Por Igora Martínez, periodista de la Facultad de Gobierno U. de Chile

El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y su abordaje requiere tanto de marcos normativos claros como de la generación de conocimiento que permita aterrizar las políticas en los territorios. En ese cruce entre ciencia y políticas públicas se ubica el proyecto Fondecyt “El Rol de la Ciencia en la Implementación de la Ley Marco de Cambio Climático”, dirigido por la académica de la Facultad de Gobierno, Cecilia Ibarra, en el que participan activamente tres estudiantes del Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local (MAGDEL)de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile: Daniela Fuentes, Catalina Paz Contreras y Catalina Riveros, a quienes este año se sumó la estudiante Tamara Muñoz, también como tesista del proyecto.

Su participación refleja no solo la vocación académica aplicada del programa, sino también el compromiso de estas profesionales con la construcción de un desarrollo territorial sostenible y con el fortalecimiento de la acción climática en Chile.

Daniela Fuentes Jara: la experiencia de El Quisco y la importancia de la trayectoria ambiental

Para Daniela Fuentes, administradora pública y estudiante del MAGDEL, integrarse al equipo de investigación fue una oportunidad para alinear su trayectoria académica con uno de sus principales intereses: el medioambiente.

“El grupo de investigación del Fondecyt fue una gran oportunidad, ya que coincidió con el desarrollo de mi actividad formativa equivalente a tesis en el Magíster. Siendo el tema medioambiental uno de mis principales intereses, participar en este proyecto me permitió vincular mi trabajo académico con un área de alta relevancia personal”, comenta.

Su investigación se centró en el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) de El Quisco, la primera comuna en Chile en aprobar este instrumento, establecido como obligatorio en la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC).

“El trabajo de campo y la revisión documental mostraron que una trayectoria sólida en gestión ambiental facilita la implementación temprana de instrumentos como el PACCC. También se observa que la existencia de redes interinstitucionales, la voluntad política y la asignación de recursos son factores decisivos para transformar el conocimiento científico en acciones concretas”, señala.

Catalina Paz Contreras: hidrógeno verde y transición energética en Magallanes

El interés de Catalina Paz Contreras por el cambio climático se vincula a su tesis de Magíster, centrada en los desafíos y oportunidades del hidrógeno verde en la Región de Magallanes. Su integración al Fondecyt fue posible gracias a la invitación de la académica Cecilia Ibarra, lo que le permitió extender su investigación a los objetivos del proyecto.

“Mi motivación radica en la relevancia de abordar el cambio climático mediante políticas públicas sustentadas en evidencia científica, que al mismo tiempo consideren las realidades socioeconómicas y ambientales de las distintas regiones del país”, explica.

En el marco del proyecto, Catalina se enfocó en la recopilación y análisis de datos cualitativos, con atención en los actores involucrados en la transición energética: “He podido aplicar conocimientos adquiridos en mi tesis, particularmente en el análisis de discursos y percepciones sobre la transición energética a partir de la prensa local. Esto me ha permitido vincular estos insumos con el análisis de políticas públicas y profundizar en la relación entre comunicación, ciencia y sostenibilidad territorial”, detalla.

Para ella, el aprendizaje más relevante ha sido comprender el rol del Estado como facilitador de políticas sostenibles en territorios con realidades específicas, como Magallanes.

Catalina Riveros: gobernanza climática en la Región de Los Ríos

Por su parte, Catalina Riveros se integró al equipo de investigación también en el marco de su tesis, donde analizó la elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio Climático en la Región de Los Ríos.

Su rol estuvo enfocado en la investigación cualitativa y en la revisión de marcos normativos regionales, junto con la identificación de actores clave vinculados a la gobernanza climática.

“Mi motivación surge del interés por comprender cómo el cambio climático, uno de los principales desafíos de la actualidad, afecta a los territorios y cómo, desde estos, se pueden formular políticas que den respuesta a esta problemática en un marco de gobernanza colaborativa”, señala.

En su mirada, la experiencia ha sido fundamental para comprender la necesidad de coordinación multinivel en la implementación de la LMCC: “El Estado tiene un rol fundamental en el desarrollo territorial sostenible, no solo desde la mirada nacional, sino también articulando distintos niveles de gobierno. El caso de Los Ríos me mostró la importancia de que el Estado coordine y trabaje de forma coherente, pero considerando las necesidades locales”, afirma.

Este semestre una nueva tesista de MAGDEL se une al proyecto, Tamara Muñoz Aravena que investiga las condiciones habilitantes para la acción climática local, comparado de los PACCC de las comunas de Talca, Linares y Constitución.

