Chile es uno de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático, y este año debe actualizar sus compromisos para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales que ha suscrito y “hacer su parte” para contener los impactos del aumento de temperatura y de los eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones, cambios en los patrones de lluvias, deshielos y olas de calor.

En 2015, Chile suscribió el Acuerdo de París, y como parte de este compromiso presentó sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en 2020, con acciones para mitigar y adaptarse al cambio climático.

Este año, el Ministerio del Medio Ambiente debe actualizar las NDC y ha abierto una consulta ciudadana hasta el 11 de abril para recibir observaciones sobre el Anteproyecto. En ese contexto, presentamos algunas observaciones y recomendaciones.

El cambio climático pone en riesgo la vida que hoy conocemos en el planeta. Existe amplio consenso científico respecto de este fenómeno causado por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. La emisión de estos gases se debe principalmente a actividades humanas que queman combustibles fósiles y liberan carbono.

Los compromisos de los países que han suscrito a los acuerdos internacionales de Naciones Unidas incluyen acciones para reducir las emisiones de GEI y aumentar su remoción desde la atmósfera. Las acciones de reducción apuntan, por ejemplo, al reemplazo de combustibles fósiles por energías renovables (solar, eólica, geotérmica, etc.) para la generación de electricidad.

Por otro lado, el aumento de la remoción de GEI de la atmósfera puede lograrse con la conservación, manejo y restauración de ecosistemas como bosques, cuerpos de agua y turberas.

Dentro de las NDC, nuestro país compromete acciones en ambos sentidos, para llegar a un equilibrio en que sus emisiones restantes sean contrarrestadas por la captura y el secuestro de carbono, logrando ser “carbono neutral”. Además, las NDC comprometen acciones de adaptación a los impactos del cambio climático en Chile.

La mitad de la meta de Chile en su NDC se basa en las toneladas de carbono que absorberán los ecosistemas terrestres nacionales que estén bajo algún sistema de manejo (protección, restauración, conservación u otro), por eso es un área a la cual ponerle atención. Para que estas acciones climáticas sean efectivas y respeten los principios de justicia y de base científica, recomendamos:

• Especificar que la forestación comprometida en el anteproyecto sea con especies nativas, en un modelo de manejo que mantenga bosques con cubierta forestal permanente, evitando el uso de la tala rasa de gran extensión como método de cosecha. De esta manera, la captura de carbono favorece, simultáneamente, la protección del suelo, el aumento de la biodiversidad y la provisión de otros servicios ecosistémicos asociados al bosque.
• Las nuevas plantaciones de especies nativas deben realizarse en suelos de aptitud forestal o en áreas prioritarias para la conservación, y en casos de zonas o sitios con limitaciones para el desarrollo arbóreo se debe evaluar la incorporación de especies arbustivas que puedan proveer una cobertura permanente y representar, opcionalmente, una alternativa productiva presente o futura. De esta manera, y como fue ya comprometido en la NDC del 2020, la forestación debe realizarse con un enfoque y fines más diversos a las plantaciones forestales tradicionalmente realizadas en nuestro país, respondiendo así a los desafíos sociales, ambientales, y económicos que nos plantea el cambio climático.
• Establecer alianzas con comunidades indígenas o locales que habitan y usan los bosques nativos con el fin de promover la sustentabilidad en la gestión, manejo y conservación de estos ecosistemas en base al diálogo, reconocimiento de su identidad y potencialidades del territorio.
• Desarrollar protocolos de restauración activa para hacer frente a la invasión de pinos (Pinus radiata) en zonas donde se han producido incendios de bosques nativos, especialmente en las regiones del centro-sur de Chile donde se encuentran ecosistemas al borde del colapso.
• Establecer compromisos cuantitativos de protección, conservación y restauración de ecosistemas marinos y costeros, humedales y turberas en base a sus funciones y contribuciones en el resguardo de la biodiversidad, recursos hídricos, almacenamiento y captura de GEI. Esto requiere una visión socioecosistémica que reconozca la interconexión y cobeneficios entre los sistemas humanos y naturales.
• Adoptar indicadores de adaptación que sean cuantificables y permitan hacer seguimiento de la efectividad de las acciones comprometidas, en particular, indicadores que permitan evaluar los niveles de seguridad hídrica.
• Fortalecer la generación, gobernanza y gestión de los datos climáticos físicos y socioeconómicos, que resultan críticos para el monitoreo, sistematización e integración de la información y verificación que impone la Ley y los compromisos tomados, indispensables para la transparencia.
• Reducir la incertidumbre de estimaciones y proyecciones en stock y capturas de carbono de ecosistemas terrestres y marinos. Esto, en particular, en el contexto de la pérdida del potencial de captura de carbono de algunos ecosistemas forestales y marinos debido al cambio climático.

