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El cambio climático es producido por actividades humanas que afectan múltiples aspectos de los sistemas ecológicos y climáticos, incluyendo la composición de la atmósfera, cuerpos de agua (ríos, mares, glaciares) y vegetación, reduciendo así sus capacidades de regular el clima (IPCC, 2021; Gallardo et al., 2019). Los efectos del cambio climático ya son visibles en Chile, lo que se aprecia en la variación de los promedios de temperatura, la precipitación y otras variables climáticas, y en el aumento de la variabilidad, frecuencia e intensidad de los eventos extremos. Esto genera consecuencias en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos, en la salud y bienestar de la población, en la conservación y el equilibrio de los ecosistemas, en las actividades productivas, en los bienes materiales y en las prácticas socioculturales (Pica-Téllez et al., 2020).

La gobernanza climática en Chile

La gobernanza climática es la manera en que las sociedades definen objetivos y prioridades en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, tomando decisiones, implementando y supervisando acciones para lograr tales objetivos y prioridades (Billi et al., 2021; Sapiains et al., 2020). Sin embargo, la actual gobernanza nacional es inadecuada frente a los desafíos que plantea el cambio climático hoy, principalmente por la fragmentación y descoordinación de las instituciones del Estado para abordar este fenómeno.

La fragmentación actual entre agencias, instituciones y Elementos

Un primer problema de la actual gobernanza nacional en relación con el cambio climático es la falta de coordinación de la gestión, una excesiva centralización de recursos y competencias, y una baja consideración de las especificidades territoriales y ecosistémicas.

Si bien la nueva institucionalidad climática ha avanzado hacia mecanismos incipientes de coordinación (Arriagada et al., 2018) que podrían fortalecerse con la aprobación del Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, la gobernanza sigue estando altamente fragmentada en múltiples agencias, regulaciones e instrumentos de ordenamiento territorial desarticulados entre sí. Ejemplos de esto son la separación artificial entre la tenencia de la tierra y los derechos de aprovechamiento de aguas, la tendencia de los límites administrativos a fraccionar las cuencas hidrológicas y atmosféricas, la separación arbitraria entre zonas urbanas y rurales (invisibilizando las zonas periurbanas y de interfaz urbano-rural), la duplicación de funciones entre ministerios e, incluso, entre unidades de un mismo ministerio, y la pluralización de actores e instituciones encargadas de la gestión de los Elementos (solo en agua existen más de 40 agencias públicas distintas). Esto afecta tanto en la eficiencia del uso de los recursos limitados del Estado como en su capacidad de llevar a cabo acciones integradas para una gestión ecosistémica y climática de los elementos.

Esta integración es fundamental porque las causas y las consecuencias del cambio climático dependen de la interacción de una variedad de procesos (humanos y naturales) en múltiples escalas, las que afectan a los cuatro elementos (agua, aire, tierra y fuego). Por ejemplo, los cambios de uso de suelo influyen en la disponibilidad de agua y en los incendios (Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, 2015). Estos últimos, por su parte, se incrementan por causa del cambio climático y la sequía, liberando gases de efecto invernadero (que aceleran el cambio climático) y contaminantes locales a la atmósfera (Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, 2020a). La contaminación, finalmente, afecta la calidad del agua y del suelo, y su capacidad de regular el clima, y puede a su vez verse acrecentada por el cambio climático (Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, 2020b). Así, se necesita una gestión integrada de los Elementos que se haga cargo de estas interdependencias, propiciando el avance hacia una sociedad más baja en carbono y resiliente al clima.

Una gobernanza descoordinada, reactiva, inequitativa, y poco participativa y transparente*

A la fragmentación de las instituciones se suman otras brechas significativas en la actual gobernanza climática del país: en primer lugar, la gestión actual tiende a privilegiar medidas reactivas, las que se aplican solo cuando se producen los efectos del cambio climático (como sequías, incendios o inundaciones) y se focalizan en responder a la emergencia con una óptica de corto plazo. Esto atenta contra la posibilidad de llevar a cabo acciones con perspectiva de largo plazo que permitan generar cambios con la ambición y la eficacia necesarias para prepararnos hoy ante los cambios futuros.

