“El cambio climático presionará los sistemas económicos, sociales y políticos del mundo. Allí donde las instituciones y los gobiernos sean incapaces de manejar la presión o mitigar las conmociones de un clima cambiante, aumentará el riesgo a la estabilidad de los Estados y las sociedades”. Con estas palabras comienza el informe «Un Nuevo Clima por la Paz», reporte independiente comisionado por los integrantes del G7 y lanzado en junio de 2015 en Nueva York.
La relación entre el cambio climático y la seguridad interior fue uno de los temas analizados a finales de octubre por la Dra. Pilar Moraga Sariego (subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2) en las «X Jornadas Iberoamericanas: Iberoamérica. Visiones y desafíos en un mundo globalizado», organizadas por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado en Madrid, con la finalidad de “aportar elementos que ayuden a conocer, comprender y afrontar mejor algunos de los desafíos y amenazas que constituyen graves riesgos para el desarrollo y el bienestar de los países y, sobre todo, de las futuras generaciones”.
Los desafíos del cambio climático luego del Acuerdo de París
Sin duda alguna el Acuerdo de París ha marcado un antes y un después en el marco legal internacional del cambio climático. Según establece su artículo 2°, éste “tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible” y para ello busca “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”. Sumado a este objetivo, en palabras de la profesora Moraga, la publicación del «Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5°C» en 2018 trae la consecuencia o exigencia de acercarnos al 2050 hacia la carbono-neutralidad y ello implica una transformación profunda de nuestros modelos de desarrollo.
En su presentación, la académica de la Universidad de Chile se refirió a la contribución de los países de América Latina y El Caribe a la reducción de los gases de efecto invernadero, a las características de vulnerabilidad del continente y a las características propias y la desigualdad de los países en desarrollo que lo conforman.
Sobre las respuestas del continente frente a los desafíos globales que plantea el cambio climático, la profesora manifestó que ésta viene dada por las contribuciones determinadas a nivel nacional (ya que “si bien, el Acuerdo de París fija los grandes objetivos, los compromisos y las obligaciones concretas, las fija cada país a través de estas NDC”) y por la proliferación de marcos legales específicos (contando en el caso chileno con un Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático) y políticas públicas. En esta línea recalcó que no basta que exista una meta, ya que detrás de ella hay definiciones políticas que hacen los Estados a nivel nacional, y ellas pueden traer consecuencias para la seguridad nacional.
Relación entre seguridad y cambio climático
Sobre la relación entre estos conceptos, la investigadora del Centro de Derecho Ambiental explicó que los efectos e impactos del cambio climático (como la desaparición de lagunas, trombas marinas, incendios producto de olas de calor y derretimiento de glaciares) generan estrés en la población, pero que la evidencia científica nos puede otorgar conocimientos para adelantarnos, tomar medidas y enfrentar de mejor manera estos impactos.
En este sentido, como se indica en el libro «Climate and Social Stress: Implications for Security Analysis» (2013) del National Research Council of the National Academies, se pude esperar razonablemente que el cambio climático antropogénico incremente la frecuencia e intensidad de eventos ambientales disruptivos.
Además de lo anterior, la profesora de la Universidad de Chile comentó que hay condiciones preexistentes a los impactos del cambio climático que generan un escenario propicio para empeorar sus efectos, como la existencia de conflictos sociales, altos niveles de pobreza y la desigualdad.
Respecto al vínculo de los efectos de las políticas públicas en los últimos estallidos sociales alrededor del mundo, se refirió a los casos de Francia (por el aumento del precio del combustible), Ecuador (por la eliminación de los subsidios a los combustibles) y Chile (producto, entre otras razones, por el aumento de la tarifa del metro). De acuerdo con la profesora, en los tres casos existe una vinculación de la adopción de políticas públicas con temas de energía y transporte, y en los casos de Francia y Ecuador, “son políticas que van completamente alineadas con los objetivos de carbono-neutralidad para el 2050; o sea, debemos eliminar los combustibles fósiles, sin embargo, al lado de eso, la adopción de estas políticas puede provocar efectos sociales de gran envergadura”, y la administración del Estado no ha estado preparada.
Sobre la situación nacional, asegura que a diferencia de los casos de Francia y Ecuador “el caso de Chile muestra la incoherencia entre las metas de carbono-neutralidad y la política tarifaria del metro de Santiago. En efecto, siendo el uso del transporte público una piedra angular del desarrollo sustentable de las ciudades que albergan el 80% de la población latinoamericana, es necesario no sólo su mejoramiento, sino que también generar incentivos para su uso. Sin embargo, la regulación de tarifas no contempla en la actualidad ese aspecto y, por el contrario, mantiene subsidio a los combustibles fósiles”.