Ciencia y política: un vínculo necesario para la acción climática

El proyecto Fondecyt busca justamente entender cómo la ciencia puede contribuir a la implementación de la LMCC, identificando tanto las oportunidades como las brechas en este proceso. Para las estudiantes, esta experiencia ha sido también un laboratorio vivo para aplicar los aprendizajes del MAGDEL en contextos concretos.

“Estudiar el vínculo entre la ciencia y las políticas climáticas proporciona evidencia necesaria para diseñar políticas contextualizadas a los territorios y con resultados más eficientes”, concluye Daniela Fuentes.

El trabajo de las tres estudiantes muestra que, frente a un desafío tan complejo como el cambio climático, la articulación entre investigación, Estado y territorios es clave. Su participación no solo enriquece el proyecto, sino que también aporta al debate sobre cómo construir un Chile más resiliente, sostenible y con políticas públicas informadas con evidencia.

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Por María Fernanda Quiroz.

Para esto, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y directora del Centro de Derecho Ambiental de dicha casa de estudios, indicó que es necesario realizar un diagnóstico de las emisiones de gases efecto invernadero y del nivel de vulnerabilidad de los distintos sectores. “Éstos se deberían hacer con la mejor ciencia disponible y los conocimientos locales”, dijo.

Asimismo, la abogada y directora del CR2, señaló que en este Centro se están desarrollando diversas herramientas para apoyar a los tomadores de decisión en la gestión de riesgos a nivel comunal. Una de ellas es una plataforma de vulnerabilidad comunal que está diseñada para ayudar a identificar y evaluar los riesgos específicos de un territorio.

También en el CR2 dispone de un manual para la implementación de talleres para la Elaboración de Planes de Acción Climática a nivel Regional y Comunal.“Se han creado manuales que guían sobre las etapas y la integración de distintos actores en la gestión de riesgos, lo que es vital en municipios con pocos funcionarios”, señaló.

En este sentido, para Pilar Moraga, es vital conectar la evidencia científica con los tomadores de decisiones locales, promoviendo de esta forma la ciencia situada y asegurando que la información sea accesible y relevante.

Además, “hay esfuerzos para elaborar indicadores que permitan el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas y los planes de gestión de riesgos, lo cual es crucial para evaluar su efectividad y hacer ajustes”, mencionó.

En efecto, algunos de los indicadores desarrollados por el CR2 abordan la resiliencia urbana, seguridad hídrica y gobernanza climática.

A juicio de la directora del CR2, estas herramientas buscan mejorar la capacidad de los municipios para gestionar riesgos de manera más efectiva, integrando la ciencia y la práctica en la toma de decisiones.

Desafíos para aplicar la ciencia local 

“Los países en desarrollo enfrentan varios desafíos significativos a la hora de generar y aplicar evidencia científica local en políticas públicas”, aseguró Pilar Moraga.

Algunos de estos desafíos son que la evidencia científica se relacione efectivamente con los tomadores de decisiones, ya que “no basta con tener investigaciones publicadas; sino que es crucial traducir esa información a un formato que los decisores puedan entender y utilizar”, planteó.

Por otra parte, la directora del Centro FONDAP ANID CR2, se refirió a un contexto actual de precariedad para la generación de evidencia científica. “La financiación temporal de las investigaciones, por periodos de 5 a 10 años, puede impedir el desarrollo continuo y efectivo de equipos interdisciplinarios que trabajen en estas áreas”, advirtió.

Asimismo, sostuvo que existen limitaciones respecto a las herramientas disponibles para la toma de decisiones, lo que puede dificultar la identificación y diagnóstico de problemas locales. “Es esencial crear nuevas plataformas y manuales que faciliten el proceso de toma de decisiones en cada contexto”, expresó.

Los aspectos mencionados por la directora del CR2, reflejan la complejidad de generar y aplicar evidencia científica en contextos donde los recursos y capacidades pueden ser limitadas.

En este contexto y con el fin de ofrecer evidencia científica de manera abierta y actualizada, tanto para tomadores de decisiones y la sociedad civil, el CR2 también ha desarrollado una plataforma con datos climáticos propios y extraídos de las principales bases de datos nacionales, como las que mantiene la Dirección Meteorológica de Chile, y que se puede consultar en https://dataclima.cr2.cl/

Introducción

La Ley 21.455, Marco de Cambio Climático (LMCC), se vale de un sistema de instrumentos de gestión del cambio climático (IGCC) para alcanzar el objetivo establecido en su artículo 1: “hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050, adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia”.