Asimismo, observamos una distribución crecientemente inequitativa tanto en los impactos del cambio climático como en el acceso a los beneficios que proveen los Elementos. Esto se evidencia en la elevada contaminación atmosférica que sufren las llamadas “zonas de sacrificio”, en los altos índices de pobreza energética de algunas comunidades, en el riesgo de incendios, inundaciones y sequías que afectan de sobremanera a las comunidades más vulnerables en términos ambientales, sociales y económicos, en la concentración de la propiedad de la tierra y en los derechos de aprovechamiento de agua.

Además, se aprecian mecanismos de participación poco efectivos, que son, a menudo, tardíos, de alcance limitado y solo de carácter informativo o consultivo, llevando, a la vez, a invisibilizar los saberes locales e indígenas, deslegitimando sus cosmovisiones, no empoderándolas frente al poder desigual de las grandes corporaciones económicas, y generando conflictos y desconfianza entre los actores.

Todo esto se compone de significativas deficiencias en la disponibilidad, calidad o accesibilidad de los datos, tanto de las condiciones hidro-climáticas y ecosistémicas, como de la información sobre derechos de propiedad, y aquella requerida para el monitoreo y evaluación de la gestión. A lo anterior, se suma el escaso uso de los datos existentes y la no consideración de las proyecciones y de los escenarios futuros en el diseño de políticas públicas.

Gobernanza Climática de los Elementos

El escenario climático futuro exige un cambio transformativo de la gobernanza de los cuatro elementos de la naturaleza, cada uno de los cuales provee importantes servicios y beneficios a las sociedades humanas, que, en el contexto del cambio climático y escenarios climáticos futuros, deben hacerse cargo de los riesgos e impactos y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de manera de contar con mejores respuestas frente a las sequías, las inundaciones, la contaminación atmosférica, los incendios y la pérdida de ecosistemas, entre otros. En ese sentido, es urgente avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza, el que hemos llamado Gobernanza Climática de los Elementos. Este modelo sitúa a la acción climática justa como eje central de la gestión del Estado, que apunta a realizar acciones incrementales y transformativas para promover la mitigación y adaptación del cambio climático, avanzando hacia una distribución más equitativa de los costos y beneficios, la protección de los grupos más vulnerables, la conservación de los ecosistemas, y el resguardo de los intereses de las generaciones futuras, todo en base a procedimientos inclusivos y solidarios de decisión, atribución y exigibilidad de responsabilidades (Hervé, Cordero y Moraga, 2020).

Para lograr esto, proponemos que la Gobernanza Climática de los Elementos se apoye en tres principios clave:

• Un enfoque anticipatorio: implica avanzar hacia formas de desarrollo carbono neutrales y resilientes al clima, con horizonte tanto de corto, como de mediano y largo plazo, y con una óptica preventiva y precautoria, operando con prudencia, incluso, ante la incertidumbre científica.
• Un enfoque territorial y socioecosistémico: impulsar medidas de mitigación, adaptación y capacitación que sean pertinentes a cada territorio desde una óptica sistémica, respetando sus procesos y límites socioecológicos propios, y de forma coordinada entre escalas y sectores.
• Una buena administración: es decir, una administración que sea a la vez racional, objetiva, transparente, coordinada, eficiente y eficaz, que priorice estrategias demostrablemente más eficaces y eficientes, con base en evidencia, una participación amplia, oportuna, continua, significativa, transparente e informada de la comunidad, pueblos originarios y actores interesados, y una transparencia y rendición de cuentas activa por parte de todas las autoridades.

Recomendaciones para una nueva Constitución y para las políticas públicas

 Para lograr todo lo mencionado sugerimos la consagración constitucional de:

• La acción climática justa como eje de acción transversal del Estado, acompañada por los principios preventivo y precautorio, de territorialidad y de enfoque socioecosistémico como fundamento para una gestión integral y proactiva de los Elementos.
• El derecho humano al agua en calidad y cantidad suficiente, y el derecho a una participación ciudadana efectiva, amplia, oportuna, continua, significativa, transparente e informada.
• El deber de los órganos del Estado de incorporar la acción climática en el ejercicio de sus facultades, y garantizar una buena administración de los Elementos (racional, objetiva, transparente, coordinada, eficiente y eficaz), además de incorporar el deber de todo emisor de gases de efecto invernadero de asumir los costos de prevenir, controlar o neutralizar sus emisiones.
• Establecer nuevos instrumentos de gestión socioambiental específicos para el cambio climático, tales como: el reconocimiento de la unidad de gestión de cuenca climática[1], la consagración de refugios climáticos[2], y la otorgación de facultades extraordinarias a las autoridades frente a la proclamación de estado de excepción climática[3].