La actualización de la NDC orientada por la acción climática justa, y la transparencia y claridad en el seguimiento de las metas fijadas, exige establecer métricas e indicadores. El área más débil en este aspecto son aquellas métricas de adaptación, en particular la cuantificación de los sumideros de carbono, así como los indicadores de seguridad hídrica, además de aquellas que no hablan de la efectividad de las áreas protegidas.

Junto con lo anterior, los compromisos actuales deben abordar el aseguramiento de la continuidad de servicios mínimos, definiendo metas de mantención de infraestructuras críticas para la protección de la seguridad de la población.

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A lo largo de la historia, los países desarrollados han construido sus economías sobre la base de los combustibles fósiles. Desde la Revolución Industrial, el carbón, el petróleo y el gas natural han sido los pilares del crecimiento económico en naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón. Este desarrollo, sin embargo, ha tenido un costo ambiental significativo, contribuyendo a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y causando el cambio climático moderno. En el Acuerdo de París en 2015, 197 países se han comprometido a descarbonizar sus economías a largo plazo y presentar cada cinco años nuevos planes actualizados de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por su sigla en inglés). Estos días Chile está terminando su actualización de NDC para 2025.

En este contexto, surge el concepto de justicia climática, que reconoce que los países y comunidades que menos han contribuido al cambio climático son los que más sufren sus efectos. Para los países en desarrollo y en transición, como Chile, la mitigación del cambio climático representa una carga económica considerable. Estos países enfrentan el desafío de desarrollar sus economías mientras evitan las emisiones de carbono. La transición hacia energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles son estrategias esenciales, pero también costosas. Además, la falta de infraestructura adecuada y el acceso limitado a financiamiento de bajo costo dificultan aún más la implementación de estas medidas. Pensando que la contribución de Chile a las emisiones globales de gases de efecto invernadero es relativamente pequeña, representando menos del 0,3% de las emisiones globales, uno podría preguntarse si la mitigación y el desarrollo sostenible son el camino correcto para Chile.

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Rodolfo Sapiains, Investigador CR2 y académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile

La elaboración de los planes sectoriales y nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático es uno de los pilares de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) publicada en el año 2022 (Ley Nº21.455). Estos planes son fundamentales para reducir la vulnerabilidad del país, construir resiliencia, y cumplir con los compromisos internacionales para disminuir los gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos.

En este contexto, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 ha decidido participar activamente en varios procesos de consulta pública desarrollados durante el 2024, con el objetivo de contribuir a mejorar estos planes, aportando con la mejor experiencia y evidencia científica disponible de acuerdo con el principio científico establecido en la LMCC. De estos análisis han surgido observaciones que, valorando los avances institucionales, reconocen también problemas estructurales que afectan tanto el diseño como la calidad de los instrumentos presentados a consulta pública.

Uno de los problemas más evidentes en los anteproyectos revisados es la ausencia de indicadores para medir el logro de las metas propuestas. Los indicadores son indispensables, tanto para hacer concretas las metas y acciones como para el sucesivo monitoreo y evaluación de su implementación. No incluirlos incumple con los contenidos mínimos exigidos para la elaboración de los planes. En otras palabras, los planes revisados no se ajustan a lo establecido por la LMCC como mecanismo para evaluar el impacto real de las acciones de adaptación y mitigación presentadas.

Esto tiene consecuencias directas sobre la participación ciudadana. Sin indicadores claros, la capacidad de la ciudadanía y de los expertos para evaluar la pertinencia y avance de las medidas es mínima. La consulta pública debe ser una herramienta efectiva de participación y no un ejercicio simbólico sobre documentos incompletos, o simplemente una formalidad a ser desarrollada como parte de un checklist.

Un segundo problema radica en que las instituciones y servicios responsables de la elaboración de los planes no cuentan con los recursos y capacidades necesarias para llevar adelante estos procesos, los que a menudo se externalizan, por ejemplo, a empresas consultoras que no necesariamente tienen conocimiento de la cultura institucional de los servicios ni de las dinámicas territoriales. Esto ha llevado a que las instituciones pierdan su rol central en la planificación climática, limitando su capacidad para desarrollar competencias, conocimientos y experiencias para la acción climática.