Los IGCC se dividen en cuatro niveles de acción: nacional, nacional sectorial, regional y local, pero para efectos del presente Análisis CR2, nos concentraremos en el nivel nacional sectorial, comprendido por los Planes Sectoriales de Mitigación del Cambio Climático (PSMCC) y los Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático (PSACC). Los PSMCC establecen: “el conjunto de acciones y medidas para reducir o absorber gases de efecto invernadero, de manera de no sobrepasar el presupuesto sectorial de emisiones asignado a cada autoridad sectorial en la ECLP” (art. 8 LMCC); en tanto, los PSACC contienen: “el conjunto de acciones y medidas para lograr adaptar al cambio climático aquellos sectores con mayor vulnerabilidad y aumentar su resiliencia climática, de conformidad con los objetivos y las metas de adaptación definidas en la ECLP” (art. 9 LMCC).

En otras oportunidades nos hemos referido a los procedimientos de elaboración de dichos instrumentos, evaluando el cumplimiento de los estándares legales en materia de plazos, participación ciudadana y acceso a la información^[1]. A la fecha de publicación del presente Análisis se encuentran disponibles sus proyectos definitivos, aunque aún no han sido publicados en el Diario Oficial.

Entonces, contando ya con los planes sectoriales de adaptación y mitigación, corresponde analizar si los Ministerios sectoriales incluyeron en sus respectivos planes los contenidos mínimos exigidos por la LMCC y el Reglamento que establece los procedimientos asociados a los IGCC.

Evaluación de los proyectos definitivos de los Planes Sectoriales de Cambio Climático

En esta sección, se presenta, en primer lugar, una revisión del cumplimiento por instrumento, es decir, el grado en que cada plan sectorial incorpora los contenidos mínimos establecidos por la normativa aplicable, distinguiendo tres niveles: cumplido, parcialmente cumplido e incumplido.

En segundo lugar, se aborda el cumplimiento por indicador, evaluando cuántos de los planes analizados cumplen con cada uno de los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento. De esta manera, nuevamente se utiliza la clasificación entre contenido cumplido, parcialmente cumplido e incumplido.

A.    Planes Sectoriales de Mitigación del Cambio Climático

El artículo 8 de la LMCC establece como responsables de la dictación de los Planes Sectoriales de Mitigación a: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Energía. El gráfico N° 1 permite observar el nivel de cumplimiento de los contenidos mínimos que deben contener dichos planes.

Gráfico N° 1

Porcentaje de contenidos mínimos considerados en los PSMCC (por instrumento). Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, los sectores con peor desempeño son Minería (con 55,6 % de cumplimiento satisfactorio, 16,7 % de cumplimiento parcial y 27,8 % de incumplimiento) y Agricultura (con 55,6 % de cumplimiento satisfactorio, 38,9 % de cumplimiento parcial y 5,6 % de incumplimiento); mientras que los con mejor desempeño son Energía (con 88,9 % de cumplimiento satisfactorio, 5,6 % de cumplimiento parcial y 5,6 % de incumplimiento), Salud (con 77,8 % de cumplimiento satisfactorio, 22,2 % de cumplimiento parcial y 0 % de incumplimiento) y Transportes (con 83,3 % de cumplimiento satisfactorio, 11,1 % de cumplimiento parcial y 5,6 % de incumplimiento).

En seguida se muestra el gráfico N° 2, en que es posible observar el nivel de cumplimiento desde la perspectiva de los 18 indicadores de evaluación construidos a partir de los contenidos mínimos descritos en los artículos 8 de la LMCC y 33 del Reglamento, los que se pueden ver en la Tabla 3 de los Anexos.

Gráfico N° 2

Porcentaje de contenidos mínimos considerados en los PSMCC (por indicador). Fuente: Elaboración propia.

Desde esta perspectiva, queda en evidencia que los indicadores con mejor nivel de cumplimiento son: el 8A1 (el plan contiene un diagnóstico sectorial), 8A3 (el plan contiene la determinación del potencial de reducción de emisiones o absorción de gases de efecto invernadero), 8B1 (el plan contiene una descripción detallada de las medidas de mitigación a nivel nacional), 8B5 (el plan cumple con asignar responsables de la implementación de las medidas de mitigación), 8C3 (el plan cumple con indicar los plazos asociados a las medidas relativas a los medios de implementación), 8C4 (el plan cumple con asignar responsables de la implementación de las medidas relativas a los medios de implementación) y 8D1 (el plan contiene indicadores de monitoreo), todos ellos con un 100 % de cumplimiento satisfactorio.

Por otro lado, los indicadores con peor nivel de cumplimiento son: el 8B3 (con 14,3 % de cumplimiento satisfactorio, 57,1 % de cumplimiento parcial y 28,6 % de incumplimiento) y 8D2 (con 14,3 % de cumplimiento satisfactorio, 28,6 % de cumplimiento parcial y 57,1 % de incumplimiento), correspondiendo 8B3 a “el plan contiene una descripción detallada de las medidas de mitigación a nivel comunal” y 8D2 a “el plan contiene mecanismos de reporte”.