Complementando lo anterior, será necesario avanzar en acciones adicionales en todos los niveles de la gobernanza, incluyendo, a lo menos:

• Reformar la legislación existente para situar la acción climática justa como eje de acción pública, consagrar los deberes de los actores privados y públicos en el uso sustentable de la naturaleza y su conservación, además del derecho colectivo a un medio ambiente sano.
• Reformar y reorientar los mecanismos e institucionalidad de ordenamiento y planificación territorial en dirección a una gestión integrada del territorio, considerando cuando sea pertinente el empleo de Soluciones Basadas en la Naturaleza.
• Avanzar en una mejor articulación entre objetivos de descontaminación atmosférica y mitigación del cambio climático.
• Mejorar la disponibilidad y acceso a información con el fin de avanzar hacia decisiones robustas basadas en evidencia y promover la acción climática.
• Definir instrumentos de financiamiento, monitoreo y evaluación, y rendición de cuentas dedicados al cambio climático.
• Generar condiciones institucionales que regulen los espacios de participación ciudadana como un elemento estructural en la toma de decisiones y la gestión, minimizando las asimetrías de poder.

Notas

[1] Por cuenca climática se entiende una nueva unidad de gestión, de carácter multiescalar, cuya delimitación abarca la totalidad de los procesos socio-ecológicos involucrados en el ciclo del carbono y los efectos que genera el cambio climático sobre el territorio y sus elementos. Al definir esta nueva unidad de gestión se busca reorientar, articular y dotar de nuevas atribuciones y recursos los mecanismos e instituciones encargadas del ordenamiento y planificación territorial en dirección a una gestión integrada del territorio, considerando cuando sea pertinente el empleo de Soluciones Basadas en la Naturaleza.

[2] Los refugios climáticos son áreas que poseen una capacidad única de amortiguar los efectos negativos del cambio climático, por lo que se les debe aplicar un régimen especial de gestión integrada del desarrollo y la conservación, que garantice su cuidado y protección de los ecosistemas y los servicios climáticos que ofrecen, basado en la mejor evidencia disponible.

[3] Un estado de excepción climática busca tomar todas las medidas necesarias para actuar de forma anticipatoria frente a la identificación de riesgos plausibles y severos asociados al cambio climático, ya sea con el fin de prevenirlos, atenuar sus efectos o promover una pronta recuperación y una efectiva adaptación.

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Bibliografía citada

Arriagada, R., Aldunce, P., Blanco, G., Ibarra, C., Moraga, P., Nahuelhual, L., O’Ryan, R., Urquiza, A., y Gallardo, L. (2018). Climate change governance in the anthropocene: emergence of polycentrism in Chile. Elementa – Science of the Anthropocene, 6(1), 68. https://doi.org/10.1525/elementa.329

Billi, M., González, K., Ibarra, C., Maillet, A., O’Ryan, R. y Sapiains, R. (2021). ¿Qué es la gobernanza climática? [Cápsula climática] Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 (ANID/FONDAP/15110009). Disponible en: https://www.cr2.cl/capsula-climatica-que-es-la-gobernanza-climatica/

Billi, M., Moraga, P., Aliste, E., Maillet, A., O’Ryan, R., Sapiains, R., Bórquez, R. et al. (2021). Gobernanza Climática de los Elementos. Hacia una gobernanza climática del agua, el aire, el fuego y la tierra en Chile, integrada, anticipatoria, socio-ecosistémica y fundada en evidencia. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 (ANID/FONDAP/15110009), 69 pp. Disponible en https://www.cr2.cl/gobernanza-elementos/

(CR)2 (2015). La megasequía 2010-2019: una lección para el futuro. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, (ANID/FONDAP/15110009), 40 pp. Disponible en https://www.cr2.cl/megasequia/

Gallardo, L., Rudnick, A., Barraza, J., Fleming, Z., Rojas, M., Gayó, E.M., Aguirre, C., Farías, L., Boisier, J.P., Garreaud, R., Barría, P., Miranda, A., Lara, A., Gómez-González,S., Arriagada, R.A. (2019). El Antropoceno en Chile: evidencias y formas de avanzar. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, (ANID/FONDAP/15110009), 40 pp. Disponible en https://www.cr2.cl/antropoceno/

