Anahí Urquiza, Académica Departamento de Trabajo Social y de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Investigadora Asociada del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Coordinadora Red de Pobreza Energética.
Marco Billi, Asistente de Investigación, Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. PhD(c) Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas, Universidad Adolfo Ibáñez. Investigador Red de Pobreza Energética.
La profunda crisis sociopolítica que está viviendo nuestro país ha dejado en evidencia no solo un generalizado malestar social relacionado con el costo de la vida, injusticias y desigualdades en múltiples ámbitos, sino también problemas estructurales inscritos en el modelo de desarrollo adoptado por Chile desde la dictadura y una profunda desconfianza de la población hacia las principales instituciones del país.
Considerando la envergadura de la crisis y la gran cantidad de temas que se pusieron sobre la mesa, no es de asombrar que otras problemáticas, que antes estaban al centro de la atención pública, se hallen ahora en segundo plano. Ejemplo importante de ello es la actualización de los compromisos de Chile para hacer frente al cambio climático (NDC), o que ya no se realizará en el país la próxima Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP25). Faltando menos de un mes para dicho evento, no eran pocas las voces, tanto a nivel nacional como internacional, que llamaban a suspender la conferencia en vista de los acontecimientos. Otras voces han propuesto suspender toda colaboración del mundo científico con el actual gobierno hasta que no se normalice la situación. Frente a esto, la presente reflexión busca resaltar la importancia de no postergar ni disociar la lucha contra el cambio climático de las causas y soluciones a la presente crisis. Por el contrario, es necesario abordarlas en conjunto, de lo contrario podemos ver profundizadas las condiciones de la crisis.
Existe evidencia creciente respecto de que, si no hacemos las transformaciones estructurales que se necesitan, el fenómeno contribuye a generar o radicalizar crisis sociales y que esto se profundizará en el futuro. Investigaciones realizadas durante la última década demuestran que desviaciones de los patrones de temperatura y precipitación “normales” para cierto contexto geográfico se asocian sistemáticamente con incrementos en la propensión a violencia interpersonal, criminalidad y diversas formas de inestabilidad política, crisis institucional y conflicto, relacionadas con la explosión de protestas e incluso guerras civiles, violencia étnica y focos bélicos entre países (M. Burke, Hsiang, and Miguel 2014; Werrell and Femia 2013; Gleick 2014; Hsiang and Burke 2014; M. B. Burke et al. 2009; O’Loughlin et al. 2012; Hsiang, Burke, and Miguel 2013). Estos efectos pueden relacionarse con la inseguridad alimentaria, escasez hídrica, el acontecimiento de desastres, aumentos de precios o, incluso, medidas puestas en prácticas para responder a impactos del cambio climático (Steinbruner, Stern, and Husbands 2013, chap. 4; von Uexkull et al. 2016). Por supuesto, la relación entre conflicto social y clima es compleja, y todavía hay que hacer mucho trabajo para delimitar los procesos que vinculan distintos tipos de amenazas climáticas con diferentes fenómenos de violencia, inestabilidad y crisis socio-política (Salehyan 2014; Brzoska and Fröhlich 2016; Buhaug 2015). Algo que la literatura deja en claro, sin embargo, es que estos riesgos son mucho menores en países que cuentan con capacidades institucionales y sociales que permiten responder y adaptarse a estas amenazas (Steinbruner, Stern, and Husbands 2013).
El 5º Informe de Avance del IPCC recoge estas preocupaciones como parte de su capítulo 12 (titulado justamente “Human Security”). Ahí se da cuenta de la numerosa evidencia que relaciona el cambio climático con distintas dimensiones de la seguridad humana, desde la capacidad de mantener los propios modos de vida a tensiones de carácter cultural, migraciones y situaciones de conflicto social. Si bien se reconoce la complejidad y multi-escalaridad de estos fenómenos, también se afirma la importancia de reconocer las interdependencias entre estos distintos procesos, y que el cambio climático representa uno de los factores más importantes de inseguridad humana en el futuro.