B.     Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático

El artículo 9 de la Ley establece una lista de doce Planes Sectoriales de Adaptación y los Ministerios responsables de su dictación^[2]. El gráfico N° 3 describe el nivel de cumplimiento de cada plan.

Gráfico N° 3

Porcentaje de contenidos mínimos considerados en los PSACC (por instrumento). Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, los sectores con peor desempeño son el Silvoagropecuario (con 54,2 % de cumplimiento satisfactorio, 4,2 % de cumplimiento parcial y 41,7 % de incumplimiento) y Biodiversidad (con 58,3 % de cumplimiento satisfactorio, 12,5 % de cumplimiento parcial y 29,2 % de incumplimiento); en tanto, los que tuvieron mejor desempeño son Energía (con 95,8 % de cumplimiento satisfactorio, 0 % de cumplimiento parcial y 4,2 % de incumplimiento) y Recursos hídricos (con 87,5 % de cumplimiento satisfactorio, 12,5 % de cumplimiento parcial y 0 % de incumplimiento).

A continuación, el gráfico N° 4 da cuenta del nivel de cumplimiento de los 24 indicadores de evaluación, construidos a partir de los contenidos mínimos descritos en los artículos 9 de la LMCC y 35 del Reglamento, los que se pueden encontrar en la Tabla 4 de los Anexos.

Gráfico N° 4

Porcentaje de contenidos mínimos considerados en los PSACC (por indicador). Fuente: Elaboración propia.

Desde esta perspectiva, queda en evidencia que los indicadores con mejor nivel de cumplimiento son: el 9A1 (el plan contiene la caracterización de la vulnerabilidad del sector), 9B1 (el plan contiene una evaluación de efectos adversos del cambio climático), 9B2 (el plan contiene una evaluación de riesgos actuales para el sector), 9C1 (el plan contiene una descripción detallada de las medidas de adaptación), 9C3 (el plan cumple con asignar responsables de la implementación de las medidas de adaptación) y 9F1 (el plan contiene indicadores de monitoreo), todos ellos con un 100 % de cumplimiento.

Por otro lado, los indicadores con peor nivel de cumplimiento son el 9B4 (con 33,3 % de cumplimiento satisfactorio, 25 % de cumplimiento parcial y 41,7 % de incumplimiento) y 9C5 (con 33,3 % de cumplimiento satisfactorio, 8,3 % de cumplimiento parcial y 58,3 % de incumplimiento), correspondiendo 9B4 a “el plan contiene una evaluación de riesgos asociados a las zonas latentes que se encuentren declaradas”, y 9C5 a “la priorización de medidas fue realizada en consideración de los lineamientos señalados en la Estrategia Climática de Largo Plazo”.

Conclusiones y reflexiones

Del análisis realizado se desprenden ciertos patrones de incumplimiento que se repiten transversalmente en los instrumentos evaluados. En primer lugar, se evidencia una confusión generalizada respecto de los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV). Las autoridades responsables tienden a identificar el MRV exclusivamente con el monitoreo, omitiendo que es el reporte el que se realiza anualmente, mientras que el monitoreo debiese ser continuo. Esta confusión se refleja en expresiones como: “el monitoreo se realizará anualmente”, que denotan una comprensión incompleta del ciclo MRV. Y si bien la gran mayoría de los planes contienen medios de verificación, aquello no necesariamente permite asegurar que la información aportada sea correcta y precisa, pues no queda claro que aquella información sea sometida periódicamente a alguna forma de revisión o evaluación independiente de un tercero, destacando casos como el del Ministerio del Medio Ambiente, que es el responsable de verificar la información aportada por sí mismo para la evaluación del Plan Sectorial de Adaptación de Biodiversidad.

Asimismo, se constata que varios planes incluyen el diseño de indicadores MRV como parte de sus metas, en lugar de considerarlos como un componente transversal del seguimiento. Un ejemplo de esto se encuentra en la acción N° 5 de la medida de mitigación N° 9 del Plan Sectorial de Mitigación de Transportes, que incorpora la construcción de indicadores como una meta específica, en vez de estructurar el plan sobre la base de ellos.

Por otro lado, en cuanto al contenido exigido por los artículos 33 letra e) y 35 letra h) del DS N° 16, que mandatan a los planes sectoriales incluir recomendaciones para la revisión o actualización de los Planes de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC) correspondientes, se estima que –dada la naturaleza inaugural de esta primera generación de instrumentos– resulta suficiente una mención general sobre el vínculo entre medidas sectoriales y su expresión territorial. Esto es especialmente relevante considerando que la elaboración de instrumentos en los distintos niveles (nacional, regional y local) ha sido simultánea.