González, M.E., Sapiains, R., Gómez-González, S., Garreaud, R., Miranda, A., Galleguillos, M., Jacques, M., Pauchard, A., Hoyos, J., Cordero, L., Vásquez, F., Lara, A., Aldunce, P., Delgado, V., Arriagada, Ugarte, A.M., Sepúlveda, A., Farías, L., García, R., Rondanelli, R.,J., Ponce, R.,Vargas, F., Rojas, M., Boisier, J.P., C., Carrasco, Little, C., Osses, M., Zamorano, C., Díaz-Hormazábal, I., Ceballos, A., Guerra, E., Moncada, M., Castillo, I . (2020a). Incendios forestales en Chile: causas, impactos y resiliencia. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, (ANID/FONDAP/15110009), 84 pp. Disponible en https://www.cr2.cl/incendios/

Hervé, D., Cordero, L., Moraga, P. (2020). ¿Qué es la justicia ambiental? [Cápsula climática] Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 (ANID/FONDAP/15110009). Disponible en: https://www.cr2.cl/capsula-climatica-que-es-la-justicia-ambiental/

Huneeus, N., Urquiza A., Gayó, E., Osses, M., Arriagada, R., Valdés, M., Álamos, N., Amigo, C., Arrieta, D., Basoa, K., Billi, M., Blanco, G., Boisier, J.P., Calvo, R., Casielles, I., Castro, M., Chahuán, J., Christie, D., Cordero, L., Correa, V., Cortés, J., Fleming, Z., Gajardo, N., Gallardo, L., Gómez, L., Insunza, X., Iriarte, P., Labraña, J., Lambert, F., Muñoz, A., Opazo, M., O’Ryan, R., Osses, A., Plass, M., Rivas, M., Salinas, S., Santander, S., Seguel, R., Smith, P., Tolvett, S (2020b). El aire que respiramos: pasado, presente y futuro – Contaminación atmosférica por MP2,5 en el centro y sur de Chile. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, (ANID/FONDAP/15110009), 102 pp. Disponible en https://www.cr2.cl/contaminacion/

IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf

Pica-Téllez, A.; Garreaud, R.; Meza, F.; Bustos, S.; Falvey, M.; Ibarra, M.; Duarte, K.; Ormazábal, R.; Dittborn, R. & Silva, I.; 2020. Informe Proyecto ARClim: Atlas de Riesgos Climáticos para Chile. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Centro de Cambio Global UC y Meteodata para el Ministerio del Medio Ambiente a través de La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Santiago, Chile. https://arclim.mma.gob.cl/media/informes_consolidados/Informe_ARCLIM_Consolidado_Final.pdf

Sapiains, R., Ibarra, C., Jiménez, G., O’Ryan, R., Blanco, G., Moraga, P., y Rojas, M. (2020). Exploring the contours of Climate Governance: An interdisciplinary systematic literature review from a Southern perspective. Environmental Policy and Governance, 31(1), 46-59. https://doi.org/10.1002/eet.1912

Si bien hay muchas definiciones de gobernanza climática (Sapiains et al., 2020), todas incluyen la manera en que las sociedades negocian y definen sus objetivos o metas respecto de las implicancias del cambio climático, ya sea para limitarlo o hacerse cargo de sus efectos (por ejemplo, lograr la carbono neutralidad o la seguridad hídrica para el consumo humano). Estos objetivos guían tanto las decisiones como su implementación y supervisión. Así, es posible considerar como parte de la gobernanza climática la adopción de nuevas leyes –como la Ley Marco de Cambio Climático-, la elaboración de programas sectoriales –como aquellos para prevenir catástrofes-, la asignación de presupuesto para proyectos específicos –como la implementación de tecnologías que mejoren la eficiencia energética- e, incluso, la formación de alianzas comunitarias en pos de la solución de un problema específico –como la promoción de la seguridad alimentaria-, entre muchas otras acciones.

