Por Igora Martínez, periodista de la Facultad de Gobierno U. de Chile

El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y su abordaje requiere tanto de marcos normativos claros como de la generación de conocimiento que permita aterrizar las políticas en los territorios. En ese cruce entre ciencia y políticas públicas se ubica el proyecto Fondecyt “El Rol de la Ciencia en la Implementación de la Ley Marco de Cambio Climático”, dirigido por la académica de la Facultad de Gobierno, Cecilia Ibarra, en el que participan activamente tres estudiantes del Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local (MAGDEL)de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile: Daniela Fuentes, Catalina Paz Contreras y Catalina Riveros, a quienes este año se sumó la estudiante Tamara Muñoz, también como tesista del proyecto.

Su participación refleja no solo la vocación académica aplicada del programa, sino también el compromiso de estas profesionales con la construcción de un desarrollo territorial sostenible y con el fortalecimiento de la acción climática en Chile.

Daniela Fuentes Jara: la experiencia de El Quisco y la importancia de la trayectoria ambiental

Para Daniela Fuentes, administradora pública y estudiante del MAGDEL, integrarse al equipo de investigación fue una oportunidad para alinear su trayectoria académica con uno de sus principales intereses: el medioambiente.

“El grupo de investigación del Fondecyt fue una gran oportunidad, ya que coincidió con el desarrollo de mi actividad formativa equivalente a tesis en el Magíster. Siendo el tema medioambiental uno de mis principales intereses, participar en este proyecto me permitió vincular mi trabajo académico con un área de alta relevancia personal”, comenta.

Su investigación se centró en el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) de El Quisco, la primera comuna en Chile en aprobar este instrumento, establecido como obligatorio en la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC).

“El trabajo de campo y la revisión documental mostraron que una trayectoria sólida en gestión ambiental facilita la implementación temprana de instrumentos como el PACCC. También se observa que la existencia de redes interinstitucionales, la voluntad política y la asignación de recursos son factores decisivos para transformar el conocimiento científico en acciones concretas”, señala.

Catalina Paz Contreras: hidrógeno verde y transición energética en Magallanes

El interés de Catalina Paz Contreras por el cambio climático se vincula a su tesis de Magíster, centrada en los desafíos y oportunidades del hidrógeno verde en la Región de Magallanes. Su integración al Fondecyt fue posible gracias a la invitación de la académica Cecilia Ibarra, lo que le permitió extender su investigación a los objetivos del proyecto.

“Mi motivación radica en la relevancia de abordar el cambio climático mediante políticas públicas sustentadas en evidencia científica, que al mismo tiempo consideren las realidades socioeconómicas y ambientales de las distintas regiones del país”, explica.

En el marco del proyecto, Catalina se enfocó en la recopilación y análisis de datos cualitativos, con atención en los actores involucrados en la transición energética: “He podido aplicar conocimientos adquiridos en mi tesis, particularmente en el análisis de discursos y percepciones sobre la transición energética a partir de la prensa local. Esto me ha permitido vincular estos insumos con el análisis de políticas públicas y profundizar en la relación entre comunicación, ciencia y sostenibilidad territorial”, detalla.

Para ella, el aprendizaje más relevante ha sido comprender el rol del Estado como facilitador de políticas sostenibles en territorios con realidades específicas, como Magallanes.

Catalina Riveros: gobernanza climática en la Región de Los Ríos

Por su parte, Catalina Riveros se integró al equipo de investigación también en el marco de su tesis, donde analizó la elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio Climático en la Región de Los Ríos.

Su rol estuvo enfocado en la investigación cualitativa y en la revisión de marcos normativos regionales, junto con la identificación de actores clave vinculados a la gobernanza climática.

“Mi motivación surge del interés por comprender cómo el cambio climático, uno de los principales desafíos de la actualidad, afecta a los territorios y cómo, desde estos, se pueden formular políticas que den respuesta a esta problemática en un marco de gobernanza colaborativa”, señala.