En lo que respecta a los planes sectoriales de mitigación, se observa un bajo cumplimiento del requisito de incorporar medidas con alcance regional y comunal. En cuanto a los planes sectoriales de adaptación, este requisito es inexistente a nivel legislativo. Esta omisión normativa refleja una falta de coherencia en el diseño de los instrumentos y limita la articulación efectiva entre niveles de planificación.

Respecto de las medidas de adaptación, una omisión recurrente es la evaluación de su costo-efectividad. A diferencia de las medidas de mitigación, en que su priorización se puede realizar sobre la base de gráficos de costo medio de abatimiento (forma de medir la costo-efectividad de las medidas de mitigación a fin de priorizar las más efectivas al menor costo), las medidas de adaptación parecen presentar una naturaleza más cualitativa, lo que puede dificultar tanto la estimación de los costos asociados a su implementación como la medición de su efectividad. No obstante lo anterior, esta dificultad no debiese traducirse en una omisión total, sobre todo teniendo en consideración que el propio Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (en proceso de actualización a la fecha de publicación del presente trabajo), considera indicadores de seguimiento de resultados para los instrumentos de adaptación al cambio climático.

Finalmente, se observa una comprensión limitada del rol de los medios de implementación, pues muchos planes se restringen a clasificar sus medidas según los medios definidos en la Estrategia Climática de Largo Plazo (financiamiento, desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica), sin cumplir con el estándar legal que exige una descripción detallada de las medidas concretas destinadas a viabilizar la implementación. Esta omisión es significativa, dado que los medios de implementación constituyen los instrumentos habilitantes que permiten pasar del diseño a la acción, asegurando la efectividad de las medidas y su sostenibilidad en el tiempo.

Notas

^[1] Disponibles en: https://leycambioclimatico.cl/implementacion-ley-cambio-climatico/.

^[2] A continuación se detallan los planes mandatados por la ley con el ministerio responsable indicado entre paréntesis: Salud (Ministerio de Salud), Recursos hídricos (Ministerio de Obras Públicas), Minería (Ministerio de Minería), Silvoagropecuario (Ministerio de Agricultura), Biodiversidad (Ministerio del Medio Ambiente), Pesca y acuicultura (Ministerio de Economía), Ciudades (Ministerio de Vivienda), Turismo (Ministerio de Economía), Zona costera (Ministerio de Defensa), Transportes (Ministerio de Transportes), Infraestructura (Ministerio de Obras Públicas) y Energía (Ministerio de Energía).

Anexos

Tabla N° 1.

Comparación de los contenidos mínimos de los PSMCC exigidos por la LMCC y el Reglamento. Fuente: Elaboración propia.

Tabla n° 2

Comparación de los contenidos mínimos de los PSACC exigidos por la LMCC y el Reglamento. Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 3

Matriz de evaluación de contenidos mínimos de los PSMCC. Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 4

Matriz de evaluación de contenidos mínimos de los PSACC. Fuente: Elaboración propia. 

Por: Comunicaciones CR2

En febrero de 2025, la Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe sobre los avances de los planes regionales y comunales, evidenciando su atraso. “A octubre de 2024, de las 16 regiones de Chile solo cuatro contaban con su Plan de Acción Regional aprobado, lo que les permitirá impulsar e implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para enfrentar y abordar los efectos adversos que genera en sus territorios”, señala el texto.

Respecto a esta situación, la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, Cecilia Ibarra,  confirma que existe un atraso, especialmente en los planes de acción comunal. “El diagnóstico que hay, es que es una carga pesada para las comunas, porque no tienen, ni los recursos, ni las personas para poder enfrentar este desafío y hacerse cargo de la acción en sus comunas”, plantea.

La investigadora destaca que es justamente en las comunas, donde finalmente se toman las acciones que más importan a las personas y que más las afectan, sobre todo en cuanto a la adaptación y el hecho de estar preparadas y preparados para los impactos que va a tener el cambio climático en su territorio y estilo de vida.

Medidas para cumplir con la Ley Marco sobre Cambio Climático 

El académico de la  Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e investigador CR2, Antoine Maillet, coincide en que ha habido un lento avance de los planes de acción regionales y comunales para el cambio climático y al respecto, plantea una serie de medidas:

1. Apropiación del PACCC por parte de los municipios, ya que es posible, que estos planes sean percibidos como una exigencia impuesta desde el nivel central, con una utilidad práctica, “que no es del todo evidente, particularmente para aquellos municipios que carecen de experiencia previa en la planificación ambiental y climática, lo que se traduce en una baja apropiación municipal, dificultando su diseño e implementación efectiva”, indica Maillet.
2. Monitorear las brechas en capacidades y recursos municipales, ya que este proceso da cuenta de las diferentes variables que interactúan de forma no lineal en su desarrollo, como voluntad política, capacidades técnicas, recursos financieros, experiencia en desarrollo de iniciativas ambientales previas y participación en redes colaborativas.
3. Claridad institucional en la aplicación de sanciones. Un reciente dictamen de la Contraloría General de la República (N° E74165) ha determinado que la Ley Marco sobre Cambio Climático no establece con claridad qué institución es responsable de instruir el procedimiento para determinar el incumplimiento en la elaboración de los PACCC.