Como es posible pensar, el problema del cambio climático es, en gran medida, un problema de gobernanza. De esta manera, la evidencia científica apunta a la necesidad de tomar acciones urgentes y concertadas, en múltiples escalas y dominios, para mitigar el fenómeno –actuando sobre los Gases de Efecto Invernadero y otros forzantes climáticos-, así como también promover la adaptación a sus impactos, prestando atención a la forma desigual en que estos se distribuyen en los distintos territorios y poblaciones, que, a su vez, tienen diferentes capacidades de respuesta. Por otro lado, para concretar estas acciones es necesario articular una multiplicidad de actores, instrumentos y procesos de gestión simultáneos, no siempre animados por los mismos objetivos o la misma comprensión del problema (de Coninck et al., 2018; IPCC, 2018). En países como Chile, hay que considerar que los actores presentan profundas asimetrías de poder.

El Estado tiene un rol central en la gobernanza climática, pero no exclusivo, ya que participan múltiples actores -públicos, privados, comunidades, academia-, en distintos niveles de decisión –desde los planes de desarrollo local a los acuerdos internacionales- y con diversas perspectivas –incluyendo las de los pueblos originarios y de los grupos históricamente marginados-. Estos actores tienen racionalidades distintas y necesitan de una articulación plural, que permita el dialogo, para que las sociedades negocien y definan las metas que guiarán sus acciones respecto del cambio climático, así como para poner en marcha acciones efectivas para lograr estos objetivos (Arriagada et al., 2018; Urquiza et al., 2019). El saber científico es una de estas racionalidades y ha logrado dialogar con los gobiernos y la ciudadanía para alertar sobre el problema y fomentar decisiones basadas en evidencia, aportando conocimiento a partir de métodos sistemáticos y especializados.

Es necesario buscar formas de gobernanza que reconozcan la multiplicidad de escalas, contextos, actores, perspectivas y futuros posibles, pero que, además, garanticen un grado suficiente de integración, coherencia y estabilidad para llevar a cabo acciones coordinadas que promuevan soluciones colectivamente deseables a los problemas ambientales y climáticos (Billi et al., 2020). Hace falta emprender procesos de participación genuina, con diálogos transdisciplinarios que logren dar sentido a la complejidad y multiplicidad de causas y consecuencias del cambio climático, así como sus interdependencias con distintos ámbitos. Sobre esta base, se podrán imaginar escenarios probables y deseables que puedan guiar intervenciones efectivas en materia de mitigación y adaptación climática.

Sin una gobernanza adecuada, seríamos como un bote sin timonel ni remos a merced de la tempestad inminente que nos depara el cambio climático, y de la influencia de intereses económicos que tradicionalmente han definido la relación de las sociedades modernas con la naturaleza. Necesitamos una gobernanza climática inclusiva, que permita llevar a cabo transformaciones justas hacia ecosistemas y sociedades sustentables.

Referencias

1. Arriagada, R., Aldunce, P., Blanco, G., Ibarra, C., Moraga, P., Nahuelhual, L., O’Ryan, R., Urquiza, A., Gallardo, L., 2018. Climate change governance in the anthropocene: emergence of polycentrism in Chile. Elem. – Sci. Anthr. 6, 68. https://doi.org/10.1525/elementa.329
2. Billi, M., Delgado, V., Jiménez, G., Morales, B., Neira, C.I., Silva, M.I., Urquiza, A., 2020. Gobernanza Policéntrica para la Resiliencia al Cambio Climático: Análisis Legislativo Comparado y Ley Marco de Cambio Climático en Chile. Estud. Públicos 160. https://doi.org/10.38178/07183089/1028191015
3. de Coninck, H., Revi, A., Babiker, M., Bertoldi, P., Buckeridge, M., Cartwright, A., Dong, W., Ford, J., Fuss, S., Hourcade, J.-C., Ley, D., Mechler, R., Newman, P., Revokatova, A., Schultz, S., Steg, L., Sugiyama, T., 2018. Strengthening and Implementing the Global Response, in: Masson- Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner, H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P.R., Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., Pidcock, R., Connors, S., Matthews, J.B.R., Chen, Y., Zhou, X., Gomis, M.I., Lonn, E. (Eds.), Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change.
4. IPCC, 2018. Special Report. Global Warming of 1.5°C.
5. Sapiains, R., Ibarra, C., Jiménez, G., O’Ryan, R., Blanco, G., Moraga, P., Rojas, M., 2020. Exploring the contours of Climate Governance: An interdisciplinary systematic literature review from a Southern perspective. Environ. policy Gov. 1–14. https://doi.org/10.1002/eet.1912
6. Urquiza, A., Amigo, C., Billi, M., Cortés, J., Labraña, J., 2019. Gobernanza policéntrica y problemas ambientales en el siglo XXI: desafíos de coordinación social para la distribución de recursos hídricos en Chile. Pers. y Soc. XXXIII, 133–160.

