordinar acciones para “estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero ‘a un nivel que impida interferencias antropógenas (inducidas por el hombre) peligrosas en el sistema climático’”.

Bueno, por sobre esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró por segunda vez del Acuerdo de París, que limita las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los países que lo suscriben para, a su vez, limitar el aumento de la temperatura global.

Más preocupante aún, empezó su mandato con la famosa frase “drill, baby, drill” (perfora, bebe, perfora), para dar pie a una agenda en pro de la extracción de combustibles fósiles,  o sea petróleo y gas. Esto en el marco de su plan para “liberar la energía estadounidense y poner fin al extremismo climático de Biden”.

La política escéptica del cambio climático de Trump tiene muchos más detalles e incluso viene acompañada de medidas que tocan temas medioambientales, como el propiciar el uso de bombillas de plástico, pero, ¿cuál es el impacto?

“Va a retrasar la acción climática”, indicó Pilar Moraga, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, en conversación con Radio y Diario y Radio Universidad de Chile, sobre la arremetida del recién asumido presidente de Estados Unidos.

“El efecto de ese desmantelamiento se va a ver en un año, dos, pueden ser tres o cuatro, pero reponer todo esto también va a tomar otro gobierno entero. Estamos hablando de, quizás, un retraso de 10 años en la acción climática si es que los futuros líderes de Estados Unidos la retoman (…). Retrasa en un país que es gran emisor de gases de efecto invernadero”, dijo la también profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Primero, respecto a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, la experta puso el foco en que siguen siendo parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, esto porque mirando a futuras negociaciones puede ser perjudicial. “Hay que observar ese proceso y ver cuál es la actitud que va a tomar el país”,

Segundo, sobre la promoción de los combustibles fósiles, Moraga lo calificó como lo más preocupante. “Que insista en promover un modelo económico basado en el petróleo es un contrasentido, porque hoy día existen otras alternativas que incluso en términos de mercado pueden ser más interesantes”.

Respecto a sí es más caro, por ejemplo, para los Estados propiciar energías renovables, la experta explicó que “hoy día hay nuevas tecnologías, hay un camino en el desarrollo económico que puede hacer más compatible la economía con este desafío”.  Moraga indicó que China está liderando este campo y que “puede ser que, en el fondo, el negacionismo tenga un fin de orden más geopolítico-económico”.

Escepticismo en Chile

“Trump y toda la extrema derecha que en el mundo está negando el cambio climático abrieron un espacio a otros contextos como el chileno, por ejemplo, a que se puedan plantear estos temas sin que sea escandaloso”, analizó la experta.

Si bien a nivel internacional siempre existió un movimiento escéptico, aunque marginal, para nuestro país es algo nuevo. “Yo recuerdo en la elección de Piñera 2 justamente, todos los candidatos presidenciales se manifestaban o tenían alguna opinión sobre el cambio climático y había un consenso absoluto en que nuestro país tenía que trabajar por eso. El quiebre ahora es claro en que un personaje político pone esto en la mesa”.

La carta presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, ha indicado, por ejemplo, que las energías renovables no tradicionales son “carísimas” y que las “sacaría cascando” porque no tienen ningún impacto positivo en el clima, aunque la ONU comunica lo contrario. También ha puesto en duda que el hielo del ártico está desapareciendo, aunque Greenpeace también dice lo contrario. Aseveraciones que hizo en conversación con Tele13 radio.

“Es muy fácil decir que esto no existe, pero ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los respaldos de esas afirmaciones? ¿O son simplemente repeticiones? Un copiar pegar de otros discursos”, respondió Pilar Moraga.

La experta puso en el centro los hechos. “Aquí hay una realidad concreta que es lo que estamos viviendo: olas de calor frecuentes, sequía extrema nunca vista antes y, por lo tanto, las condiciones ideales para que propaguen, por ejemplo, los incendios y ante eso nuestro país tiene que tener una respuesta, si es que no queremos asumir todas las consecuencias que este tipo de fenómenos provocan”.