Antoine Maillet

“Esto revela que tampoco se ha determinado cual es la institución que debe aplicar la sanción a los alcaldes y alcaldesas. Esta indefinición legal debilita la implementación de una ley, que de por sí, ya presenta un nivel de incumplimiento significativo, con al menos un tercio de los municipios del país sin registrar avances en la formulación del PACCC”, advierte el investigador del CR2, Antoine Maillet.

4. Conexión entre la planificación climática regional y la comunal: Actualmente, muchos municipios se encuentran elaborando los PACCC, en un contexto en que los Gobiernos Regionales aún no han terminado de desarrollar los Planes de Acción Regional de Cambio Climático. Esta situación puede afectar la coherencia y generación de sinergias entre ambos niveles de planificación, derivando en posibles incongruencias que afectan el potencial de acción climática.

“Es vital que los planes sectoriales se empiecen a ejecutar y también se complementen con los planes regionales y comunales, de forma que todos estos instrumentos tengan una coherencia”, confirma la investigadora Cecilia Ibarra.

Buenas prácticas ambientales y climáticas en los municipios

En consecuencia con las propuestas mencionadas, Antoine Maillet indica que urge promover el escalamiento de buenas prácticas ambientales y climáticas municipales, mediante el desarrollo de plataformas nacionales para la difusión de experiencias exitosas, como es el caso del observatorio de la acción climática municipal.

Asimismo, menciona la pertinencia de generar incentivos en el caso de cumplimiento anticipado en la elaboración del PACCC, tales como; visibilidad en plataformas nacionales o acceso preferente para asistencia técnica en la implementación del instrumento.

Otras ideas propuestas son crear un fondo de acción climática a cargo del Ministerio del Medio Ambiente y dirigido a municipalidades, priorizando a aquellas con menores capacidades técnicas y financieras. “Esta es una iniciativa cuyo propósito es reducir las desigualdades municipales para la planificación climática”, explica Maillet.

“Es muy importante definir puntos focales permanentes, entre el gobierno regional, el ministerio del medio ambiente y los municipios, con el propósito de velar por el cumplimiento de indicadores que evalúan la coherencia y sinergía entre los instrumentos de gestión del cambio climático a nivel nacional, regional y comunal”, afirma el investigador CR2.

Por último, menciona el fomento y creación de redes de colaboración climática a distintas escalas (nacional, regional, provincial y comunal), constituyendo espacios para el intercambio de experiencias, de recursos económicos y para el desarrollo de capacidades técnicas

¿Qué es la Ley marco sobre cambio climático?

La Ley Marco sobre Cambio Climático (Ley N° 21.455) es una ley que se promulgó en Chile el 13 de junio de 2022 y da las directrices jurídicas para que Chile tome acciones concretas en materia climática, además de cumplir con sus acuerdos y compromisos internacionales.

“Esta ley establece metas muy claras, como son la carbono neutralidad al 2050 y acciones para que nos permitan lograr la resiliencia y capacidad de adaptación ante el cambio climático. Como buena Ley Marco, indica una serie de acciones como son los planes y programas de implementación y que se delegan a otras organizaciones del Estado”, explica la académica de la Universidad de Chile e investigadora del CR2, Cecilia Ibarra.

En efecto, esta ley es la opción nacional para llegar a la carbono neutralidad y a partir de los planes sectoriales, regionales y comunales, que comprometen a distintos actores en la implementación paulatina de ciertas medidas, como por ejemplo, incentivar el uso de energía que provenga de combustibles no fósiles.

Los aportes del CR2 a la Ley marco sobre Cambio Climático 

En la elaboración de la Ley Marco sobre Cambio Climático, el Centro FONDAP ANID CR2, ha tenido una participación destacada, realizando estudios de política comparada desde el año 2015, aproximadamente. “Se presentó en un informe al Congreso, y el CR2 estuvo siempre entregando información y aportes durante el proceso. Cuando el Ministerio de Medio Ambiente presentó el anteproyecto para consulta, durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, el CR2 respondió a esa consulta e hizo observaciones”detalla Cecilia Ibarra.

