El análisis impulsado por Fundación Ciudadanía Inteligente y el Centro de Resiliencia del Clima (CR2) aseguró que falta la dictación de normas relacionadas a planificación, reducción de gases de efecto invernadero (GEI), institucionalidad, sistema de información, participación y modificaciones a la gestión ambiental.
Producto de la emergencia global provocada por el cambio climático es que las autoridades de Chile dictaron la Ley Marco de Cambio Climático que estableció un conjunto de reglamentos que debían ser promulgados en junio de 2023.
El análisis, impulsado por la Fundación Ciudadanía Inteligente, el Centro de Resiliencia del Clima (CR2) y la Fundación Friedrich Ebert en Chile, con la colaboración del Centro de Derecho Ambiental (CDA), “Nuestra América Verde” (NAVE) y la ONG FIMA, revisó el avance de estas normas revelando que a más de un año de la publicación de la ley queda todavía por dictar un 35,9% de los reglamentos que permitirán su implementación.
“Este retraso sin duda es relevante para la ciudadanía que percibe el impacto de la crisis climática diariamente. Cabe mencionar que según datos proporcionados por el Banco Europeo de Inversiones, un 88% de los chilenos encuestados ha sentido los efectos de la crisis climática en su vida cotidiana. Que hoy tengamos un retraso de este nivel en la implementación va en contra del sentido de urgencia que hoy plantea la emergencia climática”, indicaron desde la alianza.
Lo que falta implementar
El análisis midió seis áreas que requieren de la dictación de normas: planificación, reducción de gases de efecto invernadero (GEI), institucionalidad, sistema de información, participación y modificaciones a la gestión ambiental.
De esta manera, según el informe, se evidencia que se ha avanzado un 60% en las normas relacionadas con los gases de efecto invernadero (GEI), un 62% en el avance de las normas relacionadas con la institucionalidad para el cambio climático y un 50% en las normas sobre participación.
Sobre este último punto desde las organizaciones fueron tajantes, “las personas tienen derecho a participar y exigir a los gobiernos actuar ante los efectos del cambio climático. Desde Ciudadanía Inteligente creemos que para participar es necesaria la información cercana, clara y comprensible tal como se reconoce en el Acuerdo de Escazú, por eso impulsamos Acción Climática, invitando a la ciudadanía a hacerse parte y a exigir el avance de los gobiernos”, comenta Josefina Correa, coordinadora de incidencia de FCI.
Por su parte, Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y directora del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, indicó que “la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático es compleja en razón de su carácter transversal y el número de órganos del Estado involucrados en esta tarea. Pese a ello, estos números nos muestran que se está avanzando de manera decidida y sin vuelta atrás“.
Si bien estos avances son alentadores, de acuerdo con las organizaciones queda trabajo por hacer para garantizar que la LMCC esté plenamente vigente y cumpla sus objetivos de mitigación y adaptación frente al cambio climático. El compromiso de la sociedad civil, los y las ciudadanas y las organizaciones, por ello es fundamental para mantener la presión y garantizar que las medidas necesarias se implementen a tiempo. | Leer en CNN Chile.