En su mirada, la experiencia ha sido fundamental para comprender la necesidad de coordinación multinivel en la implementación de la LMCC: “El Estado tiene un rol fundamental en el desarrollo territorial sostenible, no solo desde la mirada nacional, sino también articulando distintos niveles de gobierno. El caso de Los Ríos me mostró la importancia de que el Estado coordine y trabaje de forma coherente, pero considerando las necesidades locales”, afirma.

Este semestre una nueva tesista de MAGDEL se une al proyecto, Tamara Muñoz Aravena que investiga las condiciones habilitantes para la acción climática local, comparado de los PACCC de las comunas de Talca, Linares y Constitución.

Ciencia y política: un vínculo necesario para la acción climática

El proyecto Fondecyt busca justamente entender cómo la ciencia puede contribuir a la implementación de la LMCC, identificando tanto las oportunidades como las brechas en este proceso. Para las estudiantes, esta experiencia ha sido también un laboratorio vivo para aplicar los aprendizajes del MAGDEL en contextos concretos.

“Estudiar el vínculo entre la ciencia y las políticas climáticas proporciona evidencia necesaria para diseñar políticas contextualizadas a los territorios y con resultados más eficientes”, concluye Daniela Fuentes.

El trabajo de las tres estudiantes muestra que, frente a un desafío tan complejo como el cambio climático, la articulación entre investigación, Estado y territorios es clave. Su participación no solo enriquece el proyecto, sino que también aporta al debate sobre cómo construir un Chile más resiliente, sostenible y con políticas públicas informadas con evidencia.

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Por María Fernanda Quiroz.

Para esto, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y directora del Centro de Derecho Ambiental de dicha casa de estudios, indicó que es necesario realizar un diagnóstico de las emisiones de gases efecto invernadero y del nivel de vulnerabilidad de los distintos sectores. “Éstos se deberían hacer con la mejor ciencia disponible y los conocimientos locales”, dijo.

Asimismo, la abogada y directora del CR2, señaló que en este Centro se están desarrollando diversas herramientas para apoyar a los tomadores de decisión en la gestión de riesgos a nivel comunal. Una de ellas es una plataforma de vulnerabilidad comunal que está diseñada para ayudar a identificar y evaluar los riesgos específicos de un territorio.

También en el CR2 dispone de un manual para la implementación de talleres para la Elaboración de Planes de Acción Climática a nivel Regional y Comunal.“Se han creado manuales que guían sobre las etapas y la integración de distintos actores en la gestión de riesgos, lo que es vital en municipios con pocos funcionarios”, señaló.

En este sentido, para Pilar Moraga, es vital conectar la evidencia científica con los tomadores de decisiones locales, promoviendo de esta forma la ciencia situada y asegurando que la información sea accesible y relevante.

Además, “hay esfuerzos para elaborar indicadores que permitan el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas y los planes de gestión de riesgos, lo cual es crucial para evaluar su efectividad y hacer ajustes”, mencionó.

En efecto, algunos de los indicadores desarrollados por el CR2 abordan la resiliencia urbana, seguridad hídrica y gobernanza climática.

A juicio de la directora del CR2, estas herramientas buscan mejorar la capacidad de los municipios para gestionar riesgos de manera más efectiva, integrando la ciencia y la práctica en la toma de decisiones.

Desafíos para aplicar la ciencia local 

“Los países en desarrollo enfrentan varios desafíos significativos a la hora de generar y aplicar evidencia científica local en políticas públicas”, aseguró Pilar Moraga.

Algunos de estos desafíos son que la evidencia científica se relacione efectivamente con los tomadores de decisiones, ya que “no basta con tener investigaciones publicadas; sino que es crucial traducir esa información a un formato que los decisores puedan entender y utilizar”, planteó.