Luego, cuando la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP25) iba a ser en Chile, el proyecto de Ley ingresó a la Cámara de Diputados correspondiente y tres representantes del CR2, que hicieron las veces de asesoras permanentes durante todo el proceso de dos años que tomó la tramitación de la ley, participando en todas las sesiones, en las audiencias que dieron distintos expertos y entregando una asesoría experta.

Además, y antes del proceso de anteproyecto, el CR2 acordó llevar un proceso de seguimiento -independiente de lo que era esta Ley- para lo que creó el Observatorio de la Ley Marco de Cambio Climático que existe desde 2018 y que contiene el registro sobre cómo avanza el proceso de tramitación y ahora de implementación de la ley.

El documento “proporciona una guía práctica y metodológica para realizar talleres que faciliten la formulación de planes de adaptación y mitigación en el ámbito regional y comunal (PARCC y PACCC), de acuerdo con los lineamientos de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC)” y tiene como propósito “facilitar la planificación y realización de talleres orientados a la creación de Planes de Acción Climática a nivel regional y local, asegurando que los participantes puedan llevar a cabo un diagnóstico de riesgos y fuentes de emisión, construir una visión estratégica integrada, evaluar y priorizar medidas de adaptación y mitigación, y definir acciones e indicadores específicos”.

En calidad de autoras del manual participaron Bárbara Morales Aguirre y María Ignacia Silva Tobar, con la colaboración de Ana María Ugarte, Felipe Grez, Sebastián Villalón, Nicolás Huneeus, Nicolás Álamos, Marco Billi, Roxana Bórquez, Camila Álvarez, Gustavo Blanco, Martín Jacques, Gonzalo Palomo, Laura Ramajo, Rodolfo Sapiains, Pilar Moraga, Laura Gallardo y María Paz Lillo; y la diagramación de Giselle Ogaz y Francisca Pedreros.

De acuerdo con la Ley Marco de Cambio Climático, a los Comités Regionales para el Cambio Climático les corresponde elaborar los Planes de Acción Regional de Cambio Climático, los que tienen por finalidad “definir los objetivos e instrumentos de la gestión del cambio climático a nivel regional y comunal, los que deberán ajustarse y ser coherentes con las directrices de la Estrategia Climática de Largo Plazo, los Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación, los Planes Comunales de Mitigación y Adaptación, así como los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos de Cuencas, cuando existan” (artículo 11). Por su parte, las municipalidades deben elaborar los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático, “los que serán consistentes con las directrices generales establecidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo y en los planes de acción regional de cambio climático” (artículo 12). El incumplimiento de esto último, de acuerdo con la ley “en el plazo de tres años contados desde la publicación de esta ley, se sancionará con multa correspondiente a una remuneración mensual del respectivo alcalde”.

La Ley Marco de Cambio Climático “tiene por objeto hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050, adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia” (artículo 1°). | Leer en uchile.cl

El proyecto «Dinámicas, costos e impactos de las movilidades climáticas en Chile» finalizó con un evento donde se compartieron los hallazgos de esta investigación, que busca comprender los efectos del cambio climático en la movilidad de las personas y generar recomendaciones para fortalecer la política pública en esta materia.

Este estudio fue encargado por el Ministerio del Medio Ambiente, implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), financiado por NDC Partnership y realizado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). Su objetivo fue describir y analizar las dinámicas de la movilidad climática en Chile a partir de un estudio piloto en la Macrozona Centro Sur, una región afectada por sequías e incendios forestales.

El trabajo se centró en las comunas de Nancagua y Paredones en la Región de O’Higgins, y San Javier y Empedrado en la Región del Maule. Se investigó cómo las familias toman decisiones frente a eventos climáticos extremos y qué acciones están llevando a cabo los sectores público, privado y social para enfrentar estas amenazas.

Principales hallazgos

• Se identificó que los grupos más vulnerables enfrentan con mayor intensidad los efectos del cambio climático.
• Se analizaron los costos económicos y no económicos asociados a la movilidad climática.
• Se documentaron iniciativas implementadas para mitigar estos efectos.
• Se generaron recomendaciones para fortalecer la política pública en esta área.

Gala Dahlet, Oficial de Protección Social de la FAO, enfatizó la necesidad de implementar políticas inclusivas sobre cambio climático en zonas rurales. «Los grupos más vulnerables enfrentan con mayor intensidad los efectos del cambio climático y, a menudo, no se consideran acciones específicas para protegerlos, especialmente a las comunidades migrantes», afirmó Dahlet.

