Señor director:
En estos días se inauguró la COP28 en Dubái, ocasión en la cual se deberá presentar el primer balance mundial de la aplicación del Acuerdo de París, el cual permitirá determinar el avance colectivo alcanzado por los Estados partes, en el cumplimiento de su objetivo de largo plazo. Nos referimos en particular al propósito de no superar el aumento de la temperatura global del planeta en 1.5°C, respecto de la era preindustrial. Este balance incluirá los esfuerzos en mitigación y adaptación, así como aquellos desplegados por los países desarrollados en materia financiera y cooperación tecnológica, en apoyo a países en desarrollo y menos aventajados.
Las conclusiones obtenidas permitirán levantar las alertas, ahí donde sea necesario, para mejorar las medidas adoptadas y aumentar la ambición.
La agenda de negociaciones también contempla continuar con las discusiones relativas al mecanismo de pérdidas y daños provocados por los efectos del cambio climático en los países en desarrollo. Quién financia, cuánto financia, quién recibe el financiamiento y en qué condiciones, son algunas de las cuestiones a resolver en este ámbito. Sin embargo y pese a las polémicas que genera que un país petrolero presida las negociaciones de cambio climático, no es necesario esperar que estas finalicen para saber que en el caso de Chile deberemos seguir enfocados en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, definiendo y ejecutando las medidas de reducción de gases de efecto invernadero y de adaptación frente a los impactos provocados por el aumento de la temperatura global (sequía, incendios, aluviones, entre otros). En esta línea, hay que reconocer que la COP28 nos da una nueva oportunidad, a nivel nacional, de subrayar los desafíos del cambio climático en los medios y, con ello, refrescar la memoria a quienes lideran los sectores responsables de ejecutar dicha tarea (Hacienda, Economía, Obras Públicas, Energía, Transporte, Minería, entre otros), los gobiernos regionales y los municipios del país, respecto de la urgencia de contar con sus planes de mitigación y adaptación, a más tardar en junio de 2024 y junio de 2025, respectivamente. En efecto, uno de los grandes aportes de esta ley fue el de concebir el cambio climático como una tarea del Estado y de la sociedad toda, dejando atrás la idea de una cuestión sectorial de único resorte del Ministerio de Medio Ambiente.
Pilar Moraga
Subdirectora (CR)2
Directora del Centro de Derecho Ambiental U. de Chile
Leer en La Tercera