Por otra parte, la directora del Centro FONDAP ANID CR2, se refirió a un contexto actual de precariedad para la generación de evidencia científica. “La financiación temporal de las investigaciones, por periodos de 5 a 10 años, puede impedir el desarrollo continuo y efectivo de equipos interdisciplinarios que trabajen en estas áreas”, advirtió.

Asimismo, sostuvo que existen limitaciones respecto a las herramientas disponibles para la toma de decisiones, lo que puede dificultar la identificación y diagnóstico de problemas locales. “Es esencial crear nuevas plataformas y manuales que faciliten el proceso de toma de decisiones en cada contexto”, expresó.

Los aspectos mencionados por la directora del CR2, reflejan la complejidad de generar y aplicar evidencia científica en contextos donde los recursos y capacidades pueden ser limitadas.

En este contexto y con el fin de ofrecer evidencia científica de manera abierta y actualizada, tanto para tomadores de decisiones y la sociedad civil, el CR2 también ha desarrollado una plataforma con datos climáticos propios y extraídos de las principales bases de datos nacionales, como las que mantiene la Dirección Meteorológica de Chile, y que se puede consultar en https://dataclima.cr2.cl/

El documento “proporciona una guía práctica y metodológica para realizar talleres que faciliten la formulación de planes de adaptación y mitigación en el ámbito regional y comunal (PARCC y PACCC), de acuerdo con los lineamientos de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC)” y tiene como propósito “facilitar la planificación y realización de talleres orientados a la creación de Planes de Acción Climática a nivel regional y local, asegurando que los participantes puedan llevar a cabo un diagnóstico de riesgos y fuentes de emisión, construir una visión estratégica integrada, evaluar y priorizar medidas de adaptación y mitigación, y definir acciones e indicadores específicos”.

En calidad de autoras del manual participaron Bárbara Morales Aguirre y María Ignacia Silva Tobar, con la colaboración de Ana María Ugarte, Felipe Grez, Sebastián Villalón, Nicolás Huneeus, Nicolás Álamos, Marco Billi, Roxana Bórquez, Camila Álvarez, Gustavo Blanco, Martín Jacques, Gonzalo Palomo, Laura Ramajo, Rodolfo Sapiains, Pilar Moraga, Laura Gallardo y María Paz Lillo; y la diagramación de Giselle Ogaz y Francisca Pedreros.

De acuerdo con la Ley Marco de Cambio Climático, a los Comités Regionales para el Cambio Climático les corresponde elaborar los Planes de Acción Regional de Cambio Climático, los que tienen por finalidad “definir los objetivos e instrumentos de la gestión del cambio climático a nivel regional y comunal, los que deberán ajustarse y ser coherentes con las directrices de la Estrategia Climática de Largo Plazo, los Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación, los Planes Comunales de Mitigación y Adaptación, así como los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos de Cuencas, cuando existan” (artículo 11). Por su parte, las municipalidades deben elaborar los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático, “los que serán consistentes con las directrices generales establecidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo y en los planes de acción regional de cambio climático” (artículo 12). El incumplimiento de esto último, de acuerdo con la ley “en el plazo de tres años contados desde la publicación de esta ley, se sancionará con multa correspondiente a una remuneración mensual del respectivo alcalde”.

La Ley Marco de Cambio Climático “tiene por objeto hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050, adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia” (artículo 1°). | Leer en uchile.cl

En estos días se inauguró la COP28 en Dubái, ocasión en la cual se deberá presentar el primer balance mundial de la aplicación del Acuerdo de París, el cual permitirá determinar el avance colectivo alcanzado por los Estados partes, en el cumplimiento de su objetivo de largo plazo. Nos referimos en particular al propósito de no superar el aumento de la temperatura global del planeta en 1.5°C, respecto de la era preindustrial. Este balance incluirá los esfuerzos en mitigación y adaptación, así como aquellos desplegados por los países desarrollados en materia financiera y cooperación tecnológica, en apoyo a países en desarrollo y menos aventajados.