Finalmente, sobre qué impulsa a los líderes políticos que no confían en la ciencia y ponen en duda el cambio climático provocado por la acción humana, dijo que “los liderazgos políticos que sí están con la ciencia no se han renovado. Ese es un tema político muy crítico. En el fondo, se está dejando espacio a este otro tipo de mirada y lo grave de no escuchar a la ciencia y las proyecciones es que las consecuencias las sufren las personas”. | Leer en Diario Uchile.

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA), a través de la División de Cambio Climático, lidera el proceso de actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que debe  realizarse cada 5 años, de acuerdo a los compromisos asumidos por Chile ante la Convención Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de París.

Bajo las directrices de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), se reconoce a la NDC como un instrumento de gestión del cambio climático con un procedimiento de actualización establecido y contenidos mínimos determinados. En ese sentido, el reglamento procedimental establece 5 etapas para la elaboración de las NDC: Inicio del procedimiento, Elaboración anteproyecto, Consulta pública, Proyecto definitivo y Finalización del procedimiento.

Hoy, la NDC se encuentra en la etapa de Consulta pública, en la que el anteproyecto se presenta a la ciudadanía, con plazo hasta el próximo 11 de abril para recibir observaciones.

En este contexto, País Circular en conjunto con el programa Transforma Cambio Climático de Corfo, realizó el seminario web “Actualización de la NDC 2025, una conversación necesaria”, en el que participaron Andrés Pica, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente; Anahí Urquiza, profesora, antropóloga social, investigadora del centro Cr2  y directora de Innovación de la Universidad de Chile; y María Teresa Ruiz-Tagle, directora ejecutiva de CLG-Chile, Líderes Empresariales por el Cambio Climático.

El webinar, moderado por el exministro del Medio Ambiente y cofundador de País Circular, Pablo Badenier, comenzó con la intervención de Andrés Pica, quien destacó que “el trabajo que hace Chile es de continuidad.  Nuestra estructura de documento de la NDC es prácticamente idéntica a la anterior. Lo que cambia es el componente subnacional, que tiene que ver con que tenemos ciclos de ambición. No podemos retroceder en elementos, tenemos que ir aumentando la ambición en el proceso. Y en ese sentido, esta NDC cumple con eso y pone en valor lo que se está haciendo en Chile”.

Según explicó el jefe de la División de Cambio Climático del MMA, la Contribución Determinada a Nivel Nacional es un documento de “alrededor de 40 páginas, que establece compromisos estratégicos y le cuenta al mundo cuál es el aporte de Chile a la lucha contra el cambio climático”.

“Ya teníamos un presupuesto de carbono definido al 2020-2030 en términos de reducir nuestras emisiones. La meta al 2030 se mantiene y la meta al 2035 es nueva y más ambiciosa. Se enfatizan los planes sectoriales de mitigación, que son los responsables de gestionar el presupuesto de carbono. Se elaboraron todos el año pasado y, básicamente, al 2030 van a cumplir con el presupuesto de carbono que se definió en la NDC anterior. Por eso ampliamos la ambición al 2035. Y así también en metas de metano y otros forzantes climáticos de vida corta, con foco en la valorización de los residuos orgánicos para reducir las emisiones”, detalló Andrés Pica sobre los desafíos planteados.

“Tenemos también los 12 planes sectoriales de adaptación, que ya están elaborados. A nivel internacional se habla de las metas globales de adaptación y ahí tenemos metas globales para cinco elementos: biodiversidad, salud, infraestructura, seguridad hídrica y seguridad alimentaria”, agregó el panelista.

“Y a nivel subnacional, tenemos los planes de acción regional y planes de acción comunal, que son elementos súper importantes y particulares de Chile. No tenemos conocimiento de ningún otro país que tenga mandatado por ley la obligación de que todo el nivel subnacional tenga que tener un plan de acción climático”, indicó Andrés Pica, destacando los planes regionales de reducción de riesgo de desastre y los planes estratégicos de gestión de cuencas para los recursos hídricos, entre otros.