Un tercer problema es la falta de coherencia y coordinación entre los planes sectoriales. Aunque la LMCC reconoce el principio de coherencia entre los instrumentos de gestión del cambio climático, los planes sectoriales no tienen la exigencia de coordinarse entre sí en su etapa de diseño, lo cual dificulta la implementación de medidas integradoras y la creación de sinergias entre planes y entidades responsables. Al día de hoy, cada sector puede interpretar las metas climáticas desde su perspectiva sectorial sin considerar las conexiones con otros sectores, desaprovechando así la oportunidad de colaboración que demanda la urgencia en la acción climática. La falta de integración entre los distintos planes y la desconexión con otros instrumentos estratégicos pone en riesgo la coherencia de las políticas climáticas a largo plazo, pudiendo derivar en un uso ineficiente de recursos públicos. Además, las metas climáticas se refieren solamente a dióxido de carbono equivalente, dejando de lado los compromisos del país relativos a forzantes climáticos de vida corta.

Finalmente, el tiempo limitado disponible para el diseño de los planes ejerce una presión que compromete su calidad. Si estos se desarrollan apresuradamente, delegando las principales responsabilidades y el liderazgo de estos procesos en organismos externos, y sin integrar adecuadamente las recomendaciones científicas ni las observaciones ciudadanas, corremos el riesgo de perpetuar un ciclo de políticas climáticas que, aunque bien intencionadas, carecen de impacto real. La fuerte presión que reciben las autoridades para cumplir con los plazos de la LMCC, junto con la falta de recursos y capacidades, suele traducirse en procesos que a menudo parecen llevarse a cabo de manera apresurada.

Entonces, ¿qué podemos hacer?

Ante estos desafíos, surgen varias oportunidades de mejora. En primer lugar, es crucial reforzar la integración de indicadores y de conocimiento científico actualizado en todos los documentos que se sometan a consulta pública. En línea con la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), su inclusión permitiría un monitoreo más efectivo y una mayor transparencia, además de establecer una base para futuras revisiones de la ECLP y ajustes a las metas climáticas. También sería beneficioso avanzar en la implementación del Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana sobre Cambio Climático, previsto en el Título V de la LMCC, que mejoraría la disponibilidad y accesibilidad de la información, así como la efectividad de los procesos de participación y monitoreo.

Asimismo, la Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento Climático puede fortalecer las competencias dentro de los servicios, de modo que el diseño, implementación y monitoreo de los planes sea desarrollado por las instituciones pertinentes. Se puede seguir contando con apoyos externos para estos procesos, pero la idea es ir reduciendo progresivamente la necesidad de contar con dichos servicios de consultorías. Un mayor empoderamiento de las instituciones ofrece una oportunidad para mejorar la coordinación interinstitucional y la capacidad de anticipación, elementos esenciales para construir resiliencia y cumplir los compromisos internacionales.

Por último, una opción para facilitar la coordinación y coherencia entre sectores es la creación de una institución de interfaz que sirva como punto de enlace entre entidades públicas, privadas, académicas y la sociedad civil. Un futuro Instituto Tecnológico Público orientado a enfrentar la crisis climática y ecológica podría asegurar que los planes sectoriales no solo sean coherentes y coordinados, sino que también incorporen el conocimiento científico en las políticas públicas, favoreciendo así una mejor toma de decisiones. | Leer en Ciper 

También colaboraron con este estudio los siguientes académicos: Bárbara Morales, Paz Orellana, Paulina Aldunce, Camila Álvarez, Catalina Amigo, Marco Billi, Benjamín Carvajal, Laura Gallardo, Eugenia Gayó, Cecilia Ibarra, Fabrice Lambert, Ítalo Masotti, Pilar Moraga, Rodrigo Seguel, Laura Ramajo, Anahí Urquiza y Karla Yohannessen.

En estos días se inauguró la COP28 en Dubái, ocasión en la cual se deberá presentar el primer balance mundial de la aplicación del Acuerdo de París, el cual permitirá determinar el avance colectivo alcanzado por los Estados partes, en el cumplimiento de su objetivo de largo plazo. Nos referimos en particular al propósito de no superar el aumento de la temperatura global del planeta en 1.5°C, respecto de la era preindustrial. Este balance incluirá los esfuerzos en mitigación y adaptación, así como aquellos desplegados por los países desarrollados en materia financiera y cooperación tecnológica, en apoyo a países en desarrollo y menos aventajados.

Las conclusiones obtenidas permitirán levantar las alertas, ahí donde sea necesario, para mejorar las medidas adoptadas y aumentar la ambición.