Las conclusiones obtenidas permitirán levantar las alertas, ahí donde sea necesario, para mejorar las medidas adoptadas y aumentar la ambición.

La agenda de negociaciones también contempla continuar con las discusiones relativas al mecanismo de pérdidas y daños provocados por los efectos del cambio climático en los países en desarrollo. Quién financia, cuánto financia, quién recibe el financiamiento y en qué condiciones, son algunas de las cuestiones a resolver en este ámbito. Sin embargo y pese a las polémicas que genera que un país petrolero presida las negociaciones de cambio climático, no es necesario esperar que estas finalicen para saber que en el caso de Chile deberemos seguir enfocados en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, definiendo y ejecutando las medidas de reducción de gases de efecto invernadero y de adaptación frente a los impactos provocados por el aumento de la temperatura global (sequía, incendios, aluviones, entre otros). En esta línea, hay que reconocer que la COP28 nos da una nueva oportunidad, a nivel nacional, de subrayar los desafíos del cambio climático en los medios y, con ello, refrescar la memoria a quienes lideran los sectores responsables de ejecutar dicha tarea (Hacienda, Economía, Obras Públicas, Energía, Transporte, Minería, entre otros), los gobiernos regionales y los municipios del país, respecto de la urgencia de contar con sus planes de mitigación y adaptación, a más tardar en junio de 2024 y junio de 2025, respectivamente. En efecto, uno de los grandes aportes de esta ley fue el de concebir el cambio climático como una tarea del Estado y de la sociedad toda, dejando atrás la idea de una cuestión sectorial de único resorte del Ministerio de Medio Ambiente.

Pilar Moraga
Subdirectora (CR)2
Directora del Centro de Derecho Ambiental U. de Chile

Leer en La Tercera

Con el pasar de los años, la información científica sobre la afectación humana a las condiciones ambientales globales es cada vez mayor y las consecuencias se sienten en todas las regiones del mundo. Eso se evidencia en el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar y la exposición a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos que exponen a las personas a riesgos y amenazas, como el desplazamiento forzado, ante los cuales los Estados tienen el deber de actuar.

Chile no es ajeno a esta realidad, por las características del territorio, es altamente vulnerable al cambio climático y sus efectos se presentan en la cotidianidad de las personas, en referencia a ello, la encuesta de Datavoz encargada por la ONG FIMA, mostró que 71% de las personas consultadas respondieron que el cambio climático afecta sus vidas. De esta manera, hacer frente al cada vez más apremiante cambio climático entonces, como toda decisión ambiental, requiere de una ciudadanía informada y empoderada para participar y exigir la rendición de cuentas a los gobiernos respecto a las acciones que hacen o que dejan de realizar.

En el caso de Chile, se ha decidido conducir la respuesta a esta problemática a través de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), que fue promulgada en junio de 2022. Esta ley requiere para su plena implementación y vigencia de una serie de reglamentos y modificaciones reglamentarias los que, conforme al artículo tercero transitorio de la LMCC, debían dictarse dentro del primer año de entrada en vigencia, es decir hasta el 13 de junio de 2023.

En este contexto surge Acción Climática – Del Dicho al Hecho (DDAH) una propuesta que tiene como objetivo proporcionar información clara y comprensible sobre el estado de avance y cumplimiento de los objetivos por el Estado de Chile en el contexto de implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Este estudio reveló que todavía está pendiente el avance en un 35,9% de las normas que permitirán su implementación.

El análisis, impulsado por la Fundación Ciudadanía Inteligente, el Centro de Resiliencia del Clima (CR2) y la Fundación Friedrich Ebert en Chile, con la colaboración del Centro de Derecho Ambiental (CDA), “Nuestra América Verde” (NAVE) y la ONG FIMA, tiene por objeto entregar a la ciudadanía una herramienta con información clara y comprensible que posibilite a las personas participar y exigir acciones urgentes respecto del cambio climático.

