El pasado 13 de Marzo de 2020, tuvo lugar la Primera Conferencia sobre Evidencia Científica y Políticas Públicas en América Latina y el Caribe, organizada conjuntamente entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, el IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), el Comité Científico Asesor de Cambio Climático de Chile y Fundación MERI, perteneciente a Filantropía Cortés Solari, Unión Europea-CEPAL.
En el marco de la conferencia, la Dra. Pilar Moraga, profesora asociada del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile e investigadora principal de la línea de gobernanza e interfaz ciencia-política del (CR)2, abordó las perspectivas para una gobernanza del cambio climático en el siglo XXI.
«Para hablar de gobernanza del cambio climático en el contexto del siglo XXI es necesario tomar en cuenta los desafíos de los fenómenos naturales (falta de precipitaciones, aluviones, olas de calor, entre otros), pero también sociales (demandas de mayor justicia social y ambiental), en miras a alcanzar el objetivo de carbono neutralidad al 2050», declaró la Dra. Moraga.
«La definición de la gobernanza del cambio climático debe ser capaz de responder al menos a tres preguntas: qué decisiones tomamos (eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, tarifas del transporte público, incentivos a energías renovables); cómo las tomamos (a través de cabildos permanentes, consultas públicas, plebiscitos); y quién las toma (poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, municipios, comunidades, individuos)», precisó.
Respecto a la discusión que se plantea en Chile sobre el contenido de la Constitución, la profesora Moraga señaló que ésta «abre la posibilidad de tomar definiciones importantes para la gobernanza del cambio climático en el más alto nivel de la jerarquía normativa». Lo anterior se refiere a la organización del Estado (centralizado o descentralizado, plurinacional); la organización del territorio (usos, prohibiciones); los derechos y deberes (derecho a un ambiente sano, derecho al agua, derechos de la naturaleza, derecho a un clima estable); y los principios (equidad, solidaridad, intereses de las generaciones futuras).
Finalmente, la académica de la Universidad de Chile señaló que este enfoque debiera incorporarse en la estructura de acción del Estado y de diversos actores, como en los años 80 lo hizo el orden público económico que hasta el día de hoy determina el quehacer nacional de manera transversal (en materia de educación, salud, agua, minería, inversiones, entre otros). «Ese eje debiera ser hoy el cambio climático», concluyó.
Acceda a la presentación de la Dra. Moraga AQUí
Fuente de la imagen: Fundación MERI.