Este 12 de diciembre se celebró el quinto aniversario del Acuerdo de París alcanzado en la Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde los países de comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C y promover los esfuerzos para limitarla a 1,5°C.

Cinco años después de este acuerdo histórico y con Chile ejerciendo la presidencia de la COP25, el país se enfrenta a un momento decisivo para la gobernanza del cambio climático, marcado por la discusión en el Senado de la República de las indicaciones al proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, la necesidad de una reactivación económica sostenible post pandemia de Covid-19 y el inicio del proceso constituyente tras el estallido social de octubre de 2019.

Pilar Moraga, investigadora principal de la línea Gobernanza e Interfaz Ciencia-Política del (CR)2 y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, piensa que el Acuerdo de París ha sido un factor clave para la implementación de una legislación climática a nivel nacional. “Creo que uno de los efectos del Acuerdo es la propuesta de un marco legal para el cambio climático en Chile. De hecho, la ley se ajusta al Acuerdo de París, es decir, asume una meta coherente con la estabilización de la temperatura planetaria en 2°C, pero además propone el tránsito a una economía baja en carbono al año 2050 en concordancia con lo establecido por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)”, comenta Moraga.

Para avanzar hacia un desarrollo sostenible, la ley de cambio climático adopta los instrumentos que se definen en el Acuerdo de París, como la Estrategia Climática de Largo Plazo y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). “La NDC es el instrumento que permite establecer la trayectoria hacia la carbono neutralidad de manera temprana (al 2030) asegurando el cumplimiento de las metas de la estrategia de largo plazo”, remarca la académica.

Respecto a cómo se incluirá al medio ambiente y al cambio climático en el debate constitucional, Moraga destaca que el proceso chileno es una experiencia única, ya que se realizará no tan solo después del Acuerdo de París sino que también en un contexto de pandemia de Covid-19. “Esas dos características nos tendrían que hacer pensar en una reflexión de una sociedad muy distinta, que ha estado golpeada por situaciones extremas producto de un estallido social que da cuenta del sentimiento de desigualdad en la población y que se exacerba con la pandemia y, en paralelo, con una preocupación medioambiental que ha quedado aparentemente relegada por la economía”, indica la abogada, quien ve en la discusión constitucional “una oportunidad para que las personas comunes puedan establecer las prioridades, pues finalmente quienes dicen que lo ambiental tiene que quedar en segundo plano en una situación de reactivación económica son clases las dirigentes y políticas”.

Ver la entrevista completa a Pilar Moraga realizada por la Embajada de Francia en Chile, la Cooperación Regional Francesa para América del Sur y el Instituto Francés de Chile, en https://youtu.be/oSrtVR-6lMw

Ryan Mitchell, estudiante de maestría del Programa International Development and Social Change de Clark University, Estados Unidos. Estudiante en práctica del Observatorio Ley Cambio Climático – (CR)2.

La pandemia de coronavirus ha reducido las emisiones de dióxido de carbono a nivel global como resultado de los confinamientos en las ciudades, las restricciones de viaje, y la disminución de la actividad económica. Según un estudio publicado en Nature Climate Change, las emisiones diarias globales de carbono se redujeron en 17% en comparación con 2019 y las de este año podrían caer hasta un 7%[1].

A pesar de esta baja temporal de emisiones, el mundo está todavía en una trayectoria peligrosa de aumento de temperatura. El programa de investigación Climate Action Tracker indica que una recuperación económica global significativamente dependiente de combustibles fósiles causaría más emisiones que las estimadas antes de la pandemia[2].

Afortunadamente, hay ciudades, países y uniones supranacionales, como la Unión Europea y la Unión Africana, que están dando pasos hacia una reactivación sostenible post COVID-19. Por ejemplo, ciudades como París, Atenas, Bogotá, Filadelfia, Denver, Berlín y Milán están incentivando el uso de la bicicleta como medio de transporte bajo en emisiones para evitar aglomeraciones en el transporte público y así reducir la posibilidad de contagios[3]. Milán ha construido y ampliado veredas, reducido límites de velocidad y designado calles específicas como prioritarias para peatones y ciclistas[4].

