Xira Ruiz Campillo, Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global, Universidad Complutense de Madrid

Las ciudades se han convertido en un actor indispensable en la lucha contra el cambio climático y es creciente el sentimiento de que el gran poder para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) descansa más en ellas que en los gobiernos nacionales[1]. Esto se debe a diversas circunstancias, como el hecho de que sean las ciudades las que generan entre el 60 y el 80 % del consumo energético y hasta el 70 % de las emisiones de GEI (principalmente por el consumo de fuentes fósiles)[2]. Además, el número de megaciudades (aquellas con más de diez millones de habitantes) y su población, no hacen más que crecer. En este sentido, se puede destacar que ciertas estimaciones indican que dos tercios de la población mundial vivirán en ciudades para el año 2050[3].

Otra circunstancia que hace a las ciudades protagonistas de la lucha contra el cambio climático es la estrecha relación que tienen con la ciudadanía, siendo testigos directos de las dificultades a las que hacen frente diariamente, como los problemas de movilidad, la pobreza energética o la creciente contaminación atmosférica que, en ocasiones, llega a impedir las actividades al aire libre.

En estas circunstancias de cercanía a los problemas locales, las ciudades no han hecho en los últimos años sino reclamar más presencia, espacio y protagonismo en la gobernanza climática, habiendo aumentado ostensiblemente tanto el número de redes transnacionales climáticas en las que las ciudades participan, como las redes de movilización a nivel nacional para servir de puesta en común y de apoyo a numerosas iniciativas con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero y adaptarse a las consecuencias del cambio climático.

Entre las redes transnacionales más conocidas se encuentra ICLEI (creada en 1990 y que, en la actualidad, cuenta con más de 1.750 gobiernos locales y regionales de cien países), una de las primeras en apoyar a las ciudades en la acción climática para reducir sus emisiones, mejorar la calidad del aire y aumentar su sostenibilidad. La Alianza del Clima es otra de las redes pioneras (creada también en 1990 y, actualmente, con 1.768 miembros de 26 países), cuyo objetivo general es reducir el consumo energético y el uso del transporte para reducir la presión sobre la atmósfera.

A partir de 2005 aparecen otras redes que han tenido un gran impacto en la inclusión de las ciudades en la gobernanza climática: la C40 Cities Climate Leadership Group, en la que participan 94 megaciudades de todo el mundo; o el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía de la Unión Europea (UE), que se uniría en 2015 al Pacto Global de los Alcaldes promovido desde Naciones Unidas y que, actualmente, suma más de 10.250 participantes  que representan un 9.3 % de la población mundial (aunque más de un 73 % son ciudades europeas del Pacto de los Alcaldes de la UE).

Además de estas redes transnacionales, se han dado otras iniciativas a nivel nacional, como la Red de Ciudades Españolas por el Clima en España, la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático o su equivalente en Argentina.

Si bien todas estas iniciativas tienen como fin global la lucha contra el cambio climático y la necesaria promoción de la sostenibilidad, cada una tiene objetivos específicos, que pueden ir desde la reducción de GEI a la adaptación a las consecuencias del cambio climático, o la promoción de políticas urbanas que conduzcan a ciudades más sostenibles y resilientes. Algunas redes, como el Pacto de los Alcaldes, requiere que sus miembros se comprometan a reducir un 30 % sus emisiones hasta 2030 y les pide informes de monitorización periódicos; mientras que otras redes como ICLEI o C40 se caracterizan por el apoyo técnico que dan a sus miembros y sirven de foro para el intercambio de ideas y experiencias que las ciudades han puesto en marcha a nivel local.

Entre los avances que han realizado los integrantes del Pacto de los Alcaldes se pueden destacar las acciones destinadas a hacer la movilidad más sostenible dentro de las ciudades, con la mejora del transporte público, la peatonalización de centros urbanos o la construcción de carriles para bicicletas. Otras acciones se centran en aumentar la eficiencia energética de los edificios municipales (mejora del aislamiento de tejados, ventanas, puertas, optar por aparatos de aire acondicionado más eficientes o instalar calderas de biomasa para la calefacción) y del propio municipio (cambio a lámparas de bajo consumo de semáforos y farolas). Otro tipo de acción son la creación de más áreas verdes para aumentar la absorción de CO2, las campañas de información entre la ciudadanía o la promoción de la contratación pública ecológica de todos los servicios y productos que adquieren los ayuntamientos.

Algunas redes, como ICLEI, Climate Alliance o C40, ofrecen información a través de conferencias, seminarios o webinars, y también formación para desarrollar planes de adaptación, campañas de sensibilización, apoyo para acceder a financiación climática y estrategias para reducir la gestión de residuos o mejorar la red de transporte.