La agenda de negociaciones también contempla continuar con las discusiones relativas al mecanismo de pérdidas y daños provocados por los efectos del cambio climático en los países en desarrollo. Quién financia, cuánto financia, quién recibe el financiamiento y en qué condiciones, son algunas de las cuestiones a resolver en este ámbito. Sin embargo y pese a las polémicas que genera que un país petrolero presida las negociaciones de cambio climático, no es necesario esperar que estas finalicen para saber que en el caso de Chile deberemos seguir enfocados en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, definiendo y ejecutando las medidas de reducción de gases de efecto invernadero y de adaptación frente a los impactos provocados por el aumento de la temperatura global (sequía, incendios, aluviones, entre otros). En esta línea, hay que reconocer que la COP28 nos da una nueva oportunidad, a nivel nacional, de subrayar los desafíos del cambio climático en los medios y, con ello, refrescar la memoria a quienes lideran los sectores responsables de ejecutar dicha tarea (Hacienda, Economía, Obras Públicas, Energía, Transporte, Minería, entre otros), los gobiernos regionales y los municipios del país, respecto de la urgencia de contar con sus planes de mitigación y adaptación, a más tardar en junio de 2024 y junio de 2025, respectivamente. En efecto, uno de los grandes aportes de esta ley fue el de concebir el cambio climático como una tarea del Estado y de la sociedad toda, dejando atrás la idea de una cuestión sectorial de único resorte del Ministerio de Medio Ambiente.

Pilar Moraga
Subdirectora (CR)2
Directora del Centro de Derecho Ambiental U. de Chile

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Con el pasar de los años, la información científica sobre la afectación humana a las condiciones ambientales globales es cada vez mayor y las consecuencias se sienten en todas las regiones del mundo. Eso se evidencia en el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar y la exposición a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos que exponen a las personas a riesgos y amenazas, como el desplazamiento forzado, ante los cuales los Estados tienen el deber de actuar.

Chile no es ajeno a esta realidad, por las características del territorio, es altamente vulnerable al cambio climático y sus efectos se presentan en la cotidianidad de las personas, en referencia a ello, la encuesta de Datavoz encargada por la ONG FIMA, mostró que 71% de las personas consultadas respondieron que el cambio climático afecta sus vidas. De esta manera, hacer frente al cada vez más apremiante cambio climático entonces, como toda decisión ambiental, requiere de una ciudadanía informada y empoderada para participar y exigir la rendición de cuentas a los gobiernos respecto a las acciones que hacen o que dejan de realizar.

En el caso de Chile, se ha decidido conducir la respuesta a esta problemática a través de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), que fue promulgada en junio de 2022. Esta ley requiere para su plena implementación y vigencia de una serie de reglamentos y modificaciones reglamentarias los que, conforme al artículo tercero transitorio de la LMCC, debían dictarse dentro del primer año de entrada en vigencia, es decir hasta el 13 de junio de 2023.

En este contexto surge Acción Climática – Del Dicho al Hecho (DDAH) una propuesta que tiene como objetivo proporcionar información clara y comprensible sobre el estado de avance y cumplimiento de los objetivos por el Estado de Chile en el contexto de implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Este estudio reveló que todavía está pendiente el avance en un 35,9% de las normas que permitirán su implementación.

El análisis, impulsado por la Fundación Ciudadanía Inteligente, el Centro de Resiliencia del Clima (CR2) y la Fundación Friedrich Ebert en Chile, con la colaboración del Centro de Derecho Ambiental (CDA), “Nuestra América Verde” (NAVE) y la ONG FIMA, tiene por objeto entregar a la ciudadanía una herramienta con información clara y comprensible que posibilite a las personas participar y exigir acciones urgentes respecto del cambio climático.

Si bien se constatan avances queda trabajo por hacer para garantizar que la LMCC esté plenamente vigente y cumpla sus objetivos de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Ya que este retraso va en contra del sentido de urgencia que hoy plantea la emergencia climática.

El compromiso de la sociedad civil, los y las ciudadanas y las organizaciones, en fortalecer el acceso a la información y rendición de cuentas, es fundamental para mantener la presión y garantizar que las medidas necesarias se implementen a tiempo.

Por Josefina Correa, coordinadora de Incidencia de la Fundación Ciudadania Inteligente, y Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. | Leer en La Tercera

En los últimos años, hemos visto una creciente irrupción del fenómeno del cambio climático en las diversas regiones del país. Además del incremento en las temperaturas, la zona centro-sur ha vivido una larga y extensa sequía desde el años 2010 -la denominada “mega-sequía”-, que en parte ha sido atribuida al cambio climático. Asimismo, durante los últimos años, han sucedido una serio eventos ambientales extremos en los que la variable meteorológica y climática ha sido un ingrediente: el aluvión de Atacama (2015), la marea roja de Chiloé (2016), los mega-incendios de la zona central y sur (2017) y el aluvión de Santa Lucía (2017).