Algunos gobiernos nacionales y supranacionales también están poniendo la acción climática al centro de sus planes de recuperación. Corea del Sur, por ejemplo, pretende poner en marcha un “Nuevo Pacto Social Verde” (Green New Deal) que incluiría la implementación de un impuesto de carbono, el término de financiamiento a proyectos nacionales e internacionales de combustibles fósiles[5], y aumentar las inversiones en energías renovables junto al desarrollo de planes de reconversión para los trabajadores posiblemente afectados por la transición a una economía baja en carbono.

La Unión Europea planea asignar 30% de su fondo de recuperación (€750 mil millones) y de su presupuesto a siete años (casi €1.1 trillón) a la acción climática[6], además de generar “una ola de renovaciones” que implica el reacondicionamiento de edificios e infraestructura para hacerlos más modernos y sostenibles, y la instalación de un millón de estaciones de carga para vehículos eléctricos[7]. Adicionalmente, se aspira crear un millón de nuevos empleos verdes[8]. La Unión Africana busca que la expansión de las energías renovables sea una parte importante de su plan de recuperación[9]. Un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford encuestó a 231 funcionarios de ministerios de finanzas y bancos centrales y a otros expertos económicos para conocer sus opiniones sobre actividades de recuperación[10]. La encuesta arrojó cinco acciones consideradas como las más deseables con respecto al clima, la eficiencia y el impacto económico. Éstas incluyen infraestructura física verde, el reacondicionamiento de edificios para hacerlos más eficientes, e investigación y desarrollo verdes[11].

Muchos de los gobiernos que impulsan una recuperación resiliente al clima incluyen condiciones verdes en sus planes de apoyo a organizaciones y empresas. Así, por ejemplo, como parte de su nuevo programa de préstamos, The Large Employer Emergency Financing Facility (El Fondo de Financiamiento de Emergencia para Grandes Empleadores) del Gobierno Federal de Canadá ha solicitado a las empresas beneficiadas por el programa, la publicación de informes anuales sobre los riesgos y oportunidades que anticipan con respecto al clima[12].

Austria y Francia incluyen criterios de sostenibilidad en su financiamiento para la recuperación de Austrian Airlines y Air France-KLM, respectivamente[13]. El gobierno francés requiere a Air France que termine con sus vuelos cortos que compiten con rutas de tren (ya que los trenes emiten menos gases de efecto invernadero), y que reduzca sus emisiones por pasajero al año 2050 en 50% en relación con 2005[14]. Un enfoque que podría ayudar con la supervisión del progreso de estas acciones sería tener objetivos en intervalos de cinco y 10 años, como sugieren O’Callaghan y Hepburn (2020)[15],[16].

Los esfuerzos de diversos gobiernos para abordar el cambio climático, a varios niveles, ofrecen lecciones que pueden ser valiosas para otros países. El gobierno de Chile podría incluir condiciones verdes en su apoyo a las empresas afectadas por la pandemia. Estas condiciones podrían incluir requisitos para reducir emisiones, reportar regularmente riesgos y oportunidades relacionados con el clima (como lo ha hecho el gobierno canadiense), implementar medidas de adaptación, terminar sus inversiones en combustibles fósiles, y reducir los efectos socioambientales negativos de sus proyectos. Además, hay decisiones que el gobierno podría tomar para apoyar directamente iniciativas de energías renovables y sostenibilidad, por ejemplo, el reacondicionamiento de los edificios y la infraestructura para mejorar la eficiencia energética, y la creación de estaciones de carga para los vehículos eléctricos, logrando así reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir las emisiones de carbono.

El cambio climático influirá en la vulnerabilidad de las comunidades mundiales a los desastres. Cuando los países comiencen a reconstruir sus economías y sus ciudades después de esta pandemia, los gobiernos tendrán una oportunidad única de cambiar la trayectoria climática del mundo. Es crucial actuar ahora a fin de minimizar los riesgos futuros.

