Asesoría Científica: Raúl O’Ryana y Cecilia Ibarrab / Edición: equipo Cápsula Climática
El COVID-19, así como otros desastres, está relacionado con el cambio climático. Sequías, inundaciones y pandemias pueden ser más frecuentes y con efectos severos para nuestras comunidades debido a este fenómeno. Los sectores más afectados suelen ser las poblaciones vulnerables, por lo que la seguridad frente a las crisis se relaciona con la equidad y la justicia social. Las organizaciones científicas han alertado de los efectos del cambio climático y también de la urgencia por tomar acciones para frenar el impacto de la humanidad en los cambios acelerados que se observan en la Tierra. Sus recomendaciones señalan que esta década es clave para contener este proceso.
Las consecuencias del COVID-19 en la salud de la población mundial han sido enormes, así como también sus efectos en la economía. A principios de septiembre, la Organización Mundial de la Salud contaba más de 25 millones de casos confirmados de COVID-19 y cerca de 850 mil fallecidos en todo el mundo[1]. Por su parte, el Banco Mundial pronostica la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, con una contracción del producto interno bruto (PIB) global de 5,2 % en 2020[2]. Las cifras para Latinoamérica, estimadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, son aún más preocupantes, con una baja de 9,1 % del PIB y de más de 10 % en el empleo[3]. Pese a esto, se observa una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero que se estima podrían ser un 7,5 % menores el 2020 debido a las restricciones por la pandemia. Sin embargo, al no deberse a cambios estructurales en los sistemas económicos, de transporte o energéticos, se espera que esta reducción sea solo temporal[4].
En este contexto, los países tendrán que reconstruir sus sistemas económicos después de la pandemia para retomar sendas de desarrollo. En procesos de este tipo, los Estados tienen un rol insustituible en direccionar la reactivación, y en hacer inversiones y gastos que generen empleo y aumenten la actividad económica en el corto plazo. Como se ha visto en el mundo, tras situaciones de guerra, crisis sanitarias o de catástrofes naturales (como los terremotos en Chile), el Estado ha tenido que “meterse la mano al bolsillo” y gastar para que el país pueda salir de la depresión económica. Este gasto lo hace endeudándose, lo que compromete a las generaciones futuras que deben hacerse cargo de la deuda. En crisis pasadas, las reactivaciones han resultado en impactos ambientales negativos y no se han dirigido a los problemas sociales estructurales ni a los más vulnerables. A diferencia de ello, una reactivación sostenible se haría cargo, a la vez, de mejorar las condiciones de las generaciones actuales, sin dejar una carga ambiental y social negativa para las generaciones futuras.
La pregunta que surge en este punto de toma de decisiones es: ¿cómo se deben utilizar los recursos para que tengan efectos de corto y largo plazo alineados con los objetivos estratégicos del Estado? La Universidad de Oxford realizó una encuesta a destacados expertos sobre las medidas más efectivas para la reactivación sostenible[5], las que parecen perfectamente aplicables al caso chileno. En esta se proponen cinco ámbitos de intervención: (a) invertir en infraestructura física “verde” o limpia, (b) reacondicionar los edificios existentes para aumentar su eficiencia, (c) invertir en educación y capacitación para superar el desempleo y desarrollar capacidades para la sostenibilidad, (d) invertir en soluciones basadas en la naturaleza y (e) aumentar la inversión en investigación y desarrollo para la transformación limpia[6].
El desafío fundamental al que Chile debe responder de manera urgente es la identificación de proyectos en estos ámbitos que satisfagan criterios de descarbonización, sostenibilidad y reducción de inequidades y pobreza[7]. Generar empleos de corto plazo es importante, pero no es suficiente para superar la crisis y tomar una senda de desarrollo sostenible, con justicia social, ambiental e intergeneracional.
a (CR)2, Universidad Adolfo Ibáñez
b (CR)2, Universidad de Chile
Notas
[1] https://covid19.who.int/ Página oficial de la OMS, consultada el 1 de septiembre de 2020.
[2] World Bank. 2020. Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1553-9. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
[3] CEPAL-OPS. Informe Covid-10, 30 de julio 2020. Salud y Economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en Latinoamérica y el Caribe. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45840/4/S2000462_es.pdf
[4] Le Quéré, C., Jackson, R.B., Jones, M.W. et al. Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement. Nat. Clim. Chang. 10, 647–653 (2020). https://doi.org/10.1038/s41558-020-0797-x
[5] Hepburn, C., O’Callaghan, B., Stern, N., Stiglitz, J., and Zenghelis, D. (2020), “Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?” Oxford Review of Economic Policy, Working Paper Nº 20-02, 36 (SI):1-48.
[6] Ibid
[7] Respecto de los criterios a considerar, el Banco Mundial, entre otros organismos, propone criterios de inversión de corto y largo plazo. Ver, por ejemplo, “Proposed sustainability check list for assessing economic recovery interventions. April 2020”. Disponible en: http://pubdocs.worldbank.org/en/223671586803837686/Sustainability-Checklist-for-Assessing-Economic-Recovery-Investments-April-2020.pdf