Si bien se constatan avances queda trabajo por hacer para garantizar que la LMCC esté plenamente vigente y cumpla sus objetivos de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Ya que este retraso va en contra del sentido de urgencia que hoy plantea la emergencia climática.

El compromiso de la sociedad civil, los y las ciudadanas y las organizaciones, en fortalecer el acceso a la información y rendición de cuentas, es fundamental para mantener la presión y garantizar que las medidas necesarias se implementen a tiempo.

Por Josefina Correa, coordinadora de Incidencia de la Fundación Ciudadania Inteligente, y Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. | Leer en La Tercera

Producto de la emergencia global provocada por el cambio climático es que las autoridades de Chile dictaron la Ley Marco de Cambio Climático que estableció un conjunto de reglamentos que debían ser promulgados en junio de 2023.

El análisis, impulsado por la Fundación Ciudadanía Inteligente, el Centro de Resiliencia del Clima (CR2) y la Fundación Friedrich Ebert en Chile, con la colaboración del Centro de Derecho Ambiental (CDA), “Nuestra América Verde” (NAVE) y la ONG FIMA, revisó el avance de estas normas revelando que a más de un año de la publicación de la ley queda todavía por dictar un 35,9% de los reglamentos que permitirán su implementación.

“Este retraso sin duda es relevante para la ciudadanía que percibe el impacto de la crisis climática diariamente. Cabe mencionar que según datos proporcionados por el Banco Europeo de Inversiones, un 88% de los chilenos encuestados ha sentido los efectos de la crisis climática en su vida cotidiana. Que hoy tengamos un retraso de este nivel en la implementación va en contra del sentido de urgencia que hoy plantea la emergencia climática”, indicaron desde la alianza.

Lo que falta implementar

El análisis midió seis áreas que requieren de la dictación de normas: planificación, reducción de gases de efecto invernadero (GEI), institucionalidad, sistema de información, participación y modificaciones a la gestión ambiental.

De esta manera, según el informe, se evidencia que se ha avanzado un 60% en las normas relacionadas con los gases de efecto invernadero (GEI), un 62% en el avance de las normas relacionadas con la institucionalidad para el cambio climático y un 50% en las normas sobre participación.

Sobre este último punto desde las organizaciones fueron tajantes, “las personas tienen derecho a participar y exigir a los gobiernos actuar ante los efectos del cambio climático. Desde Ciudadanía Inteligente creemos que para participar es necesaria la información cercana, clara y comprensible tal como se reconoce en el Acuerdo de Escazú, por eso impulsamos Acción Climática, invitando a la ciudadanía a hacerse parte y a exigir el avance de los gobiernos”, comenta Josefina Correa, coordinadora de incidencia de FCI.

Por su parte, Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y directora del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, indicó que “la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático es compleja en razón de su carácter transversal y el número de órganos del Estado involucrados en esta tarea. Pese a ello, estos números nos muestran que se está avanzando de manera decidida y sin vuelta atrás“.

Si bien estos avances son alentadores, de acuerdo con las organizaciones queda trabajo por hacer para garantizar que la LMCC esté plenamente vigente y cumpla sus objetivos de mitigación y adaptación frente al cambio climático. El compromiso de la sociedad civil, los y las ciudadanas y las organizaciones, por ello es fundamental para mantener la presión y garantizar que las medidas necesarias se implementen a tiempo. | Leer en CNN Chile.

Dado que Chile es un país vulnerable a los efectos del cambio climático, las autoridades dictaron la Ley Marco de Cambio Climático que estableció un conjunto de reglamentos que debían ser promulgados en junio de 2023.