Gladys Santis, de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, destacó la relevancia de la información generada para las comunas que deben elaborar sus Planes de Acción Comunal de Cambio Climático. También indicó que “el proyecto definitivo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del MMA incluye la elaboración de una guía con lineamientos respecto de la movilidad humana en contextos de cambio climático, degradación ambiental y desastres, para planes de adaptación, con un enfoque comunal.”

Susana Bustos, directora de gestión y vinculación del CR2, comenta que las movilidades climáticas son un tema relevante en la agenda pública del cambio climático. “las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NCD) y la estrategia climática de largo plazo expresan la necesidad de fortalecer el desarrollo de políticas para mejorar el conocimiento sobre este fenómeno”.

Daniel Vera, facilitador nacional del NDC Partnership en Chile, señaló que «Desde el NDC Partnership, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a los países en la implementación de sus NDC. Por ello, seguiremos impulsando iniciativas colaborativas, convencidos de que la cooperación es fundamental para lograr un desarrollo resiliente y sostenible. Este estudio es un claro ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre gobiernos, organismos internacionales y centros de investigación permite generar evidencia clave para fortalecer la acción climática. Confiamos en que sus hallazgos contribuirán al diseño de políticas más efectivas y equitativas para abordar los desafíos de la movilidad climática en Chile».

Para conocer más detalles sobre la investigación y sus resultados, revisa al evento en Youtube: “Dinámicas, costos e impactos de las movilidades climáticas en Chile”.

El encuentro, organizado por el Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA) junto al Departamento de Medio Ambiente y Obras Públicas de la División de Infraestructura y Regulación, además del equipo de relaciones internacionales de la CGR, tuvo por objetivo poner de relieve experiencias, además de distintas miradas, disciplinas, entidades e instituciones, para coordinar un mejor trabajo en un tema que requiere un esfuerzo mundial.

Al inaugurar el evento, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, señaló que “tenemos un propósito común que es contribuir con fuerza, convicción y evidencia para enfrentar algunos de los desafíos más importantes y complejos que tenemos en nuestro tiempo”.

En ese sentido, la titular del organismo de control agregó que “es bastante evidente que estamos en una situación de crisis climática que se ha manifestado en la pérdida de biodiversidad, de fenómenos extremos y que deja su huella en desigualdades sociales que se producen a raíz de estas situaciones. Por ende, la acción que nosotros tomemos o dejemos de tomar en todo este tiempo, va a ir marcando el destino de generaciones completas”.

En su primera jornada, el eje central de la discusión se refirió al financiamiento desde la perspectiva del control público, la inversión desde el mundo privado y los mecanismos que puedan movilizar nuevos recursos hacia energías que sean sostenibles para asegurar que estos sean utilizados de manera eficiente, equitativa y transparente.

En ese contexto, la Directora General y Fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, Sandra Guzmán, se refirió a los principales retos y oportunidades internacionales en la materia. Entre ellos, respecto a “cómo evitar que la agenda de cambio climático y la de desarrollo en cada nación peleen por recursos”. Guzmán destacó que, bajo ese contexto, “se releva en la agenda climática la necesidad de crear recursos adicionales que permitan incrementar la bolsa de financiamiento y de distribuir más estos fondos a temas de adaptación”.

El primer día de este seminario constó de tres paneles de invitados, el primero de ellos se refirió a los desafíos financieros para enfrentar el cambio climático. El segundo grupo de conversación ahondó en el aporte que las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) de cada país tiene un rol fundamental. El último, consistió en los esfuerzos de mitigación al cambio climático.

Segunda jornada

El martes 1 de abril se realizó el cuarto panel del encuentro donde se abordó el tema de los litigios climáticos. Para dar inicio al panel, la investigadora Lorena Zenteno dictó la charla magistral “Litigios climáticos en América Latina”. Tras ello, expertos chilenos y brasileños debatieron respecto de los litigios en Chile, en un panel que fue moderado por la investigadora Dominique Hervé.

Más tarde, la académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la U. de Chile, Paulina Aldunce, se refirió a la “Adaptación al Cambio Climático: Construyendo Resiliencia desde los Territorios”, para dar paso a una mesa de discusión en la que se analizó “la gestión del cambio climático en Chile y América Latina y el Caribe”.

En la segunda parte de la jornada, el director del Programa Derecho y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ricardo Irarrázabal, se refirió al diagnóstico sobre las capacidades, mandatos y el rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los países de América del Sur en los sistemas nacionales de lucha y mitigación contra la deforestación y el cambio climático. Posteriormente, se realizó un conversatorio en el que se trataron los desafíos que tienen las EFS en el cambio climático.

Como parte de las actividades de las delegaciones internacionales que participaron en el seminario, se realizó una visita al Palacio de La Moneda, donde una guía mostró los principales salones y contó parte de la historia de los distintos períodos presidenciales.

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