“Nuestra NDC se destaca en general por ser bastante fácil de seguir. Se puede discutir el nivel de ambición, pero en general la NDC de Chile tiene un buen nivel de reportabilidad y es fácil saber si cumple o no. Y esa es una particularidad de nuestro compromiso que no todos los países tienen. Además, este anteproyecto cumple con los objetivos que plantea la COP 30, que es llegar con un foco en la acción”.

“En resumen, esta NDC busca pasar a la implementación. Lo que compromete en concreto es que los gobiernos regionales pasan a ser parte clave de nuestra NDC; incluye un fortalecimiento del pilar social a través de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa; Chile se compromete a una meta de mitigación de metano con un foco principal en el tratamiento y valorización de residuos orgánicos; y esta NDC también pone en movimiento el financiamiento climático”, señaló Andrés Pica.

La académica de la Facultad de Gobierno, expuso sobre los avances preliminares de su trabajo, el cual está motivado por la emergencia global del cambio climático a partir del cual se establece el IPCC o  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change), instancia internacional convocada por la Asamblea de las Naciones Unidas que reúne a científicos y expertos de todo el mundo en distintos ámbitos del cambio climático, con participación transversal a nivel mundial, incluyendo a Sudamérica.

En este sentido, el trabajo se orienta específicamente en la evolución de la participación de expertos/as en la región y si esto tiene un impacto tanto en la estructura como en los contenidos que el IPCC expone. Cabe señalar que el IPCC elabora reportes regularmente sobre consensos científicos respecto de distintas temáticas. La región participa desde la creación de la organización en 1988, y actualmente todos los países de la región sudamericana están presentes en ella, mediante la nominación de científicos participantes. No obstante, este trabajo examina el rol de estos científicos dentro de la organización puesto que el IPCC está dotado de una estructura jerárquica, cuyo mayor rango es el buró, quienes participan de este tienen incidencia en los contenidos a discutir.

De esta manera, el equipo liderado por la académica, examina el rol de Sudamérica en el IPCC a través de la participación de los representantes de la región y el rol que cumplen dentro de la organización, y qué impacto tiene la participación de América del Sur, así como la evolución de esta misma dentro de la jerarquía en los contenidos de IPCC. Para esto, la metodología de trabajo empleada consiste en análisis de prensa sobre los expertos, mapeo de expertos en el tiempo, sistematización de los documentos de trabajo de IPCC, así como entrevistas a expertos del organismo.

Los impactos esperados de la participación de Sudamérica, se clasifican en dos partes, primero respecto de la nominación de actores y en segundo lugar sobre la inclusión de temáticas y métricas de adaptación y mitigación que sean sensibles a la realidad de Sudamérica. Desde la participación en la estructura jerárquica, podría esperarse una mayor difusión de la problematización de los cambios del clima en la región y sus efectos, así como también en los compromisos climáticos.

Este trabajo, en palabras de la académica «significa un avance científico en distintas direcciones. En primer lugar, implica un giro en los estudios en torno al IPCC que aborden los contenidos del mismo, donde se identifica un vacío en la literatura, y, en segundo lugar, significa un estudio vanguardista sobre diplomacia científica.»

El trabajo de la profesora Ibarra se enmarca en el Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional, línea “Elaboración de artículos” a cargo de la Dirección de Investigación de la Facultad de Gobierno. | Leer en UChile

• El Ministerio del Medio Ambiente presentó el anteproyecto de compromisos climáticos en el marco del Acuerdo de Paris, que ponen especial foco en la concreción de medidas y planes para reducir las emisiones de metano, entre otros gases de efecto invernadero que contaminan y calientan el planeta. Además, la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) busca incorporar la acción climática en todos los sectores y territorios del país. “Queremos seguir fortaleciendo esta política climática con las voces de todas y todos”, señaló la ministra Maisa Rojas. Para profundizar sobre este tema, País Circular realizará este viernes un webinar donde participarán Anahí Urquiza, U. de Chile; Andrés Pica, MMA; y María Teresa Ruiz Tagle, CLG-Chile.