Consideración del cambio climático en el concepto de seguridad nacional y el caso de Chile
En el caso chileno, el 18 de octubre de 2019 el Presidente de la República decretó un primer estado de excepción constitucional de emergencia (artículos 39, 42 y 43 de la Constitución Política de la República y artículos 4° y 5° de la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción) que, en el caso de la Región Metropolitana, por 9 días restringió las libertades de locomoción y de reunión, quedando la situación a cargo de un Jefe de la Defensa Nacional.
De acuerdo con las bases de la institucionalidad de la Constitución, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional. Sin embargo, como indicó la profesora, el concepto de seguridad interior está muy vinculado a la delincuencia, a la violencia y al orden público, de modo que “todavía comprendemos la seguridad interior del Estado muy vinculada a estas temáticas y no a lo que son los impactos del cambio climático”. Así comentó que en nuestro país, el concepto de seguridad interior, al menos en lo que es el marco legal, es aún un concepto inadaptado a la problemática del cambio climático.
A pesar de la ausencia de los impactos del cambio climático y las políticas públicas en los marcos legales internos de seguridad, la profesora Moraga recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido ciertos parámetros y criterios para poder ir acercando el concepto de seguridad a los elementos del cambio climático, precisando cinco “canales por los que el cambio climático podría afectar a la seguridad a través de impactos concretos o eventuales que aumentan el nivel de riesgo de un país”: la vulnerabilidad, el desarrollo, los mecanismos de respuesta y seguridad, los apátridas y el conflicto internacional, cuyo detalle se ha recogido en el Estudio «Contenidos mínimos y lineamientos metodológicos para la evaluación económica y social de una ley de cambio climático para Chile». Sobre esto comentó críticamente que “todavía el cambio climático se observa como un problema ambiental y por eso es que se aloja siempre en los Ministerios del Medio Ambiente únicamente, siendo que es un problema transversal, de desarrollo, económico, social”.
Frente a la actual crisis climática sostuvo que los niveles de riesgo y exposición son cada vez más importantes, “y, por lo mismo, es posible considerar que nos encontramos frente a una emergencia climática que requiere un tratamiento de otro orden”.
Reflexiones finales
La exposición de la subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile terminó con las siguientes reflexiones:
- ¿Quién asumirá la transición de las economías de los países en desarrollo hacia la carbono-neutralidad? Esta es una definición que hay que tomar en torno a todas las problemáticas sociales que hemos vivido en los últimos tiempos, aseguró.
- ¿Cómo protegeremos a las poblaciones más vulnerables en el contexto de una justicia climática, respecto de los efectos climáticos y de las políticas públicas? Es necesario buscar un equilibrio entre los tres pilares del desarrollo sustentable: social, económico y ambiental.
- ¿Cómo incorporar en el diseño de las nuevas políticas públicas compatibles con el cambio climático y mayor bienestar para la sociedad? (ej. fomento del transporte público).
- ¿Cuándo incorporaremos la temática del cambio climático en el concepto de seguridad nacional?, en particular, en materia de impactos climáticos que exponen a la población (olas de calor, sequía, aumento del nivel del mar, entre otros) y de impactos de las políticas públicas adoptadas en este ámbito (eliminación de subsidios, aumento del precio de los combustibles fósiles, forestación en tierras de pequeños propietarios y poblaciones vulnerables, entre otros).
- ¿No parece necesario pensar en un nuevo pacto social que incorpore el principio de justicia social, económica, ambiental y climática en la más alta jerarquía normativa?
La presentación de la Dra. Pilar Moraga se desarrolló en el marco de la Mesa Redonda «El cambio climático, una asignatura pendiente en la seguridad», moderada por el diplomático Jorge Cabezas Fontanilla (Experto en Iberoamérica) y en que también participaron la Dra. Janeth Vargas (Consultora Senior en Cordillera Applications Group) y el Dr. Gonzalo Escribano (Investigador principal del Real Instituto Elcano y Profesor de la UNED).
Puede revisar el vídeo de esta sección de las «X Jornadas Iberoamericanas».
Por Claudio F. Osses Garrido (ayudante) y Guadalupe Jiménez Blasco (asistente de investigación), Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.
Para saber más:
Lee la Crónica de la jornada a cargo del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (Madrid)
Lee este artículo de BioScience del pasado 5 de noviembre, en el que científicos mundiales alertan sobre la emergencia climática
Fuente de la imagen: IUGM