Estos riesgos se verán potenciados al combinarse con condiciones locales de pobreza y desigualdad, pero podrían ser controlados por medio de inversiones adecuadas en capacidades institucionales de respuesta y adaptación, lo que implica transformaciones estructurales que permitan fortalecer el tejido social, la preparación de la población y las condiciones de gobernanza. Por el contrario, la adopción de políticas inadecuadas podría acelerar o incluso amplificar la inseguridad y el conflicto (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 2014, chap. 12). A conclusiones similares llega un estudio comisionado de forma independiente por el G7 que, con el llamativo título de “A New Climate for Peace”, indica la necesidad de avanzar en construir resiliencia frente a las posibles amenazas asociadas al cambio climático, incluyendo, a lo menos, la provisión de diagnósticos robustos de riesgos climáticos, la promoción de la seguridad alimentaria, la reducción del riesgo de desastres, la gestión de las disputas alrededor de los recursos hídricos, y la construcción de resiliencia local (Rüttinger et al. 2015). En consecuencia, es fundamental comprender el cambio climático como un riesgo complejo y multidimensional, donde la seguridad y la estabilidad política están en el centro del problema. El cambio climático es un “multiplicador de amenaza” que empeora presiones sociales, económicas y ambientales, conduce a protesta social y desencadena conflictos violentos. Si fracasamos en reducir las emisiones de gases efecto invernadero y construir capacidad de manejar los impactos del fenómeno, enfrentaremos en el largo plazo más tensiones, más inestabilidad, más crisis. El mundo se hará menos estable y menos seguro (CMNUCC 2017a, 2017b).
Por otra parte, el cambio climático no solo representa un probable factor de riesgo en acelerar, potenciar, amplificar y multiplicar las situaciones de inseguridad, conflicto, violencia y crisis política en el futuro, sino que las medidas dirigidas a hacerse cargo del primero pueden además generar condiciones de inestabilidad (no olvidar crisis de chalecos amarillos en Francia, conflicto actual en Ecuador, y otros relacionados con los costos del transporte y el uso de energía).
En este sentido, cabe recordar que la resiliencia no se define en función de una amenaza particular, sino que, más bien, debe entenderse como una propiedad sistémica, la capacidad de un sistema (social, político y económico) de absorber y adaptarse a los disturbios de su entorno, preservando su función, estructura e identidad (Holling 2001; Folke 2016; Adger et al. 2011; Gunderson and Folke 2005). Por lo tanto, en lugar de diseñar fragmentariamente medidas de adaptación al clima, a desastres, a crisis económica, política y así sucesivamente, la tarea es promover un Chile más resiliente en términos integrales, tanto frente a las amenazas asociadas con el cambio climático como con crisis de distinta naturaleza, incluida la que se vive hoy. Esto, sin duda, nos obliga a revisar las condiciones estructurales que establecen las condiciones de gobernabilidad, la relación con los recursos comunes cada vez más escasos y las estructuras de desigualdad que subyacen a la vida en los diferentes asentamientos, urbanos y rurales.
Finalmente, no debemos olvidar la urgencia asociada con la actualización de los compromisos internacionales en cambio climático (NDC). El informe especial del Panel Intergubernamental de Expertos contra el Cambio Climático sobre los impactos de un Calentamiento Global de 1,5 °C deja bien en claro la necesidad de llegar rápidamente a nuevos acuerdos que, por un lado, hagan más estrictos los compromisos de los países en términos de mitigación y, por otro, avancen en la adaptación frente a las consecuencias cada vez menos evitables del fenómeno, sobre todo en la población más vulnerable (IPCC 2018). La posición de Chile en la vigésimo quinta Conferencia de las Partes es una oportunidad única para poder incidir en el debate internacional en la materia, visibilizando la urgencia de enfrentar los desafíos del cambio climático, considerando las condiciones de desigualdad y su relación con la crisis climática.
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REFERENCIAS
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