Es difícil valorar si las acciones y planes que han puesto en marcha las ciudades que forman parte de alguna de estas redes son suficientes para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, lo que parece claro es que esta lucha no puede ser efectiva sin el esfuerzo a todos los niveles (no solo por parte de organizaciones internacionales, Estados y ciudades, sino también de empresas, organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía). Como se ha visto en algunos informes de monitorización, reducir las emisiones de GEI no es fácil, ni a nivel nacional, ni a nivel local, sobre todo los provenientes del uso de la energía, que, en algunos casos, se ven aumentadas a pesar del cambio en las luminarias, debido al efecto rebote o paradoja de Jevons[4]. Pese a esto, hacer las ciudades más sostenibles con la promoción del transporte público, con la ampliación de zonas verdes o una mejor gestión de los residuos, no solo tiene un impacto en la calidad del aire, sino también en el bienestar de la ciudadanía[5]. La participación en este tipo de redes, congresos o seminarios por parte de las ciudades es, por tanto, indispensable para compartir ideas, estrategias y para, en definitiva, servir de inspiración para la acción.

Recuadro: ¿Hemos aquilatado el valor de nuestras ciudades en la acción climática?

Escrito por Laura Gallardo, Investigadora Principal, Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2

Si la definición de megaciudad se limita a la cantidad de habitantes, América del Sur tiene pocas megaciudades, pues prevalecen las ciudades de tamaño medio y muchas de menos de 10 millones de habitantes. Sin embargo, nuestras ciudades –donde habita más del 80 % de la población– a menudo sufren de mala calidad de aire, de pobreza energética y de inequidad social y ambiental. Por ello, la acción climática urbana se vuelve clave para alcanzar el Acuerdo de Paris y los objetivos de desarrollo sostenible. No obstante, nuestras políticas climáticas aún no aquilatan esta necesidad y oportunidad apropiadamente. En particular, la gobernanza urbana debe dar cuenta de las realidades del siglo XXI.  En el caso de Chile, donde la tasa de urbanización alcanza ya cerca del 90 % y el paradigma de las decisiones verticales formuladas en un marco estrecho de costo y beneficio han sobrepasado la institucionalidad, es imperioso entender mejor la resiliencia urbana en toda su complejidad social y ambiental, y avanzar hacia una gobernanza más policéntrica. La ley Marco de Cambio Climático debiera considerarlo.

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Notas

[1] Gordon, D. & Johnson, C. (2017) “The orchestration of global urban climate governance: conducting power in the post-Paris climate regime”. Environmental Politics, vol. 26 nº 4, 694-714.

[2] UN Habitat (2019) The Strategic Plan 2020-2023. A better quality of life for all in an urbanizing world. UN Habitat. https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-09/strategic_plan_2020-2023.pdf 

[3] UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), World Urbanization Prospects, 2014 revision, p. 1

[4] Ruiz Campillo, Xira (2020) “When fighting climate change leads to better cities: A study of actions implemented by 100 cities in Spain”. In: Leal Filho W., Nagy, G., Borga, M. Chávez, P., Magnuszewsk, A. (eds) Climate Change, Natural Hazards and Adaptation Option: Handling the impacts of a changing climate. Springer.

[5] Alcock, I., White, M., Wheeler, B., Fleming, L. and Depledge, M. (2014) Longitudinal Effects of Mental Health of Moving to Greener and Less Green Urban Areas. Environmental Science & Technology, 48, 1247-1255; De Vries, S., Verheij, R. (2003) Natural environments – healthy environments? An exploratory analysis of the relationship between greenspace and health. Environment and Planning, 35 (10); Maas, J., Verhij, R. (2009) Morbidity is related to a green living environment. Epidemiololy & Community Health, 63 (12).

Por Michelle Ferrer Solar

Identificar cuáles son los cambios que necesita Chile en el ámbito legal para alcanzar la carbono neutralidad a 2050 es el objetivo de la encuesta lanzada por el Observatorio de la Ley de Cambio Climático para Chile, iniciativa liderada por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y el Centro de Derecho ambiental de la Universidad de Chile.

La consulta abierta, titulada “Identificación de las Reformas Legales necesarias para alcanzar la Carbono Neutralidad en 2050”, liderada por Pilar Moraga, investigadora del (CR)2 y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, espera obtener observaciones y comentarios a los resultados preliminares obtenidos en la primera etapa del estudio.

Durante esa instancia, se invitó a participar de una reunión a cerca de 30 investigadores/as y abogados/as, en donde se usó como base la información del proyecto MAPS y la entregada por el Comité Científico COP25. Con estos elementos de fondo, se realizó un sondeo general de las reformas legales necesarias para implementar una serie de medidas de mitigación.

Pilar Moraga investigadora del (CR)2 y del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, y quien lidera el estudio, comentó que “los resultados preliminares indican que los principales cuerpos legales a ser reformados son el anteproyecto de ley de cambio climático, y la Ley sobre bases generales del medio ambiente (Ley Nº 19.300), esta última en los sectores de energía, forestal, transporte, y sobre algunos ecosistemas como humedales y turberas”, señaló la abogada de la Universidad de Chile.

Dentro de los sectores que busca abordar la encuesta y recopilar información en tono a los desafíos de la carbono neutralidad, se encuentran el control de la emisión de C02 a nivel nacional, energía,  transporte, sector forestal, medidas basadas en la naturaleza y la gobernanza. Cada uno de estos temas tiene asociada las medidas consideradas necesarias para alcanzar la carbono neutralidad y los cuerpos legales a modificar y/o dictar para llevar a cabo la medida.

La encuesta estará abierta hasta el jueves 30 de enero y se espera presentar los resultados de la investigación en marzo del presente año.

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