Autoras: Pilar Moraga, Andrea Rudnick, Maisa Rojas, Anahí Urquiza y Laura Gallardo | Dirección editorial: Dominique Hervé y Pilar Moraga | Equipo editorial: Roxana Bórquez y José Barraza
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1. La emergencia climática
El aumento progresivo de la temperatura del planeta (cerca de 1 °C), generado por la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, está ocasionando el retroceso de las capas polares de la criósfera, el alza del nivel del mar, cambios en las precipitaciones, mayor frecuencia de eventos extremos (como olas de calor y sequías) y la propagación de vectores de infecciones, entre otros (IPCC, 2018). Esto nos ha llevado a enfrentar impactos y riesgos que afectan a las personas, la biodiversidad y modos de vida
La presente década (2020-2030) será decisiva para evitar un punto de no retorno y poder mantener las condiciones de habitabilidad en el planeta para las generaciones presentes y futuras, para lo cual es necesario limitar el calentamiento global en 1,5 °C respecto al periodo preindustrial. Esto lo lograremos si hoy definimos e implementamos acciones destinadas a alcanzar la carbono neutralidad, al menos, en el año 2050 y bases para construir modelos de sociedades equitativas y resilientes frente a los impactos y riesgos producidos a escala nacional y local por este fenómeno global. El transporte, la producción de alimentos, la generación de electricidad, la construcción de calles, puentes y obras públicas, deberán transformar sus procesos a través de la incorporación de cambios tecnológicos compatibles con los escenarios climáticos futuros.
Considerando esto, el debate sobre los contenidos de una nueva constitución se realizará en el contexto de una era marcada por el impacto de la actividad humana sobre el planeta como consecuencia de los altos niveles de consumo, el aumento de la población mundial y el uso intensivo de combustibles fósiles (Gallardo, 2019).
2. Chile y el cambio climático
Nuestro país es altamente vulnerable frente al cambio climático, ya que se pronostica: (a) una disminución significativa de la disponibilidad hídrica y la profundización de la sequía por la disminución de precipitaciones, especialmente en la zona centro sur, desde la región de Coquimbo a la de Los Lagos (Garreaud et al., 2017), (b) olas de calor, principalmente en las ciudades del valle central en la zona centro del país, las que pueden tener consecuencias en la salud además de propiciar la generación de incendios (González et al., 2020) y (d) el aumento de las floraciones de algas nocivas en los océanos (Bindoff et al., 2019, Dupar and Pacha, 2019).
Estas consecuencias del cambio climático pueden afectar la seguridad individual y colectiva, la vida de las personas más vulnerables, la salud, la calidad de vida de la población en general (IPCC, 2018), poner en riesgo los bienes materiales, la infraestructura, los servicios y el desarrollo de actividades agrícolas e industriales (Hoegh-Guldberg et al., 2018). En el caso de la agricultura, por ejemplo, la evidencia muestra que se verán afectadas la productividad y la estacionalidad de los cultivos, lo cual traerá cambios en las economías campesinas y fragilizará la seguridad hídrica de la población y de los ecosistemas (Ministerio del Medio Ambiente, 2013). A su vez, existen proyecciones sobre los impactos de la falta de precipitaciones en el sector minero y la generación hidroeléctrica (Pica-Téllez et al., 2020). Por su parte, las floraciones de algas nocivas, cuya recurrencia ha aumentado en las últimas décadas, tendrían efectos en la producción pesquera y acuícola, y en la pesca artesanal (Dupar and Pacha, 2019).
3. Compromisos asumidos por Chile al 2050
Chile es parte del Acuerdo de París, que propone “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”, así como “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y situar los flujos financieros en un nivel compatible” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017).
En el contexto de este Acuerdo, en el año 2020 se presentó la Contribución Determinada a Nivel Nacional, que propuso una meta en materia de reducción de emisiones de GEI y compromisos de adaptación (seguridad hídrica, inventarios de turberas, planes estratégicos de recursos hídricos, creación de áreas marinas protegidas, entre otros), así como la integración de ambos ámbitos con el objeto de evitar contradicciones, incluyendo un innovador pilar social de transición justa y desarrollo sostenible con enfoque de género. En este documento se destaca también el aumento de la ambición en mitigación al comprometer que, desde el 2025, se comenzarán a disminuir las emisiones de dióxido de carbono y que al año 2030 se reducirá el carbono negro[1] en, al menos, un 25 %. Esto se logrará a través de la implementación de las acciones definidas en los Planes Sectoriales (energía, transporte, obras públicas, etc.) destinadas a cumplir con las metas establecidas por cada sector en la Estrategia Climática de Largo Plazo.
En miras a implementar tales compromisos internacionales se está discutiendo en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, mientras que la Estrategia Climática de Largo Plazo se encuentra en proceso de consulta pública.
4. Los desafíos de redacción de una nueva Constitución frente a la emergencia climática
Frente al actual fenómeno global, el Estado debería considerar en sus bases la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con un modelo bajo en emisiones de GEI y también resguardar los derechos eventualmente amenazados por el aumento de la temperatura. De lo contrario, se podría impedir u obstaculizar la realización de los objetivos de carbono neutralidad y de adaptación. Estos objetivos deberían establecerse en el nuevo texto constitucional, pues, desde la Constitución de 1980 hasta ahora, el Estado ha tenido un rol subsidiario en la gestión de los ecosistemas y elementos de la naturaleza (aire, agua, suelo, fuego), siendo los privados los encargados de asumir una parte importante de las funciones públicas en este ámbito y bajo un prisma de intereses individuales que, muchas veces, no es compatible con los desafíos actuales que exigen un enfoque de equidad intergeneracional.
En este sentido, un primer paso es reconocer y definir al Estado de Chile como vulnerable frente a los efectos del cambio climático y su deber de adoptar las medidas necesarias para avanzar con urgencia hacia la construcción de una sociedad resiliente y baja en emisiones de gases de efecto invernadero.
5. Desafíos para las políticas públicas frente a la emergencia climática
La actual situación de emergencia climática exige que, además de este reconocimiento, existan instrumentos de política pública y de orden regulatorio que permitan la ejecución de acciones concretas por parte de los órganos del Estado y los demás actores de la sociedad, como los que se identifican a continuación:
- Dictación de la Ley Marco de Cambio Climático que permita dar un sustento legal al marco institucional del cambio climático, estableciendo responsabilidades claras para los sectores, los gobiernos regionales y locales en un contexto que integre a los diversos actores en la toma de decisiones, así como a los instrumentos de gestión del cambio climático y ambiental.
- Contar con una Estrategia Climática de Largo Plazo que permita establecer las metas sectoriales en materia de reducción de GEI (mitigación) y medidas que permitan una adaptación de las personas y los ecosistemas frente a los impactos del cambio climático.
- Elaboración de reformas regulatorias dentro de los plazos necesarios para ejecutar las medidas sectoriales que permitan cumplir con las metas establecidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo.
- Aumentar la evidencia científica e incorporarla a la toma de decisiones de manera de poder conocer mejor las amenazas y vulnerabilidades nacionales, regionales y locales, con el objeto de considerarlas en la toma de decisiones de los actores y así fortalecer la resiliencia y la gobernanza climática.
[1] El carbono negro es un contaminante y un agente de cambio climático derivado de la quema incompleta de combustibles como diésel y leña. Se encuentra en el material particulado que podemos respirar, por lo que tiene efectos sobre la salud de las personas. Mayor información en: Cápsula climática: ¿Por qué debemos preocuparnos del carbono negro u hollín? y Antecedentes para la meta de carbono negro de Chile ante el Acuerdo de París
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Referencias
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