Columna de opinión de Maisa Rojas, investigadora del (CR)2, Académica del departamento de Geofísica U. Chile y parte del Directorio del Centro de Estudios Espacio Público. Publicada en El Mostrador.
En los últimos años, hemos visto una creciente irrupción del fenómeno del cambio climático en las diversas regiones del país. Además del incremento en las temperaturas, la zona centro-sur ha vivido una larga y extensa sequía desde el años 2010 -la denominada “mega-sequía”-, que en parte ha sido atribuida al cambio climático. Asimismo, durante los últimos años, han sucedido una serio eventos ambientales extremos en los que la variable meteorológica y climática ha sido un ingrediente: el aluvión de Atacama (2015), la marea roja de Chiloé (2016), los mega-incendios de la zona central y sur (2017) y el aluvión de Santa Lucía (2017).
Aunque para ninguno de estos eventos tenemos aún estudios de atribución al cambio climático, teóricamente sabemos que, en un contexto de calentamiento global, este tipo de eventos aumentarán en frecuencia, intensidad y duración. La emergencia de estos fenómenos – entendida como aparición y alerta-, nos muestra la premura de esta materia, pues estaremos más expuestos a mayores impactos sociales, ambientales y económicos.
Lo anterior invita e implica la necesidad de una mejor preparación del Estado para generar políticas de adaptación al cambio climático y, en una perspectiva de largo plazo, promover la reducción de riesgos de desastres socio-naturales y la construcción de una sociedad más resiliente.
En los últimos años, Chile ha transitado desde una tímida agenda estatal en la materia hacia la generación de pasos positivos en esta dirección. Hemos visto un acelerado crecimiento de las energías renovables no convencionales, entregando energía limpia y barata, aumentando nuestra independencia energética y al mismo tiempo permitiendo una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tal como nos exigen nuestros compromisos internacionales, como el Acuerdo de París. En este sentido, los mecanismos para enfrentar el cambio climático son diversos e implican la generación de múltiples sinergias y co-beneficios en términos ambientales y en la calidad de vida de las personas.
En síntesis, la transversalidad de los impactos del cambio climático y la noción de oportunidad para el desarrollo de Chile que significará abordarlo de manera temprana y efectiva, ha ido adquiriendo consenso y relevancia. Esto puede observarse, por ejemplo, en el hecho de que todas las candidaturas presidenciales del año pasado lo tomaron como un aspecto importante en sus programas, lo que llevó incluso a incorporar la inclusión de una Ley Marco de Cambio Climático en el programa del actual gobierno.
En este contexto, la idea que ha surgido de debilitar la capacidad de gestión de la estructura institucional interna del Ministerio de Medio Ambiente parecería al menos inconsistente. El riesgo de cambiar la actual División de Cambio Climático a una Oficina de Cambio Climático es alto. ¿Cuál sería el sentido de quitarle categoría, mandatos, funciones y presupuesto a una unidad que, incluso sin el desarrollo de una ley, tiene crecientes y cada vez más complejas tareas a su cargo? Nótese además que esta medida iría en contra del llamado a fortalecer la institucionalidad para enfrentar el cambio climático que ha sido recomendado por varios organismos internacionales y estudios, tales como la OCDE, el PNUD y el (CR)2, entre otros.
Los estudios científicos más recientes -que se verán reflejados en un nuevo informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) a publicarse a fines de este año- llegan a la conclusión de que es posible limitar el calentamiento por debajo de los 2 grados, tal como plantea el Acuerdo de París. Sin embargo, esto requiere infundir un sentido de urgencia al aumento de la ambición de los compromisos de la reducción de emisiones de gases efecto invernadero que los países han establecido como meta.
El consenso de los expertos en políticas ambientales es que una ley marco de cambio climático, permite darle al trabajo de un Estado continuidad, coherencia, legitimidad y efectividad, los cuales son atributos claramente deseables en cualquier política pública. Esperamos entonces una consistencia política mínima, otorgándoles a los encargados de los recursos necesarios para implementar dicha ley y, así, conseguir que Chile se prepare para este importante desafío.