El análisis, impulsado por la Fundación Ciudadanía Inteligente, el Centro de Resiliencia del Clima (CR2) y la Fundación Friedrich Ebert en Chile, con la colaboración del Centro de Derecho Ambiental (CDA), «Nuestra América Verde» (NAVE) y la ONG FIMA, revisó el avance de estas normas revelando que a más de un año de la publicación de la ley queda todavía por dictar un 35,9% de los reglamentos que permitirán su implementación.

“Este retraso sin duda es relevante para la ciudadanía que percibe el impacto de la crisis climática diariamente. Cabe mencionar que según datos proporcionados por el Banco Europeo de Inversiones, un 88% de los chilenos encuestados ha sentido los efectos de la crisis climática en su vida cotidiana. Que hoy tengamos un retraso de este nivel en la implementación va en contra del sentido de urgencia que hoy plantea la emergencia climática”, indicaron desde la alianza.

El análisis midió seis áreas que requieren de la dictación de normas: planificación, reducción de gases de efecto invernadero (GEI), institucionalidad, sistema de información, participación y modificaciones a la gestión ambiental.

De esta manera, según el informe, se evidencia que se ha avanzado un 60% en las normas relacionadas con los gases de efecto invernadero (GEI), un 62% en el avance de las normas relacionadas con la institucionalidad para el cambio climático y un 50% en las normas sobre participación.

Sobre este último punto desde las organizaciones fueron tajantes, “las personas tienen derecho a participar y exigir a los gobiernos actuar ante los efectos del cambio climático. Desde Ciudadanía Inteligente creemos que para participar es necesaria la información cercana, clara y comprensible tal como se reconoce en el Acuerdo de Escazú, por eso impulsamos Acción Climática, invitando a la ciudadanía a hacerse parte y a exigir el avance de los gobiernos”, comenta Josefina Correa, coordinadora de incidencia de FCI.

Por su parte, Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y directora del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, indicó que “la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático es compleja en razón de su carácter transversal y el número de órganos del Estado involucrados en esta tarea. Pese a ello, estos números nos muestran que se está avanzando de manera decidida y sin vuelta atrás».

Si bien estos avances son alentadores, de acuerdo con las organizaciones queda trabajo por hacer para garantizar que la LMCC esté plenamente vigente y cumpla sus objetivos de mitigación y adaptación frente al cambio climático. El compromiso de la sociedad civil, los y las ciudadanas y las organizaciones, por ello es fundamental para mantener la presión y garantizar que las medidas necesarias se implementen a tiempo.

El estudio Accionclimaticachile.cl es impulsado por Ciudadanía Inteligente, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y la Fundación Friedrich Ebert en Chile, con la colaboración del Centro de Derecho Ambiental (CDA), «Nuestra América Verde» (NAVE) y la ONG FIMA.

Acción Climática – DDAH es una plataforma creada por para proporcionar información clara y comprensible sobre el progreso en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC).

Datos clave del estudio:

• A más de un año de la publicación de la Ley Marco de Cambio Climático, se ha logrado un avance del 64,1% en la promulgación de los reglamentos necesarios.
• Se han agrupado las modificaciones reglamentarias en seis áreas clave, incluyendo Planificación, Reducción de gases de efecto invernadero (GEI), Institucionalidad, Sistema de información, Participación y Modificaciones a la gestión ambiental (Servicio de Evaluación Ambiental, SEIA; Evaluación Ambiental Estratégica, EAE; Ordenamiento Territorial).
• En cuanto al avance por categoría, destacamos:
  • 70,8% de avance en las normas relacionadas con la planificación estatal en torno al cambio climático.
  • 60% de avance en las normas que regulan los gases de efecto invernadero (GEI).
  • 62,5% de avance en las normas relacionadas con la institucionalidad creada por la LMCC.
  • 56,2% de avance en las normas relacionadas con el sistema de información.
  • 50% de avance en las modificaciones para establecer un nuevo estándar de participación en materia ambiental.
  • 58,3% de avance en las modificaciones necesarias para actualizar los instrumentos de gestión ambiental. | Para conocer más revisa aquí