Hace más de 30 años, al alero de la Convención de Río de 1992, los Estados reconocieron que el mejor modo de tratar el tema medioambiental es con la participación de todas y todos los ciudadanos interesados. En esa misma instancia internacional, se abrió a la firma la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático con el objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (o GEI) a un nivel que impidiera la interferencia humana “peligrosa” en el sistema climático.
Con el pasar de los años, la información científica sobre la afectación humana a las condiciones ambientales globales es cada vez mayor y las consecuencias se sienten en todas las regiones del mundo. Eso se evidencia en el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar y la exposición a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos que exponen a las personas a riesgos y amenazas, como el desplazamiento forzado, ante los cuales los Estados tienen el deber de actuar.
Chile no es ajeno a esta realidad, por las características del territorio, es altamente vulnerable al cambio climático y sus efectos se presentan en la cotidianidad de las personas, en referencia a ello, la encuesta de Datavoz encargada por la ONG FIMA, mostró que 71% de las personas consultadas respondieron que el cambio climático afecta sus vidas. De esta manera, hacer frente al cada vez más apremiante cambio climático entonces, como toda decisión ambiental, requiere de una ciudadanía informada y empoderada para participar y exigir la rendición de cuentas a los gobiernos respecto a las acciones que hacen o que dejan de realizar.
En el caso de Chile, se ha decidido conducir la respuesta a esta problemática a través de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), que fue promulgada en junio de 2022. Esta ley requiere para su plena implementación y vigencia de una serie de reglamentos y modificaciones reglamentarias los que, conforme al artículo tercero transitorio de la LMCC, debían dictarse dentro del primer año de entrada en vigencia, es decir hasta el 13 de junio de 2023.
En este contexto surge Acción Climática – Del Dicho al Hecho (DDAH) una propuesta que tiene como objetivo proporcionar información clara y comprensible sobre el estado de avance y cumplimiento de los objetivos por el Estado de Chile en el contexto de implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Este estudio reveló que todavía está pendiente el avance en un 35,9% de las normas que permitirán su implementación.
El análisis, impulsado por la Fundación Ciudadanía Inteligente, el Centro de Resiliencia del Clima (CR2) y la Fundación Friedrich Ebert en Chile, con la colaboración del Centro de Derecho Ambiental (CDA), “Nuestra América Verde” (NAVE) y la ONG FIMA, tiene por objeto entregar a la ciudadanía una herramienta con información clara y comprensible que posibilite a las personas participar y exigir acciones urgentes respecto del cambio climático.
Si bien se constatan avances queda trabajo por hacer para garantizar que la LMCC esté plenamente vigente y cumpla sus objetivos de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Ya que este retraso va en contra del sentido de urgencia que hoy plantea la emergencia climática.
El compromiso de la sociedad civil, los y las ciudadanas y las organizaciones, en fortalecer el acceso a la información y rendición de cuentas, es fundamental para mantener la presión y garantizar que las medidas necesarias se implementen a tiempo.
Por Josefina Correa, coordinadora de Incidencia de la Fundación Ciudadania Inteligente, y Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. | Leer en La Tercera
