Por Nicole Tondreau Lira
*Entrevista realizada a Pilar Moraga por la Embajada de Francia en Chile, la Cooperación Regional Francesa para América del Sur y el Instituto Francés de Chile en el marco del aniversario del Acuerdo de París.
Este 12 de diciembre se celebró el quinto aniversario del Acuerdo de París alcanzado en la Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde los países de comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C y promover los esfuerzos para limitarla a 1,5°C.
Cinco años después de este acuerdo histórico y con Chile ejerciendo la presidencia de la COP25, el país se enfrenta a un momento decisivo para la gobernanza del cambio climático, marcado por la discusión en el Senado de la República de las indicaciones al proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, la necesidad de una reactivación económica sostenible post pandemia de Covid-19 y el inicio del proceso constituyente tras el estallido social de octubre de 2019.
Pilar Moraga, investigadora principal de la línea Gobernanza e Interfaz Ciencia-Política del (CR)2 y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, piensa que el Acuerdo de París ha sido un factor clave para la implementación de una legislación climática a nivel nacional. “Creo que uno de los efectos del Acuerdo es la propuesta de un marco legal para el cambio climático en Chile. De hecho, la ley se ajusta al Acuerdo de París, es decir, asume una meta coherente con la estabilización de la temperatura planetaria en 2°C, pero además propone el tránsito a una economía baja en carbono al año 2050 en concordancia con lo establecido por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)”, comenta Moraga.
Para avanzar hacia un desarrollo sostenible, la ley de cambio climático adopta los instrumentos que se definen en el Acuerdo de París, como la Estrategia Climática de Largo Plazo y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). “La NDC es el instrumento que permite establecer la trayectoria hacia la carbono neutralidad de manera temprana (al 2030) asegurando el cumplimiento de las metas de la estrategia de largo plazo”, remarca la académica.
Respecto a cómo se incluirá al medio ambiente y al cambio climático en el debate constitucional, Moraga destaca que el proceso chileno es una experiencia única, ya que se realizará no tan solo después del Acuerdo de París sino que también en un contexto de pandemia de Covid-19. “Esas dos características nos tendrían que hacer pensar en una reflexión de una sociedad muy distinta, que ha estado golpeada por situaciones extremas producto de un estallido social que da cuenta del sentimiento de desigualdad en la población y que se exacerba con la pandemia y, en paralelo, con una preocupación medioambiental que ha quedado aparentemente relegada por la economía”, indica la abogada, quien ve en la discusión constitucional “una oportunidad para que las personas comunes puedan establecer las prioridades, pues finalmente quienes dicen que lo ambiental tiene que quedar en segundo plano en una situación de reactivación económica son clases las dirigentes y políticas”.
Ver la entrevista completa a Pilar Moraga realizada por la Embajada de Francia en Chile, la Cooperación Regional Francesa para América del Sur y el Instituto Francés de Chile, en https://youtu.be/oSrtVR-6lMw