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Notas

[1] Chow, Denise. 2020. “Carbon Emissions Dropped 17 Percent Globally amid Coronavirus.” NBC News, May 19, 2020. https://nbcnews.to/3lmk7aK
[2] “Climate Action Tracker UPDATE April 2020: A Government Roadmap for Addressing the Climate and Post COVID-19 Economic Crises.” n.d. The Climate Action Tracker (CAT) (supported by Climate Analytics and NewClimate Institute). https://bit.ly/34vaUXu
[3] Irfan, Umair. 2020. “How South Korea, France, and Italy are Using the Covid-19 Response to Fight Climate Change.” Vox, June 8, 2020. https://bit.ly/34syvYS
[4] Laker, Laura. 2020. “Milan Announces Ambitious Scheme to Reduce Car Use after Lockdown.” The Guardian, April 21, 2020. https://bit.ly/2EzITDj
[5] Irfan, Umair. 2020. “How South Korea, France, and Italy are Using the Covid-19 Response to Fight Climate Change.” Vox, June 8, 2020. https://bit.ly/34syvYS
[6] The Economist. 2020. “The EU’s Leaders Have Agreed on a €750bn Covid-19 Recovery Package,” July 21, 2020. https://econ.st/3htb9Wx
[7] “Recovery Plan for Europe.” n.d. European Commission. Accessed June 29, 2020. https://bit.ly/2FY6uOH
[8] Ibid.
[9] “Climate Action Tracker UPDATE April 2020: A Government Roadmap for Addressing the Climate and Post COVID-19 Economic Crises.” n.d. The Climate Action Tracker (CAT) (supported by Climate Analytics and NewClimate Institute). https://bit.ly/34vaUXu
[10] Hepburn, Cameron, Brian O’Callaghan, Nicholas Stern, Joseph Stiglitz, and Dimitri Zenghelis. 2020. “Will COVID-19 Fiscal Recovery Packages Accelerate or Retard Progress on Climate Change?” Oxford Review of Economic Policy, Working Paper No. 20-02, 36 (S1): 1–48.
[11] Ibid.
[12] Forrest, Maura. 2020. “Ottawa Seizes Covid-19 Opportunity to Require Climate Risk Reporting.” Politico, May 29, 2020. https://politi.co/2Ep8A9O
[13] Irfan, Umair. 2020. “How South Korea, France, and Italy are Using the Covid-19 Response to Fight Climate Change.” Vox, June 8, 2020. https://bit.ly/34syvYS
[14] Ibid.
[15] Hepburn, Cameron, Brian O’Callaghan, Nicholas Stern, Joseph Stiglitz, and Dimitri Zenghelis. 2020. “Will COVID-19 Fiscal Recovery Packages Accelerate or Retard Progress on Climate Change?” Oxford Review of Economic Policy, Working Paper No. 20-02, 36 (S1): 1–48.
[16] O’Callaghan, Brian, and Cameron Hepburn. 2020. “Why Airline Bailouts Are so Unpopular with Economists.” The Conversation, May 6, 2020. https://bit.ly/32qz8PP

Los documentos fueron elaborados por Maisa Rojas, directora del (CR)2; Pilar Moraga y Laura Gallardo, investigadoras del (CR)2; y Andrea Rudnick, directora ejecutiva del Centro.

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La senadora Isabel Allende se refirió a la importancia de fortalecer la adaptación y el rol del Ministerio del Medio Ambiente, además de la necesidad de revisar la definición del principio de no regresión e incorporar a las comunidades indígenas en el proyecto. Por su parte, la senadora Ximena Órdenes propuso trabajar en indicaciones que permitan definir una ruta clara para alcanzar la meta de carbono neutralidad a 2050, vincular la Contribución Determinada Nacionalmente (NDC, por sus siglas en inglés) a las metas sectoriales y fortalecer la coordinación entre el nivel nacional y subnacional.

Al mismo tiempo, los senadores José Miguel Durana y Rafael Prohens comentaron la importancia de fortalecer el enfoque territorial, reconociendo las particularidades de cada región y la vulnerabilidad del país, con especial preocupación en las zonas extremas. El senador Sandoval destacó el compromiso de avanzar en este proyecto y en otros vinculados, como el de eficiencia energética.

El senador De Urresti, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, invitó a celebrar un protocolo de seguimiento para la elaboración de indicaciones, dado que es necesario tener un consenso financiero y administrativo para que las iniciativas o indicaciones no sean declaradas inadmisibles.

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