Aunque para ninguno de estos eventos tenemos aún estudios de atribución al cambio climático, teóricamente sabemos que, en un contexto de calentamiento global, este tipo de eventos aumentarán en frecuencia, intensidad y duración. La emergencia de estos fenómenos – entendida como aparición y alerta-, nos muestra la premura de esta materia, pues estaremos más expuestos a mayores impactos sociales, ambientales y económicos.

Lo anterior invita e implica la necesidad de una mejor preparación del Estado para generar políticas de adaptación al cambio climático y, en una perspectiva de largo plazo, promover la reducción de riesgos de desastres socio-naturales y la construcción de una sociedad más resiliente.

En los últimos años, Chile ha transitado desde una tímida agenda estatal en la materia hacia la generación de pasos positivos en esta dirección. Hemos visto un acelerado crecimiento de las energías renovables no convencionales, entregando energía limpia y barata, aumentando nuestra independencia energética y al mismo tiempo permitiendo una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tal como nos exigen nuestros compromisos internacionales, como el Acuerdo de París. En este sentido, los mecanismos para enfrentar el cambio climático son diversos e implican la generación de múltiples sinergias y co-beneficios en términos ambientales y en la calidad de vida de las personas.

En síntesis, la transversalidad de los impactos del cambio climático y la noción de oportunidad para el desarrollo de Chile que significará abordarlo de manera temprana y efectiva, ha ido adquiriendo consenso y relevancia. Esto puede observarse, por ejemplo, en el hecho de que todas las candidaturas presidenciales del año pasado lo tomaron como un aspecto importante en sus programas, lo que llevó incluso a incorporar la inclusión de una Ley Marco de Cambio Climático en el programa del actual gobierno.

En este contexto, la idea que ha surgido de debilitar la capacidad de gestión de la estructura institucional interna del Ministerio de Medio Ambiente parecería al menos inconsistente. El riesgo de cambiar la actual División de Cambio Climático a una Oficina de Cambio Climático es alto. ¿Cuál sería el sentido de quitarle categoría, mandatos, funciones y presupuesto a una unidad que, incluso sin el desarrollo de una ley, tiene crecientes y cada vez más complejas tareas a su cargo? Nótese además que esta medida iría en contra del llamado a fortalecer la institucionalidad para enfrentar el cambio climático que ha sido recomendado por varios organismos internacionales y estudios, tales como la OCDE, el PNUD y el (CR)2, entre otros.

Los estudios científicos más recientes -que se verán reflejados en un nuevo informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) a publicarse a fines de este año- llegan a la conclusión de que es posible limitar el calentamiento por debajo de los 2 grados, tal como plantea el Acuerdo de París. Sin embargo, esto requiere infundir un sentido de urgencia al aumento de la ambición de los compromisos de la reducción de emisiones de gases efecto invernadero que los países han establecido como meta.

El consenso de los expertos en políticas ambientales es que una ley marco de cambio climático, permite darle al trabajo de un Estado continuidad, coherencia, legitimidad y efectividad, los cuales son atributos claramente deseables en cualquier política pública. Esperamos entonces una consistencia política mínima, otorgándoles a los encargados de los recursos necesarios para implementar dicha ley y, así, conseguir que Chile se prepare para este importante desafío.

Señor Director:

La presentación del gabinete del nuevo Gobierno estuvo marcada por la preocupación del futuro Mandatario respecto del cambio climático y los impactos que este fenómeno tendrá en nuestro país. Lo anterior es coherente con el énfasis económico de su programa, si recordamos que el aumento de la temperatura del planeta no solo afecta la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, sino también el desarrollo económico de los países más vulnerables como el nuestro.

Chile ha tenido un irrestricto compromiso internacional en la materia, a través de la firma de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y, recientemente, del Acuerdo de París, así como del desarrollo progresivo de políticas públicas en materia de mitigación y adaptación. Sin embargo, se encuentra pendiente un marco legal nacional que permita plasmar una visión de desarrollo de largo plazo que incorpore la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y la sustentabilidad, tal como lo están realizando nuestros vecinos de la región a través de la promulgación de una Ley de Cambio Climático.

Dra. Pilar Moraga
(CR)2 – Centro de Derecho Ambiental Universidad